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CIS| El PSOE sería la fuerza más votada en la Comunitat en las generales

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VALÈNCIA, 31 Ene – El Partido Socialista sería la primera fuerza en la Comunitat Valenciana si mañana se celebraran elecciones generales, teniendo en cuenta tanto la intención de voto como la simpatía, con un 27,6%, seguido de Compromís-Podemos (19,4%), Ciudadanos (13,5%) y el PP (13,2%), según el barómetro de enero publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, los socialistas recibirían el 22,4% en intención de voto y el 15,2% en simpatía; Compromís-Podemos el 16,1% en voto y en simpatía el 5,4% la coalición y el 1,8% la formación morada; la formación naranja el 9,5% y el 11,6%, respectivamente, y los ‘populares’ el 8,6% y el 12,5%.

El PSOE obtendría así en la Comunitat, según los datos del CIS, los quintos mejores datos a nivel nacional, por detrás de Melilla (40%), Extremadura (31,6%), Cantabria (30%) y Canarias (28,6%), teniendo en cuenta la intención de voto y la simpatía.

Por su parte, la irrupción de Vox en la región rondaría el 4,9% –4,3% en intención de voto y 1,8% en simpatía– como quinta fuerza tras los cuatro partidos anteriores, si bien la encuesta recoge que el 12,8% de los valencianos no votaría en las generales y el 1% todavía no sabe por qué opción decantarse.

Sobre qué partido refleja mejor las ideas de los votantes de la Comunitat, el barómetro refleja que el 26,6% eligen al PSOE, el 12,8% al PP, el mismo porcentaje Ciudadanos, el 7,2% a Compromís, el 4,6% a Podemos y el 3,3% a Vox.

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
A la pregunta sobre la fórmula alternativa de organización del Estado que preferirían los valencianos, casi la mitad (47,4%) expresa su preferencia por el autonómico actual, un porcentaje que ha subido casi 16 puntos en un mes respecto al 31,6% del CIS de diciembre. Mientras tanto, el 19,1% se inclina por un único Gobierno central sin autonomías, frente al 30,3% que apoyaba esta opción hace un mes.

Seguidamente, el 13,2% opta por un país en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad, frente al 10,5% que apuesta por la opción contraria. El 4,6% de los ciudadanos de la Comunitat se muestra favorable a reconocer a las regiones al posibilidad de convertirse en estados independientes.

La opción preferida de los valencianos, mantener la España autonómica actual, destaca en la mayoría de comunidades. Por delante de la Comunitat, se coloca esta opción en Melilla (80%), Galicia (63,3%), La Rioja (61,9%), Andalucía (58,2%), Murcia (56,3%) Canarias (54,9%), Asturias (53,3%) y Extremadura, con el mismo 47,4%. La media nacional de esta respuesta recibe el 42,2%.

Respecto a sus sentimientos, el 63,2% de los españoles afirma sentirse tan español como valenciano, un porcentaje que ha subido casi cinco puntos respecto al CIS de diciembre (58,6%). El 20,4% se siente únicamente español (también cinco puntos más que hace un mes), el 5,3% más valenciano que español (casi tres puntos menos), el 3,9% más español que valenciano (casi cuatro puntos menos) y el 1,6% únicamente valenciano (casi la mitad). El 5,6% afirma que ninguna de estas opciones le representa.

Información: EuropaPress

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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