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Valencia

La Asociación de Damnificados de la dana recurrirá para que se investiguen cinco delitos

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Associació de Víctimes de la Dana

La Asociación de Damnificados por la DANA de l’Horta Sud ha anunciado que presentará un recurso de apelación contra el auto de la jueza de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia). Esta resolución, emitida el pasado lunes, limita la investigación a homicidios imprudentes y lesiones imprudentes, excluyendo otros posibles delitos como daños por imprudencia grave, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro.

Una decisión que deja fuera a muchos afectados

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, la investigación abarca actualmente 80 fallecidos y un desaparecido, además de las lesiones imprudentes. En caso de sumarse nuevas inhibiciones, la cifra total ascendería a 224 fallecidos y 3 desaparecidos.

Sin embargo, la Asociación de Damnificados considera que la instrucción debería incluir otros delitos. Su presidente, Christian Lesaec, ha expresado su desacuerdo con la limitación del caso, argumentando que muchas personas afectadas quedan fuera del proceso judicial.

«Un delito es un delito y se ha de investigar», subraya Lesaec.

Además, critica que la decisión judicial se conociera públicamente antes de recibir la notificación oficial.

Recurso de apelación para ampliar la investigación

Desde la Asociación insisten en que la jueza debe considerar todas las consecuencias de la DANA, incluyendo el impacto sobre aquellos que quedaron atrapados en carreteras o viviendas, familias separadas o negocios destruidos.

Por ello, la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud–Valencia presentará un recurso de apelación para que la jueza reconsidere su decisión y permita que todas las víctimas puedan obtener justicia.

 

Apoyo a las víctimas y lucha por un cambio estructural

La asociación también se enfocará en proporcionar apoyo psicológico y emocional a los afectados, así como en impulsar cambios estructurales para evitar futuras tragedias. Según Empar Puchades, vecina de Castellar, su objetivo es «hacer las cosas bien» para llevar la lucha lo más lejos posible.

Asimismo, advierten sobre los peligros del negacionismo del cambio climático, que impide adoptar políticas de prevención efectivas. En este sentido, Merche Alabau ha señalado que no buscan una simple reconstrucción, sino que se implementen medidas reales para evitar que vuelva a ocurrir.

Solicitan una reunión con Carlos Mazón

Desde la asociación han adelantado que no esperarán a que la Generalitat les convoque, sino que solicitarán una reunión con Carlos Mazón para expresar sus demandas y exigir empatía con las víctimas.

Finalmente, han manifestado su interés en que se publique el listado de víctimas mortales de la DANA, siempre con el consentimiento de las familias, como un homenaje a los fallecidos.

 

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La última versión de Mazón sobre la comida en El Ventorro el día de la dana

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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