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Valencia

La secretaria de Camps: «nunca lo vi hablar con El Bigotes»

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Camps Gürtel secretaria
El expresident de la Generalitat Francisco Camps atiende a los medios a las puertas de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. EFE/Fernando Villar

Madrid, 19 sep (OFFICIAL PRESS – EFE).- El tribunal que juzga al expresident de la Generalitat Francisco Camps por la trama Gürtel ha rechazado la abstención formulada por un ex alto cargo autonómico que ha revelado que le encargaron desde la Generalitat un informe «en defensa» de la administración tras las sospechas de la Policía sobre el caso Gürtel.

El tribunal de Gürtel rechaza la abstención del autor de un informe a favor de la Generalitat

La Audiencia Nacional ha considerado que Jesús Emilio Torrejón, el ex director general de la Abogacía General de la Generalitat, citado como perito la semana que viene en el juicio «no tiene capacidad legal de abstenerse» y tiene «la obligación legal de comparecer».

De esta forma ha rechazado la sección segunda de lo Penal la solicitud de este ex alto cargo para que se anulase su citación y se retirase del procedimiento el informe que elaboró y que obra en la causa, al considerar que se realizó «desde una perspectiva de defensa de la legalidad de la actuación de la Administración» valenciana.

Torrejón argumentó en un escrito remitido al tribunal que la entonces abogada general de la Generalitat le pidió que elaborase un informe «para analizar» y «dar una respuesta jurídica» al que había realizado previamente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que «ponía en entredicho la celebración de una serie de contratos» de la Generalitat en el marco del caso Gürtel.

Para hacerlo, explicaba en su escrito, no tuvo acceso a dichos contratos, sino solo al informe de la UDEF, de modo que entiende que la inclusión del trabajo que realizó en el juicio «busca de forma indirecta defender la posición jurídica de los investigados», algo que impide en la ley.

Primera jornada después del verano

Durante la jornada de este martes, la primera celebrada tras el parón del verano, el tribunal ha escuchado a los últimos testigos, entre ellos a quien fuese secretaria de Camps durante ocho años, que ha asegurado que nunca vio al expresident reunirse con el empresario de Gürtel, Álvaro Pérez, El Bigotes.

Su nombre, ha dicho, nunca figuró en ninguna de las agendas del expresidente valenciano, y ha asegurado que ni lo vio en el Palau de la Generalitat ni le pasó nunca ninguna llamada suya, ni vio a Camps hablando con él.

Ha explicado que nadie podía acceder al Palau si no estaba en la agenda, aunque más tarde ha admitido que si llegaba alguien que decía que tenía una reunión y no estaba en agenda, las secretarias o asesores le atendían y le avisaban por si podía ser atendido en otro momento.

En cualquier caso, ha insistido en que «no había imprevistos» en la agenda del expresident, y ha subrayado que «nunca» ha recibido un regalo de la empresa de Gürtel en Valencia, Orange Market, ni tiene «noticia de que nadie de Presidencia lo hubiera recibido».

Además de Camps, para quien la Fiscalía pide 2 años y medio de prisión y 10 de inhabilitación, más de una veintena de acusados se sientan en el banquillo en este juicio, que la Audiencia Nacional reanuda este martes, por presuntas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel, incluidos varios exconsellers y ex altos cargos de la administración valenciana.

 

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Valencia

Última hora sobre el cierre de los restaurantes de La Marina de València

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restaurantes Marina València
Restaurante El Camarote en La Marina - ASOCIACIÓN MARINA PREMIUM

La Asociación Marina Premium defiende la continuidad de la actividad hasta resolución judicial

València, 15 de mayo de 2025.
Los cuatro restaurantes ubicados en La Marina de València cuyas concesiones no han sido renovadas por el Ayuntamiento han asegurado que seguirán abiertos, tras reconocer el propio consistorio que cualquier actuación sobre los contratos debe abordarse por la vía civil.

Según ha informado la Asociación Marina Premium, el Ayuntamiento ha admitido un error en la tramitación del expediente de desalojo del restaurante Vlue Arribar, lo que —según la entidad— impide legalmente ordenar un cierre inmediato. En consecuencia, el conflicto se remite a la jurisdicción civil, tal y como figura en la resolución del recurso tratado en la Junta de Gobierno Local del 9 de mayo.

“El Ayuntamiento no puede actuar de forma unilateral”, señalan los abogados

Desde la defensa legal de los establecimientos, se advierte de que mientras no exista sentencia civil que declare la extinción del contrato y su ejecución, no puede imponerse el desalojo de forma arbitraria. Según el letrado de la asociación, el cierre fijado inicialmente para el 31 de mayo “queda sin efecto” hasta que lo determine un juzgado de lo civil.

Asimismo, critica que el Ayuntamiento insista en acordar de manera unilateral “un cierre ilícito sin posibilidad de alegaciones y mediante fuerza pública”, lo que califica como una situación de indefensión que vulnera la legalidad vigente.

Impacto económico y acusaciones de agravio

El presidente de la asociación, Ángel Brández, ha explicado que no cuestionan la reversión de los locales a la Autoridad Portuaria de València (APV), pero sí rechazan el cierre anticipado por parte del Ayuntamiento. A su juicio, la decisión afectaría negativamente a la economía local:

“Cerrar estos locales supondría perder más de 150.000 euros en rentas de alquiler que podrían destinarse a proyectos municipales. Además, se destruirían empleos y negocio”.

Brández también alertó del riesgo de vandalismo durante los meses de verano si los locales quedan cerrados, lo que obligaría al consistorio a establecer vigilancia policial las 24 horas.

En su defensa, Marina Premium rechaza las acusaciones del Ayuntamiento que, según afirma, les vincula con la promoción del botellón, la inseguridad y el turismo low cost. La asociación defiende que su oferta gastronómica “supera la media local” y aporta valor a la imagen turística de La Marina.

El Ayuntamiento responde: “Se trata de un tema menor administrativo”

Por su parte, el Ayuntamiento de València ha restado importancia al asunto, calificando el error administrativo como “un tema menor”. A través de un comunicado a Europa Press, asegura que ejercerá las acciones civiles correspondientes, ya que en la renovación del contrato original se especificaban las fechas de cese de actividad y la devolución de los inmuebles.

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