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Comienza el juicio contra la excúpula del PP de Camps por su presunta financiación ilegal

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(EUROPA PRESS)El juicio contra la excúpula del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) liderada por Francisco Camps arranca este lunes, 15 de enero, para analizar si la formación política pagó con dinero negro a la empresa vinculada a la trama Gürtel, Orange Market, los actos de campaña relativos a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a 20 personas acusadas de delitos electorales, falsificación de documentos mercantiles y contra la Hacienda Pública, entre los que se encuentran el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; su ‘numero dos’, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. El juicio se dirige también en contra cinco ex altos cargos ‘populares’ valencianos como Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El resto de acusados son empresarios sospechosos de financiar de forma irregular a la formación política, como el exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.

Precisamente todos los empresarios salvo Blanco Balín, considerado ‘cerebro’ financiero de la red corrupta, han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción tras reconocer que han realizado distintos abonos al PPCV con ocasión de las citadas campañas electorales.

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Este juicio de la trama Gürtel, que tanto ha condicionado la agenda política de los últimos años, es el segundo que celebra la Audiencia Nacional. El primero de ellos fue el relacionado con la primera época de actividades de la red liderada por Correa (1999-2005), que aún está pendiente de conocerse la sentencia.

Ahora el magistrado José María Vázquez Honrubia se encargará de juzgar los hechos investigados en las piezas 1,2 y 6 de la rama valenciana de la causa. El fiscal recuerda en su escrito de acusación que Correa controló un grupo de empresas que «aprovechó» el acceso a «determinadas personas» que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.

Por ello, Fiscalía pide para Correa y Crespo 24 años y medio de prisión; mientras que para ‘El Bigotes’ solicita 27 años de prisión. Estos tres se encuentran ya en prisión cumpliendo la condena de hasta 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Para los exaltos cargos del PP valenciano solicita siete años y nueve meses de cárcel, menos para la extesorera del PPCV Yolanda García, que sólo se enfrenta a seis meses de prisión. En cuanto a los empresarios arrepentidos han aceptado las penas que oscilan entre 15 y 21 meses.

CORREA BUSCA LA REBAJA DE SU PENA

Por su parte, el líder de la Gürtel también busca una rebaja de su pena. Unos días antes del comienzo de la vista oral remitió un escrito al juez en el que reconoció que los servicios que Orange Market prestaron a los ‘populares’ valencianos fueron abonados «mediante facturas correctas; mediante pagos en ‘b’ y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas».

Anticorrupción explica que a finales de 2006 el PPCV contrató a Orange Market S.L., cuyo responsable era Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ para preparar los actos electorales. El fiscal subraya que los acusados «no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente» y que con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los servicios se abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros.

La única cuantía declarada por Orange Market y por el PPCV en relación a los procesos electorales son 175.000 euros, correspondiente a la organización de actos con motivo de las elecciones autonómicas de 2007. Sin embargo, la Fiscalía entiende que fue «muy superior» el servicio que el partido encargó y recibió de esta empresa.

DOS AÑOS DESPUÉS DE QUE EL JUEZ LES SENTASE EN EL BANQUILLO

Este juicio se celebra casi dos años después de que el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata dictase apertura de juicio oral contra los 20 acusados, de los cuáles uno de ellos se sienta en el banquillo a petición de la acusación popular ejercida PSOE valenciano.

Realmente, la investigación de estas tres piezas la realizó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), pero en marzo de 2015 se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al declarar que no tenía competencia tras la renuncia de Costa y la extesorera Yolanda García a su escaño, por lo que perdieron su condición de aforado.

Está previsto que concluya el próximo 6 de abril tras 22 sesiones. Las declaraciones de los investigados se realizarán en las primeras tres jornadas para dar paso, previsiblemente, el jueves a los testigos.

En el juicio por los primeros años de la trama Gürtel desfilaron por la Audiencia Nacional testigos de alta relevancia como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exministros del gobierno de José María Aznar o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

En esta ocasión los testigos más importantes serán el extesorero del PP Luis Bárcenas; el denunciante del caso, José Luis Peñas, ambos a la espera de conocer si son condenados por la pieza anteriormente juzgada; el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps o el de la Corts Valencianas Juan Cotino.

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El Tribunal Constitucional da la espalda a Juana Rivas: el padre recuperará la custodia de su hijo

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caso Juana Rivas

El recurso fue inadmitido por «prematuro» y sin «trascendencia constitucional»

GRANADA, 22 de julio de 2025 — El Tribunal Constitucional ha inadmitido el último recurso presentado por Juana Rivas para evitar que su hijo menor, Daniel, regrese con su padre a Italia. Según fuentes judiciales consultadas por EL MUNDO, el alto tribunal considera que el recurso es «prematuro» y carece de trascendencia constitucional, lo que deja vía libre a la entrega inmediata del menor.

Entrega en Granada: el padre espera en el Punto de Encuentro Familiar

La entrega del niño está prevista para este martes por la mañana en Granada, antes de las 11:00 horas, en el Punto de Encuentro Familiar. El padre, Francesco Arcuri, ya se encuentra en el lugar, donde ha declarado: “Solo quiero abrazar a mi hijo”, visiblemente emocionado.

Con esta decisión, se ejecuta lo ordenado previamente por la Justicia española e italiana, que ya habían ratificado la custodia del menor a favor del padre.

Antecedentes del caso Juana Rivas

El caso de Juana Rivas ha generado una fuerte controversia mediática y jurídica desde 2017, cuando se negó a entregar a sus hijos a Arcuri alegando que había sufrido violencia de género. Desde entonces, se han sucedido múltiples procedimientos judiciales tanto en España como en Italia.

En un reciente giro, la Fiscalía también decidió retirarle el apoyo a Rivas, considerando que existe un “fuerte y sincero apego del menor hacia su padre”, lo que ha sido clave para justificar el regreso del niño a Italia.

Una batalla judicial sin respaldo constitucional

Con esta última resolución del Tribunal Constitucional, Juana Rivas ve agotada otra vía legal para impedir el regreso de su hijo al país transalpino. La inadmisión del recurso por “falta de relevancia constitucional” señala que el caso, a pesar de su carga mediática y emocional, no plantea un conflicto constitucional de fondo, según los criterios del alto tribunal.

 

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