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Comunicado del Sindicato de Docentes de Murcia sobre la Oferta Pública de Empleo para 2017

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Este viernes se ha celebrado Mesa Sectorial de Negociación de Educación en el que uno de los puntos del Orden del Día era la aprobación de la Oferta de Empleo Púbico para el año 2017.

El Sindicato Independiente de Docentes de la Región de Murcia (SIDI) rechaza, reprueba y denuncia el comportamiento de la Consejera de Educación en la citada Mesa Sectorial.

La Consejera ha citado a las 11:00 a los medios de comunicación para comunicarles la oferta de empleo público negociada y en su caso aprobada en la Mesa Sectorial. Pues bien a las 11,15 horas se nos ha entregado dicha propuesta a las organizaciones sindicales para que votáramos si estábamos a favor o en contra de la misma sin dejar que negociáramos nada.

El SIDI junto con el resto de organizaciones sindicales hemos manifestado que entregar una propuesta para votarla no es negociar, ya que la votación es la fase final de un proceso de negociación. Asimismo, hemos pedido los datos que legalmente nos tienen que dar como las vacantes que existen por especialidades para poder pronunciarnos sobre la propuesta de la Consejería ya que sin ellos no podemos pronunciarnos.

La Consejería se he negado a entregar nada y nos ha exigido que votáramos sin más, y sin negociar nada. Ante esto el SIDI se ha levantado de la Mesa Sectorial y ha manifestado que impugnaría la Convocatoria judicialmente por vulneración del derecho constitucional de libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.

Ante esta actuación del SIDI, la Consejera se ha visto obligada a suspender la Mesa Sectorial para dar los datos solicitados a los sindicatos para que podamos manifestar nuestra opinión a la propuesta realizada.

Desde el SIDI rechazamos que se convoquen oposiciones cuando hay Comunidades Autónomas (CCAA) limítrofes que no lo harán y con ello cientos de docentes interinos que trabajaban en esta Región dejarán de hacerlo en beneficio de los interinos de esas CCAA. Recordamos que solo en Andalucía hay ocho veces más de interinos que en la Región de Murcia y solo con que se presenten el 20% de ellos, serán más los aspirantes de esa Región que de la nuestra los que concurran a las oposiciones y con más méritos ya que en esa C.A. si se les contaron los meses de verano como méritos para la experiencia. Con lo cual la tasa de paro docente aumentara en Murcia y disminuirá en las CCAA limítrofes.

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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