La Asociación de Damnificados por la DANA de l’Horta Sud ha anunciado que presentará un recurso de apelación contra el auto de la jueza de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia). Esta resolución, emitida el pasado lunes, limita la investigación a homicidios imprudentes y lesiones imprudentes, excluyendo otros posibles delitos como daños por imprudencia grave, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro.
Una decisión que deja fuera a muchos afectados
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, la investigación abarca actualmente 80 fallecidos y un desaparecido, además de las lesiones imprudentes. En caso de sumarse nuevas inhibiciones, la cifra total ascendería a 224 fallecidos y 3 desaparecidos.
Sin embargo, la Asociación de Damnificados considera que la instrucción debería incluir otros delitos. Su presidente, Christian Lesaec, ha expresado su desacuerdo con la limitación del caso, argumentando que muchas personas afectadas quedan fuera del proceso judicial.
«Un delito es un delito y se ha de investigar», subraya Lesaec.
Además, critica que la decisión judicial se conociera públicamente antes de recibir la notificación oficial.
Recurso de apelación para ampliar la investigación
Desde la Asociación insisten en que la jueza debe considerar todas las consecuencias de la DANA, incluyendo el impacto sobre aquellos que quedaron atrapados en carreteras o viviendas, familias separadas o negocios destruidos.
Por ello, la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud–Valencia presentará un recurso de apelación para que la jueza reconsidere su decisión y permita que todas las víctimas puedan obtener justicia.
Apoyo a las víctimas y lucha por un cambio estructural
La asociación también se enfocará en proporcionar apoyo psicológico y emocional a los afectados, así como en impulsar cambios estructurales para evitar futuras tragedias. Según Empar Puchades, vecina de Castellar, su objetivo es «hacer las cosas bien» para llevar la lucha lo más lejos posible.
Asimismo, advierten sobre los peligros del negacionismo del cambio climático, que impide adoptar políticas de prevención efectivas. En este sentido, Merche Alabau ha señalado que no buscan una simple reconstrucción, sino que se implementen medidas reales para evitar que vuelva a ocurrir.
Solicitan una reunión con Carlos Mazón
Desde la asociación han adelantado que no esperarán a que la Generalitat les convoque, sino que solicitarán una reunión con Carlos Mazón para expresar sus demandas y exigir empatía con las víctimas.
Finalmente, han manifestado su interés en que se publique el listado de víctimas mortales de la DANA, siempre con el consentimiento de las familias, como un homenaje a los fallecidos.
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La Generalitat facturará a las compañías de seguros la asistencia sanitaria derivada de estos siniestros en la sanidad pública valenciana
La Conselleria de Sanidad cobrará las consultas médicas, intervenciones quirúrgicas ambulatorias y demás asistencias sanitarias derivadas de accidentes de tráfico a las aseguradoras, tras la renovación de los convenios que regulan esta prestación en la Comunitat Valenciana. La medida estará vigente durante el período 2026-2029 y permitirá repercutir estos costes al sector asegurador, evitando que recaigan sobre el sistema público.
El Pleno del Consell ha autorizado la renovación de dos convenios de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico, que actualizan el marco de colaboración entre la Generalitat y las principales entidades del sector asegurador. En concreto, se ha aprobado la firma de un nuevo convenio entre la Generalitat —a través de la Conselleria de Sanidad— y el Consorcio de Compensación de Seguros, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), así como con el Consorcio Hospital General Universitario de València y el Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló.
Facturación a las aseguradoras por la atención sanitaria
Gracias a estos acuerdos, la sanidad pública valenciana podrá facturar a las compañías aseguradoras los gastos derivados de la atención a víctimas de accidentes de tráfico, incluyendo consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos y operaciones ambulatorias. El objetivo es garantizar que los costes asistenciales derivados de este tipo de sucesos sean asumidos por las entidades responsables, de acuerdo con la normativa vigente.
Desde la Generalitat señalan que esta medida contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario público, al tiempo que asegura la correcta atención sanitaria a las personas accidentadas, con independencia de la cobertura de su póliza o de la entidad aseguradora implicada.
Convenio vigente hasta 2029
El nuevo convenio tendrá vigencia hasta el año 2029 y da continuidad a un modelo de colaboración que ya se venía aplicando en ejercicios anteriores. La renovación permitirá mantener un marco estable de coordinación entre la administración sanitaria y el sector asegurador, facilitando la gestión administrativa y la compensación económica por la asistencia prestada.
La decisión del Consell se produce en un contexto de elevada siniestralidad en las carreteras valencianas, especialmente en vías de gran capacidad como la AP-7, donde se registran numerosos accidentes de tráfico que requieren atención hospitalaria urgente y seguimiento médico posterior.
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