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El testigo clave de la ‘caja b’ del PP de Valencia se desdice y trata de exculpar a Grau

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caja b PP de Valencia
El exvicealcalde de València, Alfonso Grau, a su llegada a la Ciuda de la Justicia en 2016. ARchivo/ EFE/Manuel Bruque.

València, 24 ene (OFFICIAL PRESS-EFE).- Jesús Gordillo, el exasesor del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau que reveló las supuestas corruptelas del PP de la ciudad para la financiación de las campañas electorales de Rita Barberá de 2007 y 2011, ha ofrecido este miércoles una declaración radicalmente contraria a la que prestó ante la Guardia Civil y el juez instructor para tratar de exculpar a Grau.

A pesar de las advertencias del presidente de la Sección Segunda sobre las posibles consecuencias de un falso testimonio, este exasesor ha atribuido hoy al empresario ya fallecido Vicente Sáez la propiedad de 350.000 euros en efectivo (supuestamente destinado para sufragar gastos electorales del PP en 2007) que en fase de instrucción atribuyó a Grau. Preguntado por este cambio de versión, Gordillo ha asegurado que declaró «presionado» ante la Guardia Civil, que fue víctima de «preguntas capciosas o malintencionadas», que su situación de salud «no era buena» y que, además (esto lo ha revelado cuando llevaba más de una hora declarando), un hombre le paró «en una calle poco transitada de València» y le amenazó mostrándole una foto de sus hijos.

«Me entregó una documentación, me dijo que la llevase al fiscal, le dije que no y me enseñó una foto de mis hijos», ha señalado este testigo, antes de aclarar que tuvo la documentación dos días en casa «sin mirarla» y que finalmente decidió entregarla a una periodista, a la que pidió una copia que todavía está esperando.

La Caja B del PP

La confesión de Gordillo fue esencial en la investigación de esta parte del caso Imelsa, puesto que fue exempleado de Laterne (grupo de comunicación que trabajó para el PP en sus campañas) y además trabajó a las órdenes del exvicealcalde Alfonso Grau.

Según consta en el sumario del caso, Gordillo hizo llegar a la Fiscalía -con la mediación de un periodista- documentos y facturas de pagos efectuados por Laterne correspondientes a actos de la campaña del PP de 2007, así como un contrato del 3 de abril de 2007 en el que Grau, como «mandatario del PP de València» suscribe con la citada empresa los servicios para la campaña por 150.000 euros.

También aportó correos electrónicos en los que, al parecer, se dan instrucciones para «eliminar la referencia del PP o a actos de campaña en la facturación» de las empresas que subcontrató Laterne.

La Guardia Civil observó indicios de autenticidad en toda esa documentación, por guardar relación con las declaraciones realizadas por la empresa a la Agencia Tributaria.

Esa documentación, según declaró Gordillo a la Guardia Civil, se la quedó cuando trabajaba en Laterne por recomendación de Grau.

Según su relato en fase de instrucción, tras la campaña de 2007 Laterne no había pagado a varias de las subcontratas, por lo que Grau le ordenó que recogiese de Secopsa un cheque de 150.000 euros y le entregó 350.000 euros en billetes de 500 para hacer frente a dichas deudas.

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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