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Comunicado de la familia de Blanca Fernández Ochoa

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La familia de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa ha emitido un comunicado negando las últimas informaciones publicadas y asegurando que solo baraja la hipótesis de que haya tenido un accidente, después de que se haya localizado el coche en el que viajaba la deportista en un aparcamiento habilitado de la zona de Las Dehesas, donde estaba teniendo lugar la IV Carrera Siete Picos Integra.

“Es la única hipótesis que barajamos”, ha declarado su cuñado Adrián Federigui en respuesta a los medios de comunicación tras el hallazgo del vehículo. “No hay nada raro para sospechar nada”, ha especificado ante las posibles hipótesis que puede suscitar la desaparición de la deportista.

Blanca Fernández Ochoa desapareció el 23 de agosto, ha matizado Federigui. “Dijo que iba a hacer senderismo cuatro días al norte y al no volver se puso la denuncia en la comisaría”, ha explicado. “Estamos un poco preocupados porque han pasado muchos días”, ha añadido y ha desmentido que la medallista estuviese pasando un mal momento.

Se fue sin móvil porque “nunca” lo lleva y “es muy habitual que ande sola” por lo que “al estar sola y sin móvil” cree que es “complicado pedir auxilio”.

La Policía localiza el coche de Blanca Fernández Ochoa
La Policía Nacional ha localizado el coche de la esquiadora y medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa, desaparecida desde el pasado 23 de agosto, en la localidad de Cercedilla. Según han informado fuentes policiales, el automóvil ha sido hallado vacío en este municipio del norte de la región.

Además, el periódico ‘El Mundo’ ha revelado que el automóvil ha sido localizado en una zona en la que es habitual que haya coches aparcados de senderistas. Según ha indicado el Cuerpo policial en Twitter, los investigadores continúan trabajando para localizar a la deportista.

Desaparición de Blanca Fernández Ochoa
Ayer sábado, la Policía Nacional alertó de la desaparición de la exesquiadora y medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa después de que se le viera por última vez el pasado 23 de agosto en la localidad madrileña de Aravaca.

A través de un tuit, la Policía ha pedido la máxima difusión de la desaparición de Fernández Ochoa que viaja, según ha indicado en la red social, en un turismo Mercedes clase A de color negro y con la matrícula 0213CKD.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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