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La Generalitat ficha a Baltasar Garzón y a Falciani para la Agencia Antifraude

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VALÈNCIA, 28 Oct.- El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón; el exinformático bancario Helvé Falciani, que destapó los nombres de presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos, o Antonio Penadés, que ejerció de acusación popular en el ‘caso Cooperación’, son algunos de los nombres que integrarán el Consejo de Participación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.

El consejo fue creado como un órgano asesor y de consulta de dicha agencia y cauce para la participación de la sociedad civil y de personas expertas, dentro del ámbito de la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, la transparencia en la actividad pública y la calidad democrática, en aras al mejor cumplimiento de las funciones y fines de esta agencia. Su finalidad es «impulsar la vinculación de
la Agencia con la sociedad civil y la ciudadanía facilitando su comunicación y relación».

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este lunes la composición del órgano, que estará presidido por Joan Antoni Llinares Gómez, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. La Vicepresidencia corresponde a Ana María Fuertes Eugenio, en representación de Fundación por la Justicia; mientras que la Secretaría del Consejo será ejercida por Teresa Clemente García, directora de Asuntos Jurídicos de la Agencia.

Además, habrá doce vocalías integradas por personas representantes de cada una de las organizaciones cívicas de carácter social que trabajan contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana o que tienen entre sus fines la transparencia de la actividad pública, el buen gobierno y la defensa de los derechos de los ciudadanos dentro de este ámbito a lo largo del territorio valenciano.

Estas son Silvina Bacigalupo Saggese, en representación de Transparency International España; Miguel Falomir Sorio, por parte de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios; Antonia Ferrer Sapena, en representación de Tactical Whistleblower; Juan Carlos Galindo Gómez, que representa a la Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo; y Justo López Díaz, por Alertadores Contra la
Corrupción-Whistle Blower.

Asimismo, figura el exjuez Baltasar Garzón Real, en representación de la Fundación Internacional Baltasar Garzón; Peter Matjasic, miembro de Open Society Initative for Europe; Rafael Maurí Victoria, en representación del Observatori Ciutadà contra la Corrupció; Antonio Penadés Chusp, en representación de Acción Cívica contra la Corrupción; Azahara Peralta Bravo, en representación de Plataforma por la
Honestidad; José Ribera Facundo, por la Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció y Francisco Gaspar Latorre, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

EN DEFENSA DE LA ÉTICA
También se crean cuatro vocalías entre personas que se han destacado por su compromiso en defensa de la ética y la lucha contra el fraude y la corrupción, con repercusión de su actividad en la Comunitat Valenciana.

Se trata de Hervé Falciani, presidente de la asociación Tactical Whistleblower; Vanesa Felip Torrent, presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de València; Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia; Consuelo Vidal Hernandis, presidenta de la asociación Observatori Ciutadà contra la Corrupció y Silvia Vernia Trillo, Marcial González González y Emilio Álvarez Salcedo, responsables, respectivamente, de las siguientes unidades administrativas de la Agencia: dirección de Prevención, Formación y Documentación, dirección de Análisis e Investigación y jefatura de Gabinete de Relaciones Institucionales, Comunicación y Participación.

Fuente: EUROPA PRESS

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La familia de Edwin Arrieta rompe su silencio tras la sentencia de Daniel Sancho

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Los familiares del cirujano colombiano reciben con respeto la confirmación de la cadena perpetua y lanzan un mensaje directo al condenado

La familia de Edwin Arrieta ha reaccionado a la decisión de la Justicia tailandesa de mantener la cadena perpetua para Daniel Sancho por el asesinato premeditado del cirujano colombiano en agosto de 2023. Los allegados de Arrieta han difundido un comunicado en el que aseguran que reciben «con respeto» la resolución y reclaman al condenado que reconozca los hechos y asuma sus responsabilidades.

El Tribunal Provincial de Samui ha desestimado los recursos presentados contra la sentencia de primera instancia y ha confirmado la condena a cadena perpetua impuesta a Sancho. La resolución fue elaborada por el Tribunal de Apelaciones de Phuket y comunicada este viernes en una sesión a puerta cerrada.

La familia Arrieta: «Supone el reconocimiento de la gravedad de los hechos»

En su comunicado, los familiares de Edwin Arrieta señalan que la confirmación de la condena supone el reconocimiento de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad penal establecida en la sentencia de primera instancia.

La familia recuerda que la resolución mantiene la cadena perpetua dictada en agosto de 2024 y rechaza el recurso presentado por la defensa de Daniel Sancho, que solicitaba una repetición del juicio y la incorporación de nuevos testigos.

Los allegados del cirujano colombiano aseguran que ahora analizarán «jurídicamente en profundidad» la resolución, especialmente sus efectos y las cuestiones que todavía permanecen pendientes dentro del procedimiento.

«Nadie busca venganza»

El comunicado de la familia Arrieta también incluye un mensaje especialmente dirigido a Daniel Sancho.

«Nadie busca venganza y nada puede devolver a Edwin a su familia ni reparar el sufrimiento causado», señalan los familiares, antes de plantear una petición al condenado.

«¿No es ya momento de reconocer los hechos, pedir un perdón sincero, asumir plenamente las responsabilidades y dejar descansar a Edwin?», concluyen.

La familia considera que, más allá de la decisión judicial, ninguna condena puede devolver a Edwin Arrieta a sus seres queridos ni reparar el dolor provocado por su muerte.

La defensa de Daniel Sancho había pedido repetir el juicio

La defensa de Daniel Sancho había recurrido la sentencia de primera instancia y solicitaba que se repitiera el juicio o se celebrara una nueva vista con nuevos testigos.

Los abogados del español sostenían que la muerte de Arrieta se produjo durante una pelea y cuestionaban la calificación de asesinato premeditado establecida por el tribunal tailandés.

La Justicia de Tailandia ha rechazado ahora esos argumentos y mantiene la condena a cadena perpetua.

La petición de pena de muerte de la familia Arrieta sigue pendiente

La resolución conocida este viernes no cierra todas las cuestiones planteadas por las partes.

La acusación particular, en representación de la familia de Edwin Arrieta, también presentó un recurso para solicitar que se elevara la pena a pena de muerte y que aumentara la indemnización fijada en la sentencia de primera instancia.

Ese recurso todavía no ha sido resuelto, según la información publicada este viernes por medios como EFE y EL PAÍS.

Por tanto, la decisión conocida este viernes mantiene la cadena perpetua para Daniel Sancho, pero quedan cuestiones pendientes dentro del procedimiento judicial tailandés.

Más de tres años después de la muerte de Edwin Arrieta

Edwin Arrieta murió el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Phangan. Daniel Sancho fue condenado en agosto de 2024 por el asesinato premeditado, además de otros delitos relacionados con la ocultación y el descuartizamiento del cadáver y la destrucción del pasaporte de la víctima.

Ahora, más de tres años después de los hechos, la Justicia tailandesa ha confirmado en esta primera revisión la condena a cadena perpetua.

El procedimiento todavía puede tener recorrido judicial. Tanto la defensa como la acusación disponen de vías adicionales de recurso antes de que la sentencia pueda considerarse definitivamente firme.

Para la familia Arrieta, el nuevo pronunciamiento judicial supone un paso más en un proceso que, según trasladan en su comunicado, no busca venganza sino el reconocimiento de la responsabilidad por la muerte de Edwin.

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