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Begoña Gómez: «Jamás quise lucrarme con el software» y apunta a la Complutense como responsable

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Begoña Gómez
Begoña Gómez y Pedro Sánchez-EFE

Begoña Gómez declara ante el juez por tercera vez

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, compareció por tercera vez ante el juez instructor Juan Carlos Peinado. En esta ocasión, decidió declarar para defenderse de las acusaciones de apropiación indebida e intrusismo profesional. Según fuentes presentes, Gómez afirmó que «jamás» buscó obtener beneficios económicos del software que ofrecía gratuitamente a empresas y descargó responsabilidades en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Colaboración con la Complutense y registro de marca

Dirigir una cátedra sin retribución
Gómez explicó que su colaboración con la UCM comenzó en 2012. Aunque no es catedrática, dirigió la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva sin recibir retribución alguna. Además, desde marzo de 2020, impartió un máster con el mismo nombre. Gómez subrayó que esta relación con la universidad no se debió a su vínculo con Pedro Sánchez, sino a su experiencia profesional.

Registro de la marca Transformación Social Competitiva TSC
La esposa del presidente explicó que registró la marca y el logo de Transformación Social Competitiva para evitar que fueran utilizados fuera de la Complutense. Aseguró que esta práctica es habitual en títulos propios como el máster que impartía. Gómez añadió que la universidad estaba al tanto del registro y que el logo se incluía en todos los documentos relacionados con la Escuela de Gobierno.

Desarrollo del software y relación con empresas

El papel de empresas tecnológicas
El software investigado fue inicialmente desarrollado de forma gratuita por Telefónica, Google e Indra, quienes invirtieron 150.000 euros antes de abandonar el proyecto. Posteriormente, la UCM adjudicó el desarrollo restante a Deloitte por 60.000 euros. Gómez afirmó no haber intervenido en este proceso y que solo siguió las pautas indicadas por la universidad.

Motivo de la investigación
El juez investiga a Gómez por firmar un pliego de prescripciones técnicas relacionado con el software, acción que podría constituir intrusismo profesional. Según su declaración, firmó este documento porque la Complutense se lo solicitó repetidamente a través de correos electrónicos.

Relación con el empresario Juan Carlos Barrabés

Cartas de recomendación y adjudicaciones
La esposa de Sánchez firmó dos cartas de recomendación para una Unión Temporal de Empresas (UTE) de Juan Carlos Barrabés, quien posteriormente obtuvo varios contratos con la entidad pública Red.es. Gómez afirmó que desconocía la licitación de estos contratos y que las cartas eran documentos tipo enviados a la Complutense.

Declaración de Juan José Güemes

Negación de presiones políticas en el Instituto de Empresa (IE)
Tras Gómez, el juez interrogó a Juan José Güemes, exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, por su relación con Gómez en el Instituto de Empresa. Güemes negó que la contratación de Gómez en 2018 se debiera a su vínculo con Pedro Sánchez, asegurando que los contactos comenzaron antes de que este fuera presidente.

Conclusiones

Un proceso aún en desarrollo
Begoña Gómez ha reiterado su inocencia en las acusaciones y ha señalado a la Complutense como responsable de las decisiones investigadas. Por su parte, tanto Gómez como Güemes rechazan que sus relaciones profesionales estén vinculadas a presiones políticas.

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El juez pide a la UCO que investigue las cuentas de Ábalos y le cita el 18 de febrero

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José Luis Ábalos
El exministro José Luis Ábalos. EFE/Archivo

Madrid, 4 feb (EFE).- El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha pedido a la UCO un informe de la situación económico patrimonial del exministro Jose Luis Ábalos, a quien, además, ha citado para que declare el próximo 18 de febrero como investigado.

Además, el magistrado ha acordado citar a 17 testigos entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, entre ellos, los ex altos cargos de Transportes Jesús Manuel Gómez García, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, Carlos Moreno, y Joseba García Izaguirre, hermano del exasesor de Ábalos Koldo García.

También pide la testifical de Víctor Ábalos, hijo del exministro, de Carmen Pano y su hija, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Madrid, así como la expareja del exdirigente socialista Jessica Rodríguez, y a varios empresarios.

En su auto, Puente retoma las diligencias una vez obtenido el suplicatorio del Congreso y requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «a la mayor brevedad posible», un informe sobre la situación económico patrimonial del exministro y de su hijo.

Y ello, precisa, conforme resulte de la consulta de fuentes abiertas, expresivo de las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o vehículos que se hallaren registrados a nombre de uno u otro; y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes.

Además, el magistrado cita de nuevo a Ábalos para el 18 de febrero, quien ya declaró el pasado 12 de diciembre de manera voluntaria, aunque ahora ya lo hará como investigado tras la concesión del suplicatorio, y advierte de que tras la comparecencia estudiará la adopción de medidas cautelares contra él.

El juez busca comprobar las acusaciones de Aldama

El juez requiere también a la UCO un informe a partir de llamadas telefónicas que conciernen a Ábalos, Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, debiendo expresarse, además, la totalidad de los terminales o dispositivos intervenidos a cualquiera de los dos últimos en el curso de las investigaciones ya practicadas.

Con especial referencia, continúa, a los mensajes que, en este momento de la investigación, pudieran haber intercambiado, desde cualquiera de los teléfonos, Aldama con José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, el ministro Ángel Víctor Torres o subordinados de éste, el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, o con cualquier otra persona aforada ante el Tribunal Supremo.

Asimismo, pide identificar a las personas que contrataron a Jessica Rodríguez, primero en Ineco y luego en Tragsatec, empresas gestionadas por el Ministerio de Transportes.

En el auto, el juez cita para el 18 de febrero a Koldo García para una prueba caligráfica con el propósito de establecer la eventual coincidencia entre su letra y la que figura en los documentos aportados por Aldama, que ya Koldo rechazó ante el juez.

Se tratan del anexo de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que Aldama presentó en el Supremo con supuestas obras públicas preadjudicadas, y de un pantallazo que aportó para intentar probar presuntos amaños, con una nota manuscrita sujeta por una mano.

Igualmente, designará un perito para que informe sobre el valor de mercado correspondiente al piso en el Paseo de la Castellana, en Madrid, que presuntamente Ábalos adquiriría, sin contraprestación, como garantía del cumplimiento del compromiso de varias constructoras de pagar comisiones si eran adjudicatarias de contratos preadjudicados, aunque el exministro no llegó a ocupar el inmueble.

Un informe de los pisos con «señoritas»

El juez pide también a Aldama para que aporte, en un plazo de diez días, la lista de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros con mujeres en los que, según expresó, participaban el ministro Ángel Víctor Torres, Koldo y Ábalos en Madrid, así como las fechas de los contratos y estancias y pago de los mismos.

Y para que indique también si hubo algún pago a las «señoritas» a las que se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó.

También se deberá oficiar al Ministerio de Transportes para que informe acerca de los viajes oficiales, en España y el extranjero, entre los meses de noviembre de 2018 a diciembre de 2022, en los que Jessica Rodríguez pudiera haber acompañado a Ábalos, así como la identidad de la persona o el número de cuenta desde la que se abonaron los gastos generados por ella en el viaje.

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