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Valencia

La jueza de Azud cree que la trama pagó gastos electorales del PSPV en 2007

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Manolo Mata, defensor de uno de los principales acusados de la trama de corrupción Azud, atiende a la prensa EFE/Kai Försterling/Archivo

València, 14 jun (OFFICIAL PRESS- EFE).- La titular de Instrucción 13, que dirige el conocido como caso Azud, ha vinculado a empresas de la supuesta trama corrupta liderada por el constructor Jaime María Febrer con pagos a firmas de publicidad que realizaron actos electorales para el PSPV en la campaña electoral de 2007.

En un reciente auto, al que ha tenido acceso EFE, la jueza detalla como la empresa pública Espacios Urbanos de Xixona abonó a Gigante Edificaciones y Obras -una de las empresas supuestamente colaboradora del Grupo Axis para la generación de fondos en efectivo con los que abonar comisiones ilícitas- una importante suma de dinero en concepto de gastos de publicidad.

Con parte de esos fondos, añade el citado auto, Gigante efectuó pagos a empresas vinculadas a la publicidad, en total 484.480 euros (a Metrofilms, Industrias Gráficas Valencianas, Key, Publiexpress y Cronosport).

Dichas empresas, detalla la magistrada, se dedicaban a la publicidad y trabajaban para el Partido Socialista en esta materia.

Azud pagos PSPV

Según el auto, el conglomerado empresarial Axis del empresario Jaime María Febrer -uno de los supuestos cabecillas de la trama corrupta Azud- procedió, a través de mercantiles interpuestas, a ingresar la cantidad reseñada a las empresas de publicidad que trabajaron para el PSPV.

Febrer, añade la instructora, mantenía numerosas reuniones con José Cataluña, en las que abordaban cuáles debían ser las funciones que tenía que realizar la mercantil Gigante para pagar, con fondos del Grupo Axis, gastos de publicidad en la campaña del PSPV de 2007.

Las partes consultadas por Efe opinan que los hechos descritos en este auto podrían estar ya prescritos.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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