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Comienza el juicio contra la excúpula del PP de Camps por su presunta financiación ilegal

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(EUROPA PRESS)El juicio contra la excúpula del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) liderada por Francisco Camps arranca este lunes, 15 de enero, para analizar si la formación política pagó con dinero negro a la empresa vinculada a la trama Gürtel, Orange Market, los actos de campaña relativos a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a 20 personas acusadas de delitos electorales, falsificación de documentos mercantiles y contra la Hacienda Pública, entre los que se encuentran el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; su ‘numero dos’, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. El juicio se dirige también en contra cinco ex altos cargos ‘populares’ valencianos como Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El resto de acusados son empresarios sospechosos de financiar de forma irregular a la formación política, como el exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.

Precisamente todos los empresarios salvo Blanco Balín, considerado ‘cerebro’ financiero de la red corrupta, han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción tras reconocer que han realizado distintos abonos al PPCV con ocasión de las citadas campañas electorales.

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Este juicio de la trama Gürtel, que tanto ha condicionado la agenda política de los últimos años, es el segundo que celebra la Audiencia Nacional. El primero de ellos fue el relacionado con la primera época de actividades de la red liderada por Correa (1999-2005), que aún está pendiente de conocerse la sentencia.

Ahora el magistrado José María Vázquez Honrubia se encargará de juzgar los hechos investigados en las piezas 1,2 y 6 de la rama valenciana de la causa. El fiscal recuerda en su escrito de acusación que Correa controló un grupo de empresas que «aprovechó» el acceso a «determinadas personas» que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.

Por ello, Fiscalía pide para Correa y Crespo 24 años y medio de prisión; mientras que para ‘El Bigotes’ solicita 27 años de prisión. Estos tres se encuentran ya en prisión cumpliendo la condena de hasta 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Para los exaltos cargos del PP valenciano solicita siete años y nueve meses de cárcel, menos para la extesorera del PPCV Yolanda García, que sólo se enfrenta a seis meses de prisión. En cuanto a los empresarios arrepentidos han aceptado las penas que oscilan entre 15 y 21 meses.

CORREA BUSCA LA REBAJA DE SU PENA

Por su parte, el líder de la Gürtel también busca una rebaja de su pena. Unos días antes del comienzo de la vista oral remitió un escrito al juez en el que reconoció que los servicios que Orange Market prestaron a los ‘populares’ valencianos fueron abonados «mediante facturas correctas; mediante pagos en ‘b’ y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas».

Anticorrupción explica que a finales de 2006 el PPCV contrató a Orange Market S.L., cuyo responsable era Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ para preparar los actos electorales. El fiscal subraya que los acusados «no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente» y que con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los servicios se abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros.

La única cuantía declarada por Orange Market y por el PPCV en relación a los procesos electorales son 175.000 euros, correspondiente a la organización de actos con motivo de las elecciones autonómicas de 2007. Sin embargo, la Fiscalía entiende que fue «muy superior» el servicio que el partido encargó y recibió de esta empresa.

DOS AÑOS DESPUÉS DE QUE EL JUEZ LES SENTASE EN EL BANQUILLO

Este juicio se celebra casi dos años después de que el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata dictase apertura de juicio oral contra los 20 acusados, de los cuáles uno de ellos se sienta en el banquillo a petición de la acusación popular ejercida PSOE valenciano.

Realmente, la investigación de estas tres piezas la realizó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), pero en marzo de 2015 se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al declarar que no tenía competencia tras la renuncia de Costa y la extesorera Yolanda García a su escaño, por lo que perdieron su condición de aforado.

Está previsto que concluya el próximo 6 de abril tras 22 sesiones. Las declaraciones de los investigados se realizarán en las primeras tres jornadas para dar paso, previsiblemente, el jueves a los testigos.

En el juicio por los primeros años de la trama Gürtel desfilaron por la Audiencia Nacional testigos de alta relevancia como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exministros del gobierno de José María Aznar o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

En esta ocasión los testigos más importantes serán el extesorero del PP Luis Bárcenas; el denunciante del caso, José Luis Peñas, ambos a la espera de conocer si son condenados por la pieza anteriormente juzgada; el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps o el de la Corts Valencianas Juan Cotino.

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Permiso laboral por fallecimiento: ¿Cuántos días tienes si muere un familiar?

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El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para ampliar el permiso laboral por fallecimiento de un familiar, que pasará de los actuales dos días a un total de 10 días laborables. El pacto, anunciado este lunes tras una reunión entre las partes, incluye además la creación de dos nuevos permisos vinculados a situaciones de final de vida, aunque no cuenta con el respaldo de la patronal.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado que el acuerdo forma parte de la propuesta impulsada por el departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y que ahora deberá seguir su tramitación en el ámbito legislativo.

Ampliación del permiso por fallecimiento

La principal medida del acuerdo es la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar hasta los 10 días laborables, una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales. El objetivo, según Trabajo, es adaptar la normativa laboral a la realidad de los procesos de duelo y facilitar una mayor conciliación en momentos de especial vulnerabilidad personal y familiar.

Este cambio supondría una modificación sustancial respecto al marco actual, que reconoce únicamente dos días por este motivo.

Nuevos permisos por cuidados paliativos y eutanasia

El pacto firmado entre Trabajo, CCOO y UGT incorpora también la creación de dos nuevos permisos laborales:

  • Un permiso de hasta 15 días laborables para el acompañamiento de familiares en situación de cuidados paliativos.

  • Un permiso de un día destinado al acompañamiento en procesos de eutanasia, en línea con la legislación vigente sobre muerte digna.

Ambas figuras buscan dar cobertura legal a situaciones de final de vida que, hasta ahora, no contaban con un reconocimiento específico en la normativa laboral.

Rechazo de la patronal y próximos pasos

El Ministerio de Trabajo ha subrayado que estas medidas ya formaban parte de su propuesta inicial y ha confirmado que la patronal se opone al acuerdo, por lo que no ha suscrito el pacto alcanzado con los sindicatos.

Tras el acuerdo social, el siguiente paso será la tramitación parlamentaria. El Gobierno deberá recabar los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para que la ampliación del permiso por fallecimiento y la creación de los nuevos permisos se incorporen a la legislación laboral.

Desde Trabajo confían en que el respaldo sindical facilite el debate político y permita avanzar en un marco de derechos laborales más amplio en situaciones especialmente sensibles para los trabajadores y sus familias.

 

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