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Valencia

La secretaria de Camps: «nunca lo vi hablar con El Bigotes»

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Camps Gürtel secretaria
El expresident de la Generalitat Francisco Camps atiende a los medios a las puertas de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. EFE/Fernando Villar

Madrid, 19 sep (OFFICIAL PRESS – EFE).- El tribunal que juzga al expresident de la Generalitat Francisco Camps por la trama Gürtel ha rechazado la abstención formulada por un ex alto cargo autonómico que ha revelado que le encargaron desde la Generalitat un informe «en defensa» de la administración tras las sospechas de la Policía sobre el caso Gürtel.

El tribunal de Gürtel rechaza la abstención del autor de un informe a favor de la Generalitat

La Audiencia Nacional ha considerado que Jesús Emilio Torrejón, el ex director general de la Abogacía General de la Generalitat, citado como perito la semana que viene en el juicio «no tiene capacidad legal de abstenerse» y tiene «la obligación legal de comparecer».

De esta forma ha rechazado la sección segunda de lo Penal la solicitud de este ex alto cargo para que se anulase su citación y se retirase del procedimiento el informe que elaboró y que obra en la causa, al considerar que se realizó «desde una perspectiva de defensa de la legalidad de la actuación de la Administración» valenciana.

Torrejón argumentó en un escrito remitido al tribunal que la entonces abogada general de la Generalitat le pidió que elaborase un informe «para analizar» y «dar una respuesta jurídica» al que había realizado previamente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que «ponía en entredicho la celebración de una serie de contratos» de la Generalitat en el marco del caso Gürtel.

Para hacerlo, explicaba en su escrito, no tuvo acceso a dichos contratos, sino solo al informe de la UDEF, de modo que entiende que la inclusión del trabajo que realizó en el juicio «busca de forma indirecta defender la posición jurídica de los investigados», algo que impide en la ley.

Primera jornada después del verano

Durante la jornada de este martes, la primera celebrada tras el parón del verano, el tribunal ha escuchado a los últimos testigos, entre ellos a quien fuese secretaria de Camps durante ocho años, que ha asegurado que nunca vio al expresident reunirse con el empresario de Gürtel, Álvaro Pérez, El Bigotes.

Su nombre, ha dicho, nunca figuró en ninguna de las agendas del expresidente valenciano, y ha asegurado que ni lo vio en el Palau de la Generalitat ni le pasó nunca ninguna llamada suya, ni vio a Camps hablando con él.

Ha explicado que nadie podía acceder al Palau si no estaba en la agenda, aunque más tarde ha admitido que si llegaba alguien que decía que tenía una reunión y no estaba en agenda, las secretarias o asesores le atendían y le avisaban por si podía ser atendido en otro momento.

En cualquier caso, ha insistido en que «no había imprevistos» en la agenda del expresident, y ha subrayado que «nunca» ha recibido un regalo de la empresa de Gürtel en Valencia, Orange Market, ni tiene «noticia de que nadie de Presidencia lo hubiera recibido».

Además de Camps, para quien la Fiscalía pide 2 años y medio de prisión y 10 de inhabilitación, más de una veintena de acusados se sientan en el banquillo en este juicio, que la Audiencia Nacional reanuda este martes, por presuntas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel, incluidos varios exconsellers y ex altos cargos de la administración valenciana.

 

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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