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Comunicado del Sindicato de Docentes de Murcia sobre la Oferta Pública de Empleo para 2017

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Este viernes se ha celebrado Mesa Sectorial de Negociación de Educación en el que uno de los puntos del Orden del Día era la aprobación de la Oferta de Empleo Púbico para el año 2017.

El Sindicato Independiente de Docentes de la Región de Murcia (SIDI) rechaza, reprueba y denuncia el comportamiento de la Consejera de Educación en la citada Mesa Sectorial.

La Consejera ha citado a las 11:00 a los medios de comunicación para comunicarles la oferta de empleo público negociada y en su caso aprobada en la Mesa Sectorial. Pues bien a las 11,15 horas se nos ha entregado dicha propuesta a las organizaciones sindicales para que votáramos si estábamos a favor o en contra de la misma sin dejar que negociáramos nada.

El SIDI junto con el resto de organizaciones sindicales hemos manifestado que entregar una propuesta para votarla no es negociar, ya que la votación es la fase final de un proceso de negociación. Asimismo, hemos pedido los datos que legalmente nos tienen que dar como las vacantes que existen por especialidades para poder pronunciarnos sobre la propuesta de la Consejería ya que sin ellos no podemos pronunciarnos.

La Consejería se he negado a entregar nada y nos ha exigido que votáramos sin más, y sin negociar nada. Ante esto el SIDI se ha levantado de la Mesa Sectorial y ha manifestado que impugnaría la Convocatoria judicialmente por vulneración del derecho constitucional de libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.

Ante esta actuación del SIDI, la Consejera se ha visto obligada a suspender la Mesa Sectorial para dar los datos solicitados a los sindicatos para que podamos manifestar nuestra opinión a la propuesta realizada.

Desde el SIDI rechazamos que se convoquen oposiciones cuando hay Comunidades Autónomas (CCAA) limítrofes que no lo harán y con ello cientos de docentes interinos que trabajaban en esta Región dejarán de hacerlo en beneficio de los interinos de esas CCAA. Recordamos que solo en Andalucía hay ocho veces más de interinos que en la Región de Murcia y solo con que se presenten el 20% de ellos, serán más los aspirantes de esa Región que de la nuestra los que concurran a las oposiciones y con más méritos ya que en esa C.A. si se les contaron los meses de verano como méritos para la experiencia. Con lo cual la tasa de paro docente aumentara en Murcia y disminuirá en las CCAA limítrofes.

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Fiscalía solicita prisión sin fianza para Ábalos por riesgo de fuga en la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo el ingreso en prisión provisional sin fianza para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ante el riesgo de fuga de cara al juicio por la trama de mascarillas durante la pandemia. La solicitud se produce en el marco de la revisión de las medidas cautelares que actualmente mantienen en libertad a Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Acusaciones y petición de penas

La Fiscalía considera que existen indicios racionales de criminalidad y una elevada petición de pena que justifican la prisión preventiva. Para Ábalos, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión, mientras que para Koldo García se reclaman 19 años y medio, por presuntos delitos de:

  • Pertenencia a organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación de fondos públicos

  • Uso de información privilegiada

Además, se solicita que ambos sean condenados a pagar una multa de 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares elevan las penas a 30 años e incluyen delitos adicionales como prevaricación y falsedad documental.

Riesgo de fuga y medidas cautelares

La Fiscalía argumenta que el ingreso en prisión es idóneo, necesario y proporcionado para evitar el riesgo de fuga antes del juicio. Actualmente, Ábalos y Koldo García están sujetos a medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, escuchará a las partes durante la vista para decidir si modifica las medidas cautelares y decreta la prisión provisional, conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

 

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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