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Baja el precio del gas en el 20% de los hogares: ¿eres uno de ellos?

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Un 21% de los hogares españoles tienen contratada la tarifa regulada del gas, la TUR, que acaba de bajar su precio. En cambio,el 80% restante tienen una tarifa en el mercado liberalizado y no se benefician directamente de esta ventaja

La tarifa regulada TUR del gas se revisa cada 3 meses. Los hogares que siguen teniendo esta tarifa (1,6 millones, una quinta parte del total), comienzan abril con una buena noticia, pues verán cómo el precio del kWh que pagan por su suministro de gas se reduce en 7,2% para la tarifa 3.1 (los hogares que menos consumen) y hasta un 8,2% para los hogares que tienen contratada la tarifa 3.2,  normalmente los que tienen calefacción con gas.

Este descenso en abril se suma a la bajada de hace tres meses, y los usuarios con esta tarifa lo notarán en sus bolsillos.

Por ejemplo, en un hogar con 9000 kWh de consumo anual (tarifa de acceso 3.2), esta bajada supondrá un 6,4% de descuento en su factura media (7,3 € menos cada bimestre). Para quienes tengan la  tarifa de acceso 3.1 y un consumo anual de aproximadamente 3.500 kWh al año  la bajada es algo menor, en torno a un 5,3% de descuento.

Fuente: OCU

Los del mercado libre no se beneficiarán

Como decimos, esta rebaja del precio del gas natural sólo afecta a los hogares con tarifa regulada TUR, que son minoría ¿Qué pasa con los demás?El resto de hogares están en el mercado liberalizado y, están a expensas de lo que diga su contrato, que se actualizará en el momento que hayan fijado con el precio que entonces tenga el gas.

Deben prestar especial atención los hogares que contrataron o revisaron su tarifa en otoño de 2018: desde entonces la tarifa TUR acumula rebajas de al menos un 12% de las que no se habrían beneficiado.

Por otro lado, estos buenos precios actuales del gas indican que este puede ser un buen momento para contratar un precio fijo que garantice buenos precios para el próximo invierno.

Fuente: OCU

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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