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Valencia

La jueza de Azud cree que la trama pagó gastos electorales del PSPV en 2007

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Manolo Mata, defensor de uno de los principales acusados de la trama de corrupción Azud, atiende a la prensa EFE/Kai Försterling/Archivo

València, 14 jun (OFFICIAL PRESS- EFE).- La titular de Instrucción 13, que dirige el conocido como caso Azud, ha vinculado a empresas de la supuesta trama corrupta liderada por el constructor Jaime María Febrer con pagos a firmas de publicidad que realizaron actos electorales para el PSPV en la campaña electoral de 2007.

En un reciente auto, al que ha tenido acceso EFE, la jueza detalla como la empresa pública Espacios Urbanos de Xixona abonó a Gigante Edificaciones y Obras -una de las empresas supuestamente colaboradora del Grupo Axis para la generación de fondos en efectivo con los que abonar comisiones ilícitas- una importante suma de dinero en concepto de gastos de publicidad.

Con parte de esos fondos, añade el citado auto, Gigante efectuó pagos a empresas vinculadas a la publicidad, en total 484.480 euros (a Metrofilms, Industrias Gráficas Valencianas, Key, Publiexpress y Cronosport).

Dichas empresas, detalla la magistrada, se dedicaban a la publicidad y trabajaban para el Partido Socialista en esta materia.

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Según el auto, el conglomerado empresarial Axis del empresario Jaime María Febrer -uno de los supuestos cabecillas de la trama corrupta Azud- procedió, a través de mercantiles interpuestas, a ingresar la cantidad reseñada a las empresas de publicidad que trabajaron para el PSPV.

Febrer, añade la instructora, mantenía numerosas reuniones con José Cataluña, en las que abordaban cuáles debían ser las funciones que tenía que realizar la mercantil Gigante para pagar, con fondos del Grupo Axis, gastos de publicidad en la campaña del PSPV de 2007.

Las partes consultadas por Efe opinan que los hechos descritos en este auto podrían estar ya prescritos.

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Sucesos

Indemnizan con 225.000 € a la familia de una paciente fallecida tras 36 horas en Urgencias del Hospital General de València

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La Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente de 69 años fallecida por pancreatitis aguda después de pasar 36 horas en Urgencias sin recibir atención médica adecuada.

El acuerdo se ha alcanzado tras la reclamación de la asociación El Defensor del Paciente, cuyos abogados Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre presentaron la reclamación patrimonial contra la sanidad pública por negligencia médica.

Cronología de los hechos

Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió a Urgencias del Hospital General de València por dolor abdominal intenso, vómitos y sensación de hinchazón. Tras una primera exploración y ecografía abdominal, se diagnosticó pancreatitis aguda biliar y se solicitó su ingreso en hospitalización.

Sin embargo, no había camas disponibles, por lo que la paciente permaneció en un box de Urgencias durante 36 horas, esperando atención médica. Durante ese tiempo, no se registraron constantes vitales ni se realizaron controles ni analíticas. Finalmente, la mujer falleció sin recibir tratamiento, según señalan los informes.

Pancreatitis aguda: un riesgo grave

La pancreatitis puede presentarse de forma leve, con evolución favorable, o grave, con inflamación extensa, necrosis pancreática y fallo orgánico múltiple, cuya mortalidad puede superar el 30%.

Los expertos subrayan que en los casos graves se requiere vigilancia intensiva y tratamiento inmediato. La ausencia de monitoreo y atención en Urgencias del Hospital General de València contribuyó directamente a la muerte de la paciente, según la asociación.

Declaraciones de la asociación

La asociación El Defensor del Paciente critica la inacción del personal sanitario, calificándola de «evitable» y de un incumplimiento del mínimo de atención esperado en cualquier hospital. La paciente quedó «privada de la posibilidad de un tratamiento que podría haber salvado su vida», añaden.

Indemnización y acuerdo

El seguro de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario cubrirán 225.000 euros en concepto de indemnización por negligencia médica, poniendo fin al procedimiento administrativo iniciado por los familiares de la fallecida.

 

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