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Català quiere «recuperar» València para el PP y que la ciudad «siempre esté al servicio de España»

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VALÈNCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) –

La candidata a la alcaldía de València por el Partido Popular, María José Català ha asegurado que quiere «recuperar» la ciudad «para el PP» porque cree que «España necesita» a València, al tiempo que ha asegurado que quiere una ciudad que «siempre esté al servicio de España». Así lo ha asegurado durante la Convención Nacional del PP, en Madrid, donde se ha dirigido al presidente del PP, Pablo Casado, a quien ha dicho: «Te prometo, Pablo, València. Te prometo pasión y talento al servicio de España».

Català, junto al resto de candidatos a la alcaldía de las capitales provinciales de España, ha participado este sábado en un acto en el marco de la Convención Nacional del PP, donde cada alcaldable ha presentado brevemente su proyecto para los comicios municipales que se celebran en mayo. También han intervenido los candidatos en Alicante, el actual alcalde, Luis Barcala; y en Castelló, la portavoz del grupo municipal, Begoña Carrasco.

La candidata valenciana ha manifestado que el PP le ha dado «la oportunidad de ser la próxima alcaldesa de València» y ha asegurado que quiere una ciudad que tenga capacidad de «atracción de innovación» y que sea una «ciudad luminosa, para la gente joven, para los niños».

Así, quiere una «ciudad de pasión y de fuego» que «respete sus tradiciones y su cultura». «Quiero una ciudad donde no se imponga a nadie su ideología, ni que reescriban su historia. Quiero la ciudad romana que tiene una historia clara que nadie puede cambiar», ha manifestado.

Por su parte, Barcala ha apostado por «convertir Alicante en la capital mediterránea de la industria tecnológica, la innovación digital y de la nueva economía urbana». «Esa es la gran apuesta, no es un farol», ha exclamado el alcalde de Alicante.

El primer edil, que alcanzó la alcaldía en abril del pasado año tras la dimisión del alcalde socialista Gabriel Echávarri, ha indicado que asumió la alcaldía «después de un desastroso tripartito de izquierdas» y ha asegurado que «en ocho meses» han «hecho mucho más que ese tripartito en tres años». «En cuatro años transformaremos la ciudad, no es una promesa, es una realidad», ha manifestado.

Durante su intervención, la alcaldable ‘popular’ por Castelló, Begoña Carrasco, ha asegurado que quiere devolver a la ciudad «la luz y la ilusión» que, en su opinión, «ha perdido» después del gobierno de coalición entre PSOE y Compromís con el apoyo de Castelló en Moviment.

Según Carrasco, Castelló está «paralizada, estancada», y ella tiene un «gran proyecto de ciudad» para «una ciudad de primera». Así, ha propuesto convertir la capital de la Plana en «una ciudad del deporte y el bienestar».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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