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Camps cree que hay «sobradas razones» para que el juez rechace la petición de Anticorrupción de investigarle

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VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) – Pablo Delgado, abogado del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, defiende que existen «sobradas razones» para que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata rechace la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar al exdirigente del PP valenciano por presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel, concretamente con Orange Market, entre ellas, que es una cuestión «cerrada jurídicamente» en diversas resoluciones judiciales.

Así lo señala en un comunicado tras conocerse que Anticorrupción ha presentado este martes un escrito ante el juez De la Mata en el que solicita la investigación de Camps en esa causa. El letrado del expresidente se remite al comienzo del ‘caso Gürtel’ para afirmar que esta Fiscalía intentó tanto que el juez que instruyó la conocida como ‘causa de los trajes’ –en el que resultó absuelto por un jurado popular, decisión ratificada por el Supremo– así como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana imputaran a Camps en las adjudicaciones a Orange Market, mercantil que gestionaba Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’.

En esta línea, subraya que el juez instructor rechazó en cuatro autos esa pretensión (el 29 de mayo, 6 de junio, 14 de julio y 16 de julio de 2009) y también el TSJCV hizo lo mismo en autos de fecha 19 de junio de 2009 y 25 de mayo y 4 de julio de 2011.

Por ello, la defensa de Francisco Camps entiende que esta cuestión está «cerrada jurídicamente» por la «inmensa relación» de autos que jueces y magistrados «emitieron en su momento en contra de la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación del PSOE».

NINGUNA INSTRUCCIÓN DE CONTRATACIONES
En esta línea, añade que el 26 de mayo de 2009, 37 altos cargos de la administración autonómica, entre los que se incluyen algunos de los que pueden ser llamados a declarar en esta nueva petición de la Fiscalía Anticorrupción, «negaron recibir instrucción alguna en las contrataciones realizadas a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y del juez instructor».

Asimismo, recalca que en el juicio oral en la ‘causa de los trajes’ «todos los testigos, altos cargos de la administración autonómica, volvieron a negar recibir instrucción alguna para las adjudicaciones realizadas» y también en la instrucción de esta causa «nuevamente se ha negado que por parte de nadie se haya recibido instrucción alguna para la toma de decisión del órgano de contratación correspondiente».

El letrado agrega que la Abogacía de la Generalitat realizó en el año 2009 un informe sobre cada uno de los contratos a esta mercantil y a otras relacionadas con la misma «justificando la legalidad del procedimiento».

Por ello, sostiene que hay «sobradas razones» para que de las declaraciones de un procesado en la causa en la financiación del PP «en las que además no hace referencia alguna a las contrataciones de la administración, el juez instructor que no es el que fue, el que instruyó la causa en Valencia, rechace la petición de la Fiscalía Anticorrupción».

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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