La Asociación de Damnificados por la DANA de l’Horta Sud ha anunciado que presentará un recurso de apelación contra el auto de la jueza de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia). Esta resolución, emitida el pasado lunes, limita la investigación a homicidios imprudentes y lesiones imprudentes, excluyendo otros posibles delitos como daños por imprudencia grave, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro.
Una decisión que deja fuera a muchos afectados
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, la investigación abarca actualmente 80 fallecidos y un desaparecido, además de las lesiones imprudentes. En caso de sumarse nuevas inhibiciones, la cifra total ascendería a 224 fallecidos y 3 desaparecidos.
Sin embargo, la Asociación de Damnificados considera que la instrucción debería incluir otros delitos. Su presidente, Christian Lesaec, ha expresado su desacuerdo con la limitación del caso, argumentando que muchas personas afectadas quedan fuera del proceso judicial.
«Un delito es un delito y se ha de investigar», subraya Lesaec.
Además, critica que la decisión judicial se conociera públicamente antes de recibir la notificación oficial.
Recurso de apelación para ampliar la investigación
Desde la Asociación insisten en que la jueza debe considerar todas las consecuencias de la DANA, incluyendo el impacto sobre aquellos que quedaron atrapados en carreteras o viviendas, familias separadas o negocios destruidos.
Por ello, la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud–Valencia presentará un recurso de apelación para que la jueza reconsidere su decisión y permita que todas las víctimas puedan obtener justicia.
Apoyo a las víctimas y lucha por un cambio estructural
La asociación también se enfocará en proporcionar apoyo psicológico y emocional a los afectados, así como en impulsar cambios estructurales para evitar futuras tragedias. Según Empar Puchades, vecina de Castellar, su objetivo es «hacer las cosas bien» para llevar la lucha lo más lejos posible.
Asimismo, advierten sobre los peligros del negacionismo del cambio climático, que impide adoptar políticas de prevención efectivas. En este sentido, Merche Alabau ha señalado que no buscan una simple reconstrucción, sino que se implementen medidas reales para evitar que vuelva a ocurrir.
Solicitan una reunión con Carlos Mazón
Desde la asociación han adelantado que no esperarán a que la Generalitat les convoque, sino que solicitarán una reunión con Carlos Mazón para expresar sus demandas y exigir empatía con las víctimas.
Finalmente, han manifestado su interés en que se publique el listado de víctimas mortales de la DANA, siempre con el consentimiento de las familias, como un homenaje a los fallecidos.
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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:
La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.
Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación
La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.
Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.
Qué pretende aclarar la jueza
La magistrada busca concretar cuatro puntos:
El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.
Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.
El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.
La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.
Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.
Crece la presión sobre el Consell
La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.
La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.
El proceso judicial continúa abierto
La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.
Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.
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