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Las 15 carreras universitarias con la mayor y la menor tasa de paro

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EFE/Biel Aliño

Madrid, (OFFICIAL PRESS-EFE).- Cinco años después de graduarse, el 90 % de los universitarios están trabajando, pero hay grandes diferencias en función de la titulación: del apenas 1 % de paro entre los podólogos al 26 % entre los conservadores y restauradores del patrimonio, según un informe de Randstad Research y la Universidad CEU San Pablo.

De esta manera, los porcentajes de empleo varían sensiblemente por áreas de estudio, del 96,3% en informática al 77,1% de humanidades, destaca el estudio “Jóvenes universitarios y empleabilidad”, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística.

Importantes diferencias entre las autonomías

El análisis, presentado esta semana, también detecta importantes diferencias en cuanto a la tasa de paro entre autonomías, donde se observa disparidad entre el paro de los graduados y la tasa en la población general, que no siempre varía en función del índice de desempleo en cada comunidad.

El mayor número de desempleados a los cinco años de acabar sus estudios de educación superior se encuentran en Andalucía, seguidos de los de Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Galicia y Murcia.

Algunas carreras sin paro

Por otro lado, explica el informe, la situación laboral en 2019 de los graduados universitarios de 2013-14 muestran tasas de desempleo apenas inexistentes para algunas titulaciones, como podología o ingeniería electrónica y aeronáutica.

Y otras por encima de media

A la inversa, otras titulaciones sufrían una tasa de desempleo superior a la de la población en general -por encima del 14,1% en 2019- como ciencias del mar, historia, literatura, filosofía comunicación o bioquímica.

“Si bien puede afirmarse que la educación universitaria favorece una tasa de desempleo menor a la media en la gran mayoría de las titulaciones, no puede decirse que esto ocurra en todos los casos”, advierte el estudio de Randstad y la Universidad San Pablo CEU.

Las carreras universitarias con menor y mayor tasa de paro

Así, las titulaciones con menor tasa de paro según la situación laboral de los graduados son: con 0%, servicio de transporte terrestre y aéreo, seguida de ingeniería electrónica con un 0.9%, podología con un 1% y en cuarto lugar aeronáutica con un 1.6%.

La lista la completan: ingeniería biomédica, 1,8%; medicina, 2,1%; ingeniería de computadores, 2,2%; informática, 2,2%; nutrición y dietética, 2,4%; ingeniería en tecnología industrial, 2,6%; desarrollo de software e ingeniería multimedia, 2.6%; ingeniería química, industrial y medioambiental, 2,8%; farmacia, 3%; y odontología, 3,2%.

En el lado contrario encontramos: conservación y restauración con una tasa de paro del 25,8%, seguida por filosofía con un 18,4% y literatura con un 17,3%.

En la lista se encuentran además: historia (16,7%); lenguas modernas y aplicadas (16,7%); historia del arte (16,6%); bioquímica (16,5); bellas artes (16,4%); comunicación (15,7%).

Cierran, por este orden, ciencias del mar, con un 15,4%; educación infantil, con un 14,9%; información y documentación, con un 14,1%; ingeniería geomática, topografía y cartografía, también con un 14,1%; finanzas y contabilidad, con 13,5%; y por último, arqueología, con un 13.3%.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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