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Comienza el juicio contra la excúpula del PP de Camps por su presunta financiación ilegal

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(EUROPA PRESS)El juicio contra la excúpula del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) liderada por Francisco Camps arranca este lunes, 15 de enero, para analizar si la formación política pagó con dinero negro a la empresa vinculada a la trama Gürtel, Orange Market, los actos de campaña relativos a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a 20 personas acusadas de delitos electorales, falsificación de documentos mercantiles y contra la Hacienda Pública, entre los que se encuentran el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; su ‘numero dos’, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. El juicio se dirige también en contra cinco ex altos cargos ‘populares’ valencianos como Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El resto de acusados son empresarios sospechosos de financiar de forma irregular a la formación política, como el exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.

Precisamente todos los empresarios salvo Blanco Balín, considerado ‘cerebro’ financiero de la red corrupta, han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción tras reconocer que han realizado distintos abonos al PPCV con ocasión de las citadas campañas electorales.

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Este juicio de la trama Gürtel, que tanto ha condicionado la agenda política de los últimos años, es el segundo que celebra la Audiencia Nacional. El primero de ellos fue el relacionado con la primera época de actividades de la red liderada por Correa (1999-2005), que aún está pendiente de conocerse la sentencia.

Ahora el magistrado José María Vázquez Honrubia se encargará de juzgar los hechos investigados en las piezas 1,2 y 6 de la rama valenciana de la causa. El fiscal recuerda en su escrito de acusación que Correa controló un grupo de empresas que «aprovechó» el acceso a «determinadas personas» que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.

Por ello, Fiscalía pide para Correa y Crespo 24 años y medio de prisión; mientras que para ‘El Bigotes’ solicita 27 años de prisión. Estos tres se encuentran ya en prisión cumpliendo la condena de hasta 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Para los exaltos cargos del PP valenciano solicita siete años y nueve meses de cárcel, menos para la extesorera del PPCV Yolanda García, que sólo se enfrenta a seis meses de prisión. En cuanto a los empresarios arrepentidos han aceptado las penas que oscilan entre 15 y 21 meses.

CORREA BUSCA LA REBAJA DE SU PENA

Por su parte, el líder de la Gürtel también busca una rebaja de su pena. Unos días antes del comienzo de la vista oral remitió un escrito al juez en el que reconoció que los servicios que Orange Market prestaron a los ‘populares’ valencianos fueron abonados «mediante facturas correctas; mediante pagos en ‘b’ y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas».

Anticorrupción explica que a finales de 2006 el PPCV contrató a Orange Market S.L., cuyo responsable era Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ para preparar los actos electorales. El fiscal subraya que los acusados «no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente» y que con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los servicios se abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros.

La única cuantía declarada por Orange Market y por el PPCV en relación a los procesos electorales son 175.000 euros, correspondiente a la organización de actos con motivo de las elecciones autonómicas de 2007. Sin embargo, la Fiscalía entiende que fue «muy superior» el servicio que el partido encargó y recibió de esta empresa.

DOS AÑOS DESPUÉS DE QUE EL JUEZ LES SENTASE EN EL BANQUILLO

Este juicio se celebra casi dos años después de que el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata dictase apertura de juicio oral contra los 20 acusados, de los cuáles uno de ellos se sienta en el banquillo a petición de la acusación popular ejercida PSOE valenciano.

Realmente, la investigación de estas tres piezas la realizó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), pero en marzo de 2015 se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al declarar que no tenía competencia tras la renuncia de Costa y la extesorera Yolanda García a su escaño, por lo que perdieron su condición de aforado.

Está previsto que concluya el próximo 6 de abril tras 22 sesiones. Las declaraciones de los investigados se realizarán en las primeras tres jornadas para dar paso, previsiblemente, el jueves a los testigos.

En el juicio por los primeros años de la trama Gürtel desfilaron por la Audiencia Nacional testigos de alta relevancia como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exministros del gobierno de José María Aznar o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

En esta ocasión los testigos más importantes serán el extesorero del PP Luis Bárcenas; el denunciante del caso, José Luis Peñas, ambos a la espera de conocer si son condenados por la pieza anteriormente juzgada; el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps o el de la Corts Valencianas Juan Cotino.

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Un juzgado de Granada paraliza la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre en Italia hasta el 25 de julio

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caso Juana Rivas

El menor se quedará provisionalmente con su madre tras negarse a regresar con su progenitor, Francesco Arcuri. Mañana se celebrará una vista judicial clave con ambas partes y la Fiscalía.

Granada, 22 de julio de 2025. El caso de Juana Rivas vuelve a dar un giro inesperado. El Juzgado de Familia número 3 de Granada ha decidido suspender temporalmente la entrega del hijo menor de Rivas a su padre, Francesco Arcuri, al menos hasta el próximo viernes 25 de julio.

La resolución se ha dictado tras los informes del Punto de Encuentro Familiar de la Junta de Andalucía, que alertaron de dificultades en la ejecución de la entrega, prevista inicialmente para este martes por la mañana. El tribunal considera que no se puede proceder si existe la posibilidad de que se use «fuerza física o coacción», algo completamente descartado en este contexto.

El niño rechaza volver a Italia: «Me va a matar como vuelva»

En una escena cargada de tensión, el menor expresó su rechazo rotundo a regresar con su padre a Italia. «No me quiero ir. Me va a matar como vuelva. No puedo volver», dijo a la salida del centro, donde se le vio visiblemente afectado y acompañado por su hermano mayor, Gabriel, de 18 años.

La madre, Juana Rivas, también se mostró profundamente afectada. Tras el intento fallido de entrega, sufrió una crisis de ansiedad y fue atendida por una ambulancia en el mismo lugar. Todo ello sucedió bajo una gran expectación mediática, con numerosos periodistas y simpatizantes congregados.

Mañana, vista con la Fiscalía para definir el futuro del menor

El juzgado ha citado para este miércoles 23 de julio a ambas partes, junto con un representante de la Fiscalía, a fin de “fijar las condiciones del regreso del menor” a Italia, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Cagliari, que atribuye la custodia al padre, Francesco Arcuri.

Mientras tanto, el niño permanecerá bajo la custodia de su madre en su residencia de Maracena, Granada. El tribunal ha ordenado no revelar el lugar ni el modo exacto de la futura entrega, para “preservar el interés superior del menor” y protegerlo de una exposición innecesaria.

El Constitucional rechaza el recurso de Juana Rivas

Horas antes del intento de entrega, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por Juana Rivas, que solicitaba la suspensión de la orden judicial de devolución del menor. El alto tribunal desestimó el recurso por falta de agotamiento de la vía judicial ordinaria y por no apreciar especial trascendencia constitucional.

Los magistrados consideraron que aún está pendiente un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, y que el recurso de Rivas adolecía además de defectos formales, como la falta de acreditación del poder del procurador.

Arcuri insiste en que el niño quiere vivir en Italia

Por su parte, el abogado de Francesco Arcuri en España, Enrique Zambrano, señaló que el niño ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de regresar a Italia, siempre que no haya estado «aislado». A su juicio, «no existía ningún impedimento legal para que el niño regresara hoy».

Este nuevo episodio reabre el complejo conflicto legal que Juana Rivas mantiene desde hace años con su expareja por la custodia de sus hijos, marcado por denuncias de malos tratos, procesos en tribunales internacionales y un gran seguimiento mediático.

 

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