València, 24 ene (OFFICIAL PRESS-EFE).- Jesús Gordillo, el exasesor del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau que reveló las supuestas corruptelas del PP de la ciudad para la financiación de las campañas electorales de Rita Barberá de 2007 y 2011, ha ofrecido este miércoles una declaración radicalmente contraria a la que prestó ante la Guardia Civil y el juez instructor para tratar de exculpar a Grau.
A pesar de las advertencias del presidente de la Sección Segunda sobre las posibles consecuencias de un falso testimonio, este exasesor ha atribuido hoy al empresario ya fallecido Vicente Sáez la propiedad de 350.000 euros en efectivo (supuestamente destinado para sufragar gastos electorales del PP en 2007) que en fase de instrucción atribuyó a Grau. Preguntado por este cambio de versión, Gordillo ha asegurado que declaró «presionado» ante la Guardia Civil, que fue víctima de «preguntas capciosas o malintencionadas», que su situación de salud «no era buena» y que, además (esto lo ha revelado cuando llevaba más de una hora declarando), un hombre le paró «en una calle poco transitada de València» y le amenazó mostrándole una foto de sus hijos.
«Me entregó una documentación, me dijo que la llevase al fiscal, le dije que no y me enseñó una foto de mis hijos», ha señalado este testigo, antes de aclarar que tuvo la documentación dos días en casa «sin mirarla» y que finalmente decidió entregarla a una periodista, a la que pidió una copia que todavía está esperando.
La Caja B del PP
La confesión de Gordillo fue esencial en la investigación de esta parte del caso Imelsa, puesto que fue exempleado de Laterne (grupo de comunicación que trabajó para el PP en sus campañas) y además trabajó a las órdenes del exvicealcalde Alfonso Grau.
Según consta en el sumario del caso, Gordillo hizo llegar a la Fiscalía -con la mediación de un periodista- documentos y facturas de pagos efectuados por Laterne correspondientes a actos de la campaña del PP de 2007, así como un contrato del 3 de abril de 2007 en el que Grau, como «mandatario del PP de València» suscribe con la citada empresa los servicios para la campaña por 150.000 euros.
También aportó correos electrónicos en los que, al parecer, se dan instrucciones para «eliminar la referencia del PP o a actos de campaña en la facturación» de las empresas que subcontrató Laterne.
La Guardia Civil observó indicios de autenticidad en toda esa documentación, por guardar relación con las declaraciones realizadas por la empresa a la Agencia Tributaria.
Esa documentación, según declaró Gordillo a la Guardia Civil, se la quedó cuando trabajaba en Laterne por recomendación de Grau.
Según su relato en fase de instrucción, tras la campaña de 2007 Laterne no había pagado a varias de las subcontratas, por lo que Grau le ordenó que recogiese de Secopsa un cheque de 150.000 euros y le entregó 350.000 euros en billetes de 500 para hacer frente a dichas deudas.
Varios agentes de la Policía Nacional tras el crimen - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
El conserje del edificio, único testigo en la primera sesión, describe con detalle la vida privada de Alfonso López Benito
Este lunes ha comenzado en la Ciudad de la Justicia de València el juicio por el crimen del canónigo emérito de la Catedral de València, Alfonso López Benito, asesinado en enero de 2024 en el piso que le había cedido el Arzobispado en la calle Avellanas, en pleno centro histórico de la ciudad.
En el banquillo de los acusados se sienta Miguel Tomás V. N., un hombre sin hogar, único detenido y procesado por estos hechos. El caso será juzgado por un jurado popular compuesto por nueve titulares y dos suplentes, ya constituido tras una compleja selección marcada por numerosas excusas de los candidatos.
La Fiscalía sostiene que el acusado tuvo una “participación directa y decisiva”
Tras la constitución del jurado, el fiscal Antonio Gastaldi ha explicado su tesis acusatoria, manteniendo que el procesado estuvo en la vivienda el día de los hechos, facilitó la entrada al autor material del crimen y se aprovechó económicamente de la víctima. Aunque la Fiscalía ha rebajado su calificación inicial —de autor material a cooperador o cómplice—, insiste en que su implicación fue “directa, eficaz y decisiva”.
Por su parte, la defensa, ejercida por el letrado Jorge Carbó, ha reclamado el respeto a la presunción de inocencia y ha denunciado una investigación policial “incompleta y sesgada”. Según Carbó, se señaló a un culpable desde el inicio y después se intentó ajustar la investigación a esa hipótesis, sin hallar pruebas concluyentes de la presencia del acusado en la vivienda.
El portero, único testigo: “Era muy frecuente que subieran chicos necesitados”
La primera sesión del juicio ha contado con un único testigo: el conserje del edificio de la calle Avellanas, quien ha ofrecido un relato minucioso de las costumbres sexuales del canónigo y del ambiente que rodeaba la vivienda.
Según su testimonio, Alfonso López Benito vivía solo desde finales de 2017, aunque ocasionalmente convivía con un hombre rumano que ejercía labores de protección frente a los jóvenes que acudían al piso. “Había etapas en las que subían muchos chicos, casi siempre personas muy necesitadas, con adicciones y en una situación muy vulnerable”, ha señalado.
El portero ha explicado que, en una etapa posterior, el sacerdote intentaba que los encuentros se produjeran fuera de su horario laboral para evitar conflictos con los vecinos, que estaban “hartos” de la situación.
“Le prometió 60 euros por sexo oral, pero solo le pagó 40”
Uno de los momentos más impactantes de la declaración ha sido el relato de un joven que bajó del piso llorando y visiblemente afectado. Según el testigo, el chico le confesó que el canónigo le había ofrecido 60 euros a cambio de una felación, pero que finalmente solo le pagó 40.
“Me dijo que aceptó por pura necesidad y que se sintió humillado”, ha recordado el conserje, quien también ha relatado amenazas y episodios de tensión protagonizados por algunos de los hombres que acudían a la vivienda.
El día del crimen: mensajes enviados desde el móvil del canónigo ya fallecido
El conserje también ha reconstruido el día en que se descubrió el cadáver, el 23 de enero de 2024. Esa mañana recibió un mensaje desde el teléfono del canónigo que no le resultó extraño, ya que mantenían cierta confianza. Sin embargo, horas después, un amigo íntimo del sacerdote acudió preocupado al edificio al no lograr contactar con él.
Ambos subieron al piso y, tras abrir con la llave, encontraron a Alfonso López Benito muerto en la cama, con signos evidentes de violencia. Poco después, el portero recibió un segundo mensaje desde el mismo teléfono: “Miguel, está todo bien”. “Fue aterrador: acababa de ver a una persona muerta y me estaba escribiendo”, ha declarado.
Un carácter difícil y una vida cada vez más aislada
El testigo ha descrito al canónigo como una persona de carácter complicado, con escasa relación con el Arzobispado y frecuentes críticas hacia la jerarquía eclesiástica. “Tenía un carácter jodido”, ha afirmado, recordando también conflictos con vecinos durante la pandemia por su negativa a usar mascarilla.
A pesar de mantener una relación cordial con él, el conserje ha reconocido que le producía “asco” la situación que vivía el sacerdote y que se prolongó durante años sin que nadie pusiera freno.
El juicio continuará hasta el 3 de febrero
Tras esta primera sesión, el magistrado ha dado por concluida la jornada y ha citado al jurado para continuar este martes. El acusado, que se ha mostrado tranquilo durante la vista, ha sido trasladado a la prisión de Picassent, desde donde será conducido diariamente mientras dure este juicio, uno de los más mediáticos y controvertidos de los últimos años en València.
Alfonso López Benito-AVAN / A. Sáiz
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