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Atentado del 11M: Historia de una tragedia

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Atentado 11M: Historia de una tragedia
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José Luis Fortea

El atentado del 11M

Era jueves, día 11 del mes de marzo de 2004, de un anodino y aparentemente insustancial jueves, en el que el tema principal de las tertulias parecía iba a estar reservado a la jornada del domingo, pero no de la jornada futbolera, la vigésimo octava, en la que una Real Sociedad recibía en Anoeta al Atleti o el Madrid al Zaragoza, ni tampoco del viaje del Barça al campo del Murcia, a la antigua Condomina, ni tan siquiera de la visita a Vigo del líder, el Valencia de Benítez (que acabaría llevándose el campeonato ese año), porque para aquella jornada dominical, en ese aparente jueves habitual y corriente, se tenía que haber hablado de lo que se venía conversando desde hacía mucho, de la convocatoria de los españoles a las urnas, de unas elecciones que las encuestas celebradas en aquellos días arrojaban una presumible victoria del PP, de un Partido Popular de Mariano Rajoy que relevaba al entonces saliente presidente del gobierno, José María Aznar, que había adelantado a ese domingo 14 de marzo un plebiscito previsto en un principio para el día 11 de abril.

Los trenes de cercanías de Madrid

El servicio ferroviario de Cercanías Madrid, con una infraestructura de nueve líneas en funcionamiento y más de ochenta y nueve estaciones disponibles, comunican la capital con su área metropolitana, extendiéndose esta también a las principales poblaciones de la Comunidad, en las que en un día normal, como aquel jueves 11 de marzo, con cerca de mil cuatrocientas circulaciones diarias, pueden llegar a ser transportadas alrededor de novecientos mil viajeros, y por el denominado “corredor del Henares” de la línea C2, de Guadalajara a Chamartín, en las primeras horas de la mañana, en la considerada como su hora punta y de mayor afluencia, se puede efectuar un traslado de unas cuarenta y cinco mil personas.

La primera explosión

A las 7 horas y 37 minutos de la mañana se produce una primera explosión en la cola de un tren estacionado en la terminal de Madrid-Atocha, a la que se suceden, apenas unos segundos después, dos detonaciones más, ubicadas en el mismo convoy, una en su parte central y la otra en su cabecera, produciéndose el lógico desconcierto de unos viajeros, que comienzan a huir desorientados y despavoridos, blanco fácil de una trama que urdida y premeditada buscaba hacer, en aquellos veintidós segundos, el mayor daño posible.

En el siguiente enlace podemos ver lo que las cámaras, desplegadas a lo largo de la citada terminal, pudieron grabar de aquellos momentos de pánico y terror, en (1:21); (https://www.youtube.com/watch?v=xyQQ3xfB3eA).

Cuatro bombas más

A estos tres estallidos de Atocha le sobrevienen cuatro bombas más, ubicadas en los vagones de un tren que espera tener acceso y vía libre, a quinientos metros de la estación, en la proximidad de la calle Téllez, en el barrio de Pacífico, y otra más, la que hace ya la octava, en la estación de Santa Eugenia de la Villa de Vallecas y dos en el Pozo del tío Raimundo del distrito del puente de Vallecas, haciendo un total de diez detonaciones en una masacre de apenas cuatro minutos, desde las 7.37 hasta las 7.41, que transformó aquel anodino jueves en un infierno, de dolor y sufrimiento, de una “ciudad de 495 millones de habitantes” (que era la población que en 2004 se computaba en toda la Unión Europea).

Primera comparecencia del Gobierno sobre el 11M

Cuando a la una del mediodía, el ministro del interior, por aquel entonces Ángel Acebes Paniagua, comparecía en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para ofrecer los primeros datos oficiales sobre la investigación, este llegó a señalar, hasta en tres ocasiones, a la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) como la posible autora y responsable del atentado, que en aquellos momentos ya contaba con más de ciento setenta y tres fallecimientos y seiscientos heridos, algunos de extrema gravedad.

El ministro en su argumentación señalaba que -“hasta en cuatro ocasiones consecutivas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han conseguido evitar un atentado, pero en esta ocasión, ETA ha conseguido su objetivo”-, para seguidamente alegar que –“en estos momentos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el ministerio del interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA”-, concluyendo aquella comparecencia señalando en la misma dirección marcada por el ministerio que –“nadie ha reivindicado el atentado y ETA no siempre reivindica sus atentados y nunca lo hace, en cualquier caso, inmediatamente”-.

En el siguiente enlace la mencionada comparecencia del entonces ministro del interior, Ángel Acebes en (1:32); (https://www.youtube.com/watch?v=YLc34i3I8Hc).

Atentado 11M: el peor de la historia de España

Durante las siguientes jornadas se irán sucediendo nuevos detalles del atentado, aumentando con cada comunicado oficial el número de víctimas mortales, hasta 193, y más de dos mil heridos, de mayor o menor consideración, en el que se puede destacar la insistencia en la línea de investigación del ministerio, sobre la citada sospecha de la autoría de la banda terrorista, que al día siguiente, viernes 12 de marzo, a las seis y media de la tarde emitió un comunicado remitido al diario Gara, en el que se desentendía del suceso, desmintiendo el argumento oficial, señalando que –“ La organización ETA no tiene ninguna responsabilidad sobre los atentados de ayer».

El sábado día 13, en la jornada de reflexión previa a las elecciones generales, sobre las cuatro de la tarde resultaban detenidos tres marroquíes y dos hindúes como sospechosos de participar alguna manera directa o indirectamente en estos sucesos.

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Tras el atentado llegan las elecciones

El resto es historia……. Las elecciones dieron un vuelco dando el triunfo al Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El día 3 de abril, a las nueve de la noche, siete autores materiales de los atentados, se inmolan en un piso en Leganés, al verse cercados por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, en cuya explosión muere también el GEO Francisco Javier Torronteras Gadea.

La Audiencia Nacional en su Sentencia 65/2007 de la Sala de lo Penal con fecha de 31 de Octubre de 2007, ratificada posteriormente en Sentencia del Tribunal Supremo, condenará a veinticuatro personas acusadas, entre otros, de delitos de estragos terroristas, sustracción de vehículos a motor, asesinatos terroristas en grado de consumación y en grado de tentativa, pertenencia a organización terrorista islámica, depósito sustancias explosivas y confección de explosivos, con penas de:

  • 42.922 años de prisión para Jamal Zougam y Othman El Gnaoui (considerados autor material y colaborador necesario del delito).
  • 34.715 años de prisión para Emilio Suárez Trashorras.

(Por conseguir a los terroristas explosivos robados del pozo Mina Conchita de Asturias).

  • 18 años de prisión para Abdelmajid Bouchar “El Gamo”.

(por colaboracionista).

  • 18 años, Rachid Aglif.
  • 14 años, Hassan El Haski.

(Considerado dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí)

  • 12 años, Mohamed Bouharrat, Saed el Harrak y Said Ahmidan.
  • 4 años, Antonio Toro Castro, cuñado de Suárez Trashorras.

Aquel jueves 11 de marzo de 2004, fue todo menos anodino y ya no volverá a ser igual, pasando a ser desde entonces, el 11M.

Por todas aquellas personas que en mayor o menor medida se vieron involucradas en aquella mañana, por las víctimas mortales, los heridos y sus familiares, por todos ellos, nuestro recuerdo y nuestras oraciones.

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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