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Valencia

La secretaria de Camps: «nunca lo vi hablar con El Bigotes»

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Camps Gürtel secretaria
El expresident de la Generalitat Francisco Camps atiende a los medios a las puertas de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. EFE/Fernando Villar

Madrid, 19 sep (OFFICIAL PRESS – EFE).- El tribunal que juzga al expresident de la Generalitat Francisco Camps por la trama Gürtel ha rechazado la abstención formulada por un ex alto cargo autonómico que ha revelado que le encargaron desde la Generalitat un informe «en defensa» de la administración tras las sospechas de la Policía sobre el caso Gürtel.

El tribunal de Gürtel rechaza la abstención del autor de un informe a favor de la Generalitat

La Audiencia Nacional ha considerado que Jesús Emilio Torrejón, el ex director general de la Abogacía General de la Generalitat, citado como perito la semana que viene en el juicio «no tiene capacidad legal de abstenerse» y tiene «la obligación legal de comparecer».

De esta forma ha rechazado la sección segunda de lo Penal la solicitud de este ex alto cargo para que se anulase su citación y se retirase del procedimiento el informe que elaboró y que obra en la causa, al considerar que se realizó «desde una perspectiva de defensa de la legalidad de la actuación de la Administración» valenciana.

Torrejón argumentó en un escrito remitido al tribunal que la entonces abogada general de la Generalitat le pidió que elaborase un informe «para analizar» y «dar una respuesta jurídica» al que había realizado previamente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que «ponía en entredicho la celebración de una serie de contratos» de la Generalitat en el marco del caso Gürtel.

Para hacerlo, explicaba en su escrito, no tuvo acceso a dichos contratos, sino solo al informe de la UDEF, de modo que entiende que la inclusión del trabajo que realizó en el juicio «busca de forma indirecta defender la posición jurídica de los investigados», algo que impide en la ley.

Primera jornada después del verano

Durante la jornada de este martes, la primera celebrada tras el parón del verano, el tribunal ha escuchado a los últimos testigos, entre ellos a quien fuese secretaria de Camps durante ocho años, que ha asegurado que nunca vio al expresident reunirse con el empresario de Gürtel, Álvaro Pérez, El Bigotes.

Su nombre, ha dicho, nunca figuró en ninguna de las agendas del expresidente valenciano, y ha asegurado que ni lo vio en el Palau de la Generalitat ni le pasó nunca ninguna llamada suya, ni vio a Camps hablando con él.

Ha explicado que nadie podía acceder al Palau si no estaba en la agenda, aunque más tarde ha admitido que si llegaba alguien que decía que tenía una reunión y no estaba en agenda, las secretarias o asesores le atendían y le avisaban por si podía ser atendido en otro momento.

En cualquier caso, ha insistido en que «no había imprevistos» en la agenda del expresident, y ha subrayado que «nunca» ha recibido un regalo de la empresa de Gürtel en Valencia, Orange Market, ni tiene «noticia de que nadie de Presidencia lo hubiera recibido».

Además de Camps, para quien la Fiscalía pide 2 años y medio de prisión y 10 de inhabilitación, más de una veintena de acusados se sientan en el banquillo en este juicio, que la Audiencia Nacional reanuda este martes, por presuntas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel, incluidos varios exconsellers y ex altos cargos de la administración valenciana.

 

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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