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BORM publica los servicios mínimos en la Universidad de Murcia de cara a la huelga

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Ana Cánovas

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica los servicios mínimos establecidos con motivo de la convocatoria de huelga para este viernes, 8 de marzo.

El decreto del Gobierno regional establece que para el personal docente e investigador se considerarán en servicios mínimos a quienes deban participar en la realización de pruebas e incidencias evaluables establecidas antes del pasado miércoles, y que se hayan de realizar, ineludiblemente, este viernes, 8 de marzo.

Por lo que respecta al personal de administración y servicios, se considerarán como servicios mínimos aquellos que a continuación se enumeran: control de accesos (una persona por turno en los campus de Espinardo y campus de la Merced); Animalario y Hospital Clínico Veterinario (una persona por turno); y atención a edificios y servicios (un auxiliar de servicios por edificio y turno, salvo en los edificios Cuartel de Artillería, Centro Social, Rector Soler, SAI, ATICA. Facultad de Matemáticas y Biblioteca del Campus de Espinardo, Facultad de Derecho, Facultad de Letras y Biblioteca del Campus de la Merced). En el Servicio de Actividades Deportivas habrá un auxiliar en turno de mañana.

Así como en el Registro General (una persona en turno de mañana), Secretarías del Edificio Convalecencia (dos personas) y un técnico para el quirófano de urgencias del Hospital Clínico Veterinario, en los mismos términos que en un día festivo.

Desde Secretaría General se ha informado a toda la comunidad universitaria sobre estos servicios mínimos. Además, con el fin de garantizar la compatibilidad del ejercicio del derecho de huelga con el correcto funcionamiento de la actividad académica, se pide al profesorado que trate de evitar la realización de pruebas de evaluación o actividades de obligada asistencia durante esta jornada.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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