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Bonig: «Vamos a arrasar y a gobernar, que tiemble el tripartito»

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VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) –

La presidenta del PPCV y candidata a la Generalitat, Isabel Bonig, se ha mostrado convencida de que la formación va a «ganar, arrasar y a gobernar» en la Comunitat, y ha advertido: «Que tiemble el tripartito».

En el acto de proclamación de las candidaturas autonómica y a las capitales de provincia celebrado en el Oceanogràfic con la presencia del presidente del PP, Pablo Casado, Bonig le ha dado las gracias por apoyar al PPCV «siempre, en los malos momentos y ahora», y ha asegurado: «Esta tierra te va a llevar a la Moncloa como siempre ha hecho el PP».

Bonig ha comenzado su intervención asegurando que Begoña Carrasco «será alcaldesa de Castellón», ha asegurado a María José Català que recogerá «el testigo de una gran mujer, una gran alcaldesa que le puso pasión a la vida y a la política», en referencia a Rita Barberá, y se ha referido a la «cuota masculina», Luis Barcala, que será el encargado de «hacer grande Alicante».

También ha tenido palabras para, entre otros, el presidente de la gestora de València ciudad, Luis Santamaría, y para el portavoz municipal, Eusebio Monzó, que ha «dado la cara en momentos complicados y una excelente persona».

Bonig ha destacado que los ‘populares’ creen en la Comunitat y en lo que pueden hacer «frente a las imposiciones de estos años». «Soñáis con la libertad frente al odio, la revancha y la confrontación, creéis en el diálogo, el talante, la concordia, en que juntos somos mejores», ha dicho al auditorio, que ha proferido gritos de ‘presidenta’.

El PP, ha recordado, no acaba de nacer, y su vocación ha sido siempre «el servicio público a los españoles y a los valencianos», por lo que ha pedido a los presentes hablar y presentar su proyecto, ante quienes «se fueron a otras formaciones y están pidiendo a gritos una sola razón para apoyarnos».

«Somos herederos de lo bueno y de lo malo», ha admitido la dirigente regional, que ha instado a aprender de los errores y ver en los éxitos «un espejo en el que mirarse para volver a conseguirlos». Para Bonig, hay que defender las ideas «con convicción, con valor, sin complejos», desde la confrontación de ideas, con «pasión». «Seamos un partido reformista y no reaccionario».

A su juicio, «la enfermedad política del siglo XXI es el nacionalismo, el populismo» y hay que «volver a recuperar la credibilidad en la política y en los políticos», teniendo claro que «aquí se viene a servir y nunca a ser servido» y cumpliendo lo prometido.

COMPROMISOS PARA GOBERNAR
Por ello, se ha comprometido a una rebaja de impuestos si llega al Palau, garantizar la libertad educativa en la elección de centro o la lengua, que será mérito y no requisito para acceder a la función pública, y garantizando la libre competencia y la economía de mercado, «la única que genera empleo y riqueza» frente a «lo que genera socialismo y comunismo, ruina y miseria».

«En esta comunidad la ideología y el sectarismo político han marcado el desarrollo económico, cuando gobernemos todo el mundo podrá invertir en esta tierra, no como ahora», ha aseverado.

Respecto a los servicios públicos, se ha comprometido a establecer un tiempo máximo de espera en sanidad pasado el cual el paciente podrá elegir quedarse en la red pública o ir a cualquier hospital concertado a coste cero, y ha defendido políticas en defensa de la familia.

Así mismo, ha cuestionado que quienes «dan subvenciones a entidades catalanistas» puedan dar lecciones de nada y ha advertido: «Aquí no tienen cabida tesis separatistas catalanistas, nunca formarán parte del ADN del pueblo valenciano».

«UNA COMUNITAT ABIERTA, QUE NO SEA PROVINCIANA»
«Propongo una Comunitat abierta, que mire a Europa como siempre ha mirado, que no sea provinciana, no se encierre en sí misma, que se preocupe de lo realmente importante, de nuestra agricultura, del agua, de las infraestructuras, del cambio del modelo de financiación que ya ha desaparecido de la agenda valenciana», ha destacado Bonig, una comunidad, «que la construyamos entre todos, creando un proyecto común».

Hoy, ha asegurado, empiezan «a devolver la Comunitat a todos los valencianos, sus únicos dueños, orgullosa de formar parte de una gran nación que es España». «No miréis más el pasado, el pasado es de ellos, nosotros a partir de ahora a mirar y a construir el futuro, porque lo mejor está por llegar. A ganar, ganar y ganar», ha concluido.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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