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Valencia

El testigo clave de la ‘caja b’ del PP de Valencia se desdice y trata de exculpar a Grau

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caja b PP de Valencia
El exvicealcalde de València, Alfonso Grau, a su llegada a la Ciuda de la Justicia en 2016. ARchivo/ EFE/Manuel Bruque.

València, 24 ene (OFFICIAL PRESS-EFE).- Jesús Gordillo, el exasesor del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau que reveló las supuestas corruptelas del PP de la ciudad para la financiación de las campañas electorales de Rita Barberá de 2007 y 2011, ha ofrecido este miércoles una declaración radicalmente contraria a la que prestó ante la Guardia Civil y el juez instructor para tratar de exculpar a Grau.

A pesar de las advertencias del presidente de la Sección Segunda sobre las posibles consecuencias de un falso testimonio, este exasesor ha atribuido hoy al empresario ya fallecido Vicente Sáez la propiedad de 350.000 euros en efectivo (supuestamente destinado para sufragar gastos electorales del PP en 2007) que en fase de instrucción atribuyó a Grau. Preguntado por este cambio de versión, Gordillo ha asegurado que declaró «presionado» ante la Guardia Civil, que fue víctima de «preguntas capciosas o malintencionadas», que su situación de salud «no era buena» y que, además (esto lo ha revelado cuando llevaba más de una hora declarando), un hombre le paró «en una calle poco transitada de València» y le amenazó mostrándole una foto de sus hijos.

«Me entregó una documentación, me dijo que la llevase al fiscal, le dije que no y me enseñó una foto de mis hijos», ha señalado este testigo, antes de aclarar que tuvo la documentación dos días en casa «sin mirarla» y que finalmente decidió entregarla a una periodista, a la que pidió una copia que todavía está esperando.

La Caja B del PP

La confesión de Gordillo fue esencial en la investigación de esta parte del caso Imelsa, puesto que fue exempleado de Laterne (grupo de comunicación que trabajó para el PP en sus campañas) y además trabajó a las órdenes del exvicealcalde Alfonso Grau.

Según consta en el sumario del caso, Gordillo hizo llegar a la Fiscalía -con la mediación de un periodista- documentos y facturas de pagos efectuados por Laterne correspondientes a actos de la campaña del PP de 2007, así como un contrato del 3 de abril de 2007 en el que Grau, como «mandatario del PP de València» suscribe con la citada empresa los servicios para la campaña por 150.000 euros.

También aportó correos electrónicos en los que, al parecer, se dan instrucciones para «eliminar la referencia del PP o a actos de campaña en la facturación» de las empresas que subcontrató Laterne.

La Guardia Civil observó indicios de autenticidad en toda esa documentación, por guardar relación con las declaraciones realizadas por la empresa a la Agencia Tributaria.

Esa documentación, según declaró Gordillo a la Guardia Civil, se la quedó cuando trabajaba en Laterne por recomendación de Grau.

Según su relato en fase de instrucción, tras la campaña de 2007 Laterne no había pagado a varias de las subcontratas, por lo que Grau le ordenó que recogiese de Secopsa un cheque de 150.000 euros y le entregó 350.000 euros en billetes de 500 para hacer frente a dichas deudas.

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Valencia

Miguel Polo (CHJ) declara como testigo por la DANA: «No tenemos absolutamente nada que ocultar»

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Imagen de archivo del president de la generalitat, Carlos Mazón, y la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha comparecido este viernes ante el juzgado de Catarroja en calidad de testigo en la investigación por la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que dejó un trágico balance de víctimas mortales.

Polo ha llegado a las dependencias judiciales sobre las 9:00 horas, donde ha sido recibido por un grupo de personas que exigían responsabilidades por las 229 víctimas que, según sus pancartas, fueron consecuencia directa de una «mala gestión». A pesar del ambiente tenso, el responsable de la CHJ ha mostrado tranquilidad y firmeza:

“Venir aquí en estas condiciones no es agradable, pero no estoy nervioso ni tengo miedo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar”.

Un testimonio clave en la investigación judicial

La comparecencia de Polo se enmarca dentro de las diligencias abiertas para esclarecer las posibles responsabilidades administrativas o técnicas en la gestión del episodio extremo de lluvias que azotó la Comunitat Valenciana. Las autoridades investigan si hubo fallos de coordinación o previsión por parte de los organismos competentes, entre ellos la CHJ.

La presión ciudadana crece

A las puertas del juzgado, alrededor de una decena de manifestantes han mostrado su indignación por lo que consideran una «negligencia institucional». Entre los carteles, se podían leer mensajes como «229 vidas por vuestra incompetencia», mientras algunos asistentes increpaban verbalmente a Polo en su llegada.

«Responderé a todas las preguntas»

Polo ha asegurado que responderá a las preguntas de los medios una vez concluya su declaración ante el juez. Desde la CHJ, reiteran su colaboración total con la Justicia y defienden su actuación durante el episodio meteorológico.

Contexto de la causa

La DANA, que se produjo en otoño de 2023, provocó graves inundaciones, daños materiales y una cifra de fallecidos sin precedentes en la región. Desde entonces, familiares de las víctimas y colectivos sociales reclaman que se depuren responsabilidades y se esclarezca si la tragedia pudo haberse evitado.

La magistrada del Tribunal de Catarroja amplía el plazo de instrucción para esclarecer las muertes y daños causados por la DANA del 29 de octubre de 2024

VALÈNCIA, 17 de septiembre de 2025 – La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja ha acordado prorrogar seis meses más la investigación judicial abierta por los fallecimientos y lesiones provocados por la gota fría (DANA) que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024.

Según el auto judicial fechado este miércoles, el nuevo plazo de instrucción comenzará a contar a partir del 30 de octubre de 2025, fecha en la que expira el actual periodo de 12 meses.

Investigación prorrogada por su «gran complejidad»

La instructora fundamenta la necesidad de la prórroga en la «complejidad de la causa», debido a que aún queda por tomar declaración a decenas de perjudicados, testigos y peritos, cuya participación ya ha sido acordada previamente.

Asimismo, el juzgado está pendiente de recibir informes, oficios y grabaciones de audio y vídeo, como las correspondientes a la reunión del CECOPI del mismo día del temporal, documentos que podrían ser claves para el avance de la causa.

“La finalización de la instrucción en el plazo restante de un mes no es factible”, señala la jueza, quien considera la prórroga una medida imprescindible para garantizar la tutela judicial efectiva de todas las partes implicadas.

Declaraciones y diligencias clave en octubre

Junto al auto, el órgano judicial ha emitido una diligencia de ordenación en la que se tramitan varios escritos, entre ellos uno del presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana SA, en respuesta a un requerimiento judicial emitido el pasado 15 de septiembre.

Además, se ha procedido a citar a declarar a nuevos perjudicados durante el próximo mes de octubre, lo que confirma que el caso continúa activo y en proceso de recopilación de pruebas.

 

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