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Aumentan las denuncias por violencia de género en 2016 hasta el nivel más alto de la última década
Publicado
hace 9 añosen
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El aumento de las condenas a maltratadores en más de tres puntos porcentuales respecto a 2015, la subida de casi once puntos en el número de denuncias presentadas por violencia de género en los órganos judiciales y los importantes incrementos en la adopción de medidas de protección de las víctimas, tanto de mujeres como de su hijos e hijas (con aumento de 22 puntos en órdenes de alejamiento y en prohibiciones de comunicación), son los datos más significativos de la estadística del año 2016, que ha hecho pública hoy el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
En 2016 volvió a incrementarse el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales españoles en procesos relativos a violencia de género. Frente al 62,6 por ciento de condenas que se produjeron en 2015, en el pasado año el porcentaje de sentencias condenatorias se elevó hasta un 66,2 por ciento.
Los datos estadísticos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ reflejan que en el total del año, las sentencias dictadas fueron 47.175, de las que 31.232 fueron condenas y 15.943, absoluciones.
El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con algo más del 82 por ciento y en las Audiencias Provinciales, con más de un 81 por ciento, con incrementos interanuales en ambos casos del 5 por ciento. El porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal también se incrementó y se situó en el 54,9 cuando en el año anterior se había producido un 52,3 por ciento de sentencias condenatorias.
Aumento de las denuncias
Durante el año 2016, los juzgados españoles recibieron un total de 142. 893 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento de 10,6 puntos respecto de 2015, cuando las denuncias fueron 129.193. Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 134.462 (incremento del 8,7 por ciento), de las que eran extranjeras 40.168, un 29,9 por ciento.
En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que es de 56,7, las Comunidades de Baleares, con una ratio de 93,3 y Canarias y Murcia, con 81, mientras que la ratio más baja se da en La Rioja, con 27,7.
Algo más de un 69 por ciento de las denuncias presentadas lo fueron por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en casi el 17 por ciento de los casos. El número de denuncias presentadas por familiares de la víctima representaron un 1,44 por ciento del total. Los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado representaron algo más del 10 por ciento de las denuncias.
Un 12 por ciento de víctimas se acoge a la dispensa de la obligación legal de declarar
En el pasado año, en 16.118 casos la víctima de violencia de género se ha acogido a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje de un 12 por ciento en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género, cifra idéntica a la del año anterior.
10.427 mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas, un 64,7 por ciento del total, y 5.691 eran extranjeras, un 35,3 por ciento, porcentajes ambos similares también a los de 2015.
Incremento de órdenes de protección solicitadas y concedidas
Durante 2016 se solicitaron 43.311 órdenes de protección en los órganos judiciales. Un total de 37.956 órdenes de protección (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 5.355 lo fueron en los juzgados de guardia.
El incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto a 2015 fue de un 4,59 por ciento. Más de un 64 por ciento de las órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas (24.367), siete puntos por encima del año anterior.
En los juzgados de guardia, se acordaron 3.849 órdenes de protección, lo que supone un 72 por ciento del total de las solicitadas, habiendo sido denegadas 1.505.
En un 51 por ciento de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección mientras que en un 49 por ciento restante la relación se había extinguido.
Un 29 por ciento de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron mujeres extranjeras y un 2 por ciento del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad en el momento de la solicitud. Porcentajes que coinciden con los del año anterior.
Importante aumento de las medidas judiciales de protección
Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, se adoptaron 60.831 medidas judiciales penales de protección de las víctimas, entre las que destacan la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación, que se adoptaron respectivamente en un 98 y un 96 por ciento del total de órdenes de protección acordadas.
En 2016, los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 23.477 órdenes de alejamiento y 22.955 medidas de prohibición de comunicación, lo que supone un importante incremento, en ambos casos, de 22 puntos respecto a las órdenes y medidas adoptadas en 2015.
Al mismo tiempo se dictaron 16.485 medidas civiles cautelares, tendentes a la protección tanto de la mujer como de los menores, mientras se resolvía el proceso penal. Un 31,3 por ciento de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 26,5 por ciento resolvieron la atribución de la vivienda, siete puntos porcentuales más que el año anterior.
Se adoptaron 1.498 suspensiones de la guarda y custodia y 1.035 suspensiones del régimen de visitas, cifras ambas que suponen un incremento de casi dos puntos en relación con las del año anterior.
• Juzgados de violencia sobre la mujer
Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron el pasado año un total de 8.207 juicios sobre delitos leves o faltas, de los que 3.465 fueron juicios de enjuiciamiento inmediato. En el 86 por ciento de los casos, los juicios fueron por vejaciones injustas o injurias.
Estos juzgados ingresaron a lo largo del año un total de 197.937 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 57 por ciento, corresponde a las lesiones previstas en el art. 153 del Código Penal y un 11 por ciento al de lesiones previsto en el art. 173 de la misma norma.
Un total de 19.241 sentencias penales fueron dictadas en 2016 por los juzgados de violencia sobre la mujer, de las que un 82,2 por ciento (15.823) fueron condenas, suponiendo un incremento de cinco puntos respecto del año anterior.
Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asimismo demandas civiles –mayoritariamente, divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En 2016 estas demandas sumaron un total de 15.275, consolidando así la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas.
• Juzgados de lo Penal
Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 28.867 asuntos, mientras que el número de asuntos que ingresaron fue de 28.917.
Se dictaron 27.652 sentencias, de las que el 54,9 por ciento (15.179) fueron condenatorias, dos puntos y medio porcentuales más que en 2015.
• Juzgados de menores
Por último los juzgados de menores enjuiciaron en 2016 por delitos en el ámbito de la violencia contra la mujer a 179 menores de edad, 21 más que el año anterior.
Se impusieron medidas en 164 casos, 132 relativos a menores españoles y 32, a menores extranjeros.
Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona
Los datos estadísticos correspondientes al año 2016 nos indican, de manera fehaciente, que la sensibilidad hacia la problemática de la violencia de género crece. Y ello es positivo.
Es positivo que aumenten las condenas, y las denuncias, pero sobre todo resulta satisfactorio comprobar que se incrementan de manera muy notoria las medidas de protección de las víctimas, sean mujeres o sean hijos o hijas.
Que las órdenes de alejamiento o las prohibiciones de comunicación adoptadas por los órganos judiciales afecten a la práctica totalidad de los casos en que se ha solicitado una orden de protección, lo que supone un incremento porcentual de 22 puntos, unido al dato de incremento de las medidas civiles de protección, esencialmente, de los menores, no es sino el fiel reflejo de la sensibilización institucional hacia el fenómeno de la violencia de género
Una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona.
Los datos de este pasado año nos alertan, sin embargo, de que sigue creciendo el número de víctimas de violencia de género. También resaltamos que hay más denuncias y hay más mujeres que solicitan, y consiguen, órdenes de protección.
Desde el Observatorio consideramos positivo que la mujer víctima conozca sus derechos y los haga valer, presentando denuncias y solicitando ayuda de las instituciones.
Pero también nos preocupa que persistan todavía actitudes de violencia machista en nuestra sociedad, que no se acabe de dar un paso firme por familiares, amigos y conocidos para denunciar y acompañar a la víctima en el proceso y que todavía se busquen justificaciones para lo que no es otra cosa que terrorismo de género.
Como presidenta del Observatorio quiero finalizar abriendo una puerta a la esperanza. El trabajo que las dos cámaras legislativas y los grupos políticos están llevando a cabo en nuestro país para lograr un Pacto de Estado contra la violencia de género es, sin duda, uno de los hitos más importantes acaecidos desde la aprobación en 2004 de la Ley Integral.
Desde el CGPJ, desde el Observatorio, desde su Grupo de expertos, intentamos contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a que ese Pacto sea una realidad y que aquel objetivo de “víctimas cero” no se quede sólo en una declaración de intenciones.
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La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata por «falta de competencia»
Publicado
hace 13 horasen
23 enero, 2026
Viernes, 23 de enero de 2026. El recorrido de la denuncia contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual, acoso, lesiones y trata de seres humanos a dos exempleadas de su servicio doméstico ha llegado a su fin, al menos en España. Diez días después de abrir diligencias de investigación preliminares, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes su archivo por la «falta de competencia y jurisdicción» de los tribunales españoles para conocer los hechos, que habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas en 2021.
Decisión de archivo y posibilidad de acudir a otros tribunales
En un decreto de archivo de ocho páginas, la teniente fiscal Marta Durántez da por finalizadas sus diligencias en una resolución que no es recurrible y recuerda que las dos denunciantes, si así lo consideran, pueden «reproducir su denuncia ante los órganos judiciales» de los países donde presuntamente ocurrieron los hechos.
Además, recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «no corresponde a España investigar hechos cometidos fuera de sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo». Esta ha sido la justificación clave para el archivo de las diligencias.
Argumentos jurídicos sobre la competencia internacional
El decreto añade que, aunque el delito de trata de seres humanos se persigue extraterritorialmente, requiere que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país. En este caso, constata que «las víctimas son extranjeras», que «no residen en España» y que «los hechos se atribuyen a países plenamente competentes» para investigarlos.
Asimismo, señala que los denunciados —además de Julio Iglesias, un ciudadano brasileño y otro colombiano que trabajan para él— tampoco residen en territorio español.
La resolución detalla que la Audiencia Nacional ha confirmado en otros casos similares que España «no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país», especialmente cuando las víctimas y los presuntos autores son extranjeros y los hechos pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron. También aclara que ninguna de las denunciantes viajó en algún momento con el cantante a su casa de Ojén (Málaga), como se había creído inicialmente.
La Ley de Justicia Universal y las limitaciones de jurisdicción
La teniente fiscal repasa la aplicación del artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la territorialidad de los juzgados y tribunales españoles. Recuerda que la reforma de 2014 restringió la justicia universal, introduciendo limitaciones para investigar hechos ocurridos en el extranjero, y subraya que el Tribunal Supremo exige «conexiones relevantes» con España y evitar «interferencias» con otras jurisdicciones.
En cualquier caso, el decreto no entra a valorar si los hechos examinados tienen carácter delictivo y se centra exclusivamente en la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar el caso.
La denuncia de las exempleadas y las acusaciones
La denuncia presentada por dos antiguas trabajadoras —una empleada del hogar y una fisioterapeuta— sostiene que ambas sufrieron tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un entorno de control y acoso continuo, según la información adelantada por ElDiario.es y Univisión.
La organización Women’s Link Worldwide asesoró a ambas en la estrategia judicial y criticó el archivo de la denuncia, calificando la decisión de la Fiscalía de «lamentable» por considerar que se pierde la oportunidad de investigar los hechos y valorar todas las pruebas aportadas.
Una de las exempleadas afirmó haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y mencionó penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos habrían ocurrido en 2021, cuando la más joven tenía 22 años.
Investigación periodística y testimonios
La investigación periodística contactó con 15 exempleadas del servicio doméstico y otras profesionales que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en propiedades situadas en República Dominicana (Punta Cana), Bahamas (Lyford Cay) y España (Málaga).
La empleada que asegura haber sufrido penetraciones afirma que el artista, que entonces tenía 77 años, la llamaba a su habitación al finalizar la jornada laboral. «Me usaba casi todas las noches», relató en entrevistas con los medios investigadores, añadiendo que «me sentía como un objeto, como una esclava». Según su testimonio, estos encuentros se producían con la presencia y participación de otra empleada con superioridad jerárquica.
De acuerdo con la investigación, las personas afectadas describen «condiciones de aislamiento, conflictos laborales, estructura jerárquica del personal y un clima de tensión ambiental» derivado del carácter del artista.
Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales fueron entrevistadas durante más de un año y ofrecen testimonios considerados consistentes, según la publicación, que asegura que sus declaraciones han sido contrastadas con pruebas documentales como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos.
Julio Iglesias publica mensajes de ‘WhatsApp’ enviados por sus exempleadas para demostrar la “falsedad” de la denuncia
El cantante Julio Iglesias ha hecho públicos en ‘Instagram’ los mensajes que supuestamente recibió en ‘WhatsApp’ por parte de las dos extrabajadoras que le han denunciado por presunta agresión sexual para así demostrar la “falsedad” de las acusaciones. Lo hace también como respuesta a la Fiscalía que, según el artista, “no le permite ejercer” su defensa al no proporcionarle “el acceso formal a la denuncia”.
En un comunicado que ha emitido en la citada red social, Iglesias ha justificado la publicación de las conversaciones con sus exempleadas alegando que, tras la negativa de la Fiscalía, es el “único medio” que le permite “ejercer legítimamente” su derecho a la defensa “y dejar constancia de los hechos denunciados”.
“La evidencia es clara: las comunicaciones de ‘WhatsApp’ enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad”, ha exclamado el cantante, que también ha criticado que “es muy grave” que “la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas”.
En este contexto, Iglesias ha insistido en el comunicado de ‘Instagram’ que “todo tiene un límite”. “Es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, ha reiterado.
Finalmente, el cantante ha explicado que adjunta “algunas de las conversaciones” de ‘WhatsApp’ “que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática” a la que, según ha dicho, está siendo sometido. En concreto, ha publicado varios ‘pantallazos’ con supuestos mensajes de sus exempleadas, fechados en los años 2021, 2022 y 2023.
Petición a la Fiscalía para acceder a la denuncia
Precisamente, Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita la denuncia en su contra por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico asegurando que es “insólito” que no disponga de una copia de la misma.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación de Iglesias asegura que es una “paradoja que el único interesado que no la conoce” sea el artista, algo “insólito” de acuerdo con el “ordenamiento jurídico constitucional” español.
Este nuevo escrito llega después de que la Fiscalía haya señalado que no procede estimar la personación de Iglesias en las diligencias de investigación preprocesales, como así solicitó el abogado del cantante.
Fue este lunes cuando el abogado de Iglesias pidió al Ministerio Fiscal que le tuviera por personado en las diligencias de investigación al tiempo que solicitó que se diera carpetazo a las mismas por “la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos”.
Reacción del cantante ante las acusaciones
El cantante, por su parte, publicó el pasado viernes un mensaje en su cuenta en Instagram en el que afirmaba que esas acusaciones son “absolutamente falsas” y que le causan “una gran tristeza”. “Nunca había sentido tanta maldad”, exclamó, advirtiendo de que aún le quedan “fuerzas” para que la gente conozca “toda la verdad” y también para defender su “dignidad ante un agravio tan grave”.
La denuncia de las exempleadas
Según la investigación realizada por ‘elDiario.es’ en colaboración con Univisión Noticias, una de las exempleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.
Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.
La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. “Me usaba casi todas las noches”, dice en una entrevista con los medios investigadores.
Las acusaciones a Julio Iglesias
“Me sentía como un objeto, como una esclava”, añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.
De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de “condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias”.
Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales “fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables”, recoge la publicación que asegura que “sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos”.
Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.
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