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Calvo dice que España «no puede volver» al confinamiento de marzo

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EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 22 ene (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este viernes que España «no puede volver» a un confinamiento domiciliario como el de marzo del año pasado y ha remarcado que las comunidades autónomas tienen todavía medidas «por agotar» para combatir la pandemia al amparo del decreto de alarma.

Calvo ha admitido que el país tiene unas cifras «evidentemente preocupantes» en la evolución del coronavirus, pero también ha apuntado que son «mejores» que las de otros países europeos, según ha manifestado en la Biblioteca Nacional, donde ha participado en un homenaje a la filóloga María Moliner.

Ha recalcado que dentro de lo establecido en el decreto que regula el estado de alarma, en vigor hasta el mes de mayo, «quedan todavía elementos por agotar» por parte de las comunidades autónomas, al permitir esta norma «diferentes posibilidades» de decisión dentro de sus competencias.

Es en el Consejo Interterritorial de Salud donde, ha recordado, se adoptan estas decisiones «siempre tratando de cooperar y de coordinarnos de la mejor manera posible», y teniendo siempre en cuenta que cada territorio puede actuar de manera diferente para afrontar su situación.

Eso sí, ha hecho hincapié en que esta coordinación debe ejecutarse con «lealtad», algo «muy importante para trabajar en un país descentralizado como el nuestro», ha señalado.

Ha apuntado también la vicepresidenta que España es el segundo país de Europa por número de vacunaciones y el séptimo del mundo y que lo que ahora corresponde es «poner el foco» en mejorar el ritmo de la administración de vacunas.

Y no ha olvidado reprobar a los cargos públicos que se han vacunado saltándose los protocolos y aprovechando su situación, una conducta que ha tachado de «nada ejemplar» y «completamente reprochable» así como una muestra de «absoluta indignidad».

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El Tribunal Supremo juzga desde este martes a Ábalos, Koldo y Aldama por el caso mascarillas: penas de hasta 24 años

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Caso Koldo-Ábalos
El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar del juicio en el Tribunal Supremo, en Madrid

José Luis Ábalos amenaza con destapar a Begoña Gómez y Ángel Víctor Torres tras entrar en prisión

El Tribunal Supremo inicia este martes el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama, en una de las causas más relevantes vinculadas a la gestión de material sanitario durante la crisis del Covid-19.


🏛️ Un juicio clave por presunta corrupción en pandemia

El proceso se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos desde el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021, especialmente durante los meses más críticos de la pandemia.

Según el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, los acusados habrían actuado de forma coordinada para favorecer adjudicaciones a empresas concretas a cambio de beneficios económicos, aprovechando la posición de poder de Ábalos como ministro.

La acusación sostiene que los tres “convinieron” utilizar su influencia para intervenir en contratos públicos “en cuantas ocasiones hubiera oportunidad”, con un claro ánimo de enriquecimiento.


🔎 Una presunta trama con “vocación de permanencia”

La Fiscalía describe una organización estructurada que habría operado durante años dentro del entorno del Ministerio.

Según el escrito de acusación:

  • Existía un reparto de funciones entre los implicados
  • La trama contaba con apoyos puntuales de funcionarios y empresarios
  • Se extendió a otras administraciones públicas

El Ministerio Público considera que la red tenía una “vocación de permanencia”, manteniéndose activa hasta la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio en julio de 2021.


💼 El papel de cada acusado

La Fiscalía sitúa a Ábalos como figura central de la trama, al que los otros implicados consideraban “el jefe”.

  • Ábalos: aportaba influencia política y capacidad de decisión
  • Koldo García: actuaba como hombre de confianza y ejecutor
  • Aldama: intermediaba con empresas y gestionaba contratos

Según Anticorrupción, Koldo llegó a ejercer como “alter ego” del exministro, actuando incluso como presunto testaferro en la gestión de fondos.

Por su parte, Aldama habría tenido una “interlocución privilegiada” con el Ministerio, facilitando contratos a empresas a cambio de comisiones.


💰 Pagos, contratos y beneficios económicos

La investigación apunta a que los implicados habrían recibido:

  • Pagos mensuales de hasta 10.000 euros
  • Alquileres de viviendas para ellos o sus parejas
  • Beneficios económicos derivados de contratos públicos

Además, se les acusa de delitos como:

  • Organización criminal
  • Cohecho
  • Tráfico de influencias
  • Malversación
  • Uso de información privilegiada

⚖️ Peticiones de cárcel y situación de los acusados

La Fiscalía reclama:

  • 24 años de prisión para Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama, que ha confesado parcialmente

Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición a 30 años de cárcel para Ábalos y su exasesor.

Ábalos y Koldo permanecen en prisión provisional desde noviembre y defienden su inocencia.


🧑‍⚖️ Más de 70 testigos y un mes de juicio

El juicio se celebrará a lo largo de 13 sesiones durante el mes de abril, con más de 70 testigos.

Entre ellos figuran:

  • Ángel Víctor Torres, actual ministro
  • Francina Armengol, presidenta del Congreso
  • Ex altos cargos de Transportes
  • Agentes de la UCO de la Guardia Civil

Ambos dirigentes declararán por escrito, tal y como permite la ley.

Los acusados prestarán declaración previsiblemente el 28 de abril.


🦠 Contexto: contratos de mascarillas en pandemia

El caso se remonta a los primeros meses del Covid-19, cuando la urgencia por adquirir material sanitario llevó a múltiples administraciones a firmar contratos de emergencia.

La Fiscalía sostiene que Aldama aprovechó esa situación para detectar necesidades, proponer empresas y canalizar adjudicaciones en distintos territorios, incluidos Canarias y Baleares.

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