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Compromís inicia un proceso participativo para crear una ley anti ‘bullying’

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sobresalientes Bachillerato

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) –

Compromís en Les Corts Valencianes ha puesto en marcha un proceso participativo para conformar una ley específica contra el acoso escolar en las aulas de la Comunitat. El objetivo de la coalición es «poner en el centro a la víctima del acoso» mediante «la primera ley del Estado y una de las primeras de España contra el ‘bullying’, según ha destacado la diputada Marian Campello.

Para la elaboración de la normativa, Compromís contará con profesionales de los sectores relacionados con un fenómeno que «lejos de desaparecer, va incrementándose y adaptándose a los nuevos entornos tecnológicos».

Desde la coalición advierten en un comunicado que, según los datos de Save the Children, cerca de un 10% de los alumnos sufren acoso en las aulas. Es decir, «entre dos y tres alumnos en cada aula sufren acoso escolar de forma continuada por parte de sus compañeros».

Para hacer frente a esta situación, Compromís propone elevar a rango de ley las medidas contra el acoso escolar. La normativa pretende así tanto «poner freno al acoso en las aulas valencianas» como iniciar «un nuevo ciclo en materia de convivencia y un nuevo capítulo para las personas que en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a este tipo de violencia», ha reivindicado Campello.

REGULAR EL ‘CIBERBULLYING’
De momento, la parlamentaria ha adelantado que el articulado de esta nueva ley prevé regular también las formas de acoso relacionadas con las nuevas tecnologías, como el ‘ciberbullying’.

«Este interés que estamos demostrando desde el territorio valenciano por luchar contra el ‘bullying’ lamentablemente contrasta con la baja implicación del Gobierno central del PP, que lleva siete años sin reunir el observatorio contra el acoso escolar para acabar con esta lacra en las aulas», ha denunciado la diputada de Compromís.

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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