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Condenado a una multa de 180 euros por poner un imán en el contador del agua y evitar que registre el consumo

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La sección primera de la Audiencia provincial de Alicante ha confirmado la condena a un hombre a una multa de 180 euros por un delito leve de defraudación de agua en Cocentaina. El hombre colocó un imán en su contador de agua y evitó así que la aguja contabilizara la cantidad consumida. La sentencia desestima el recurso que presentó el hombre.

Según los hechos probados, fueron los servicios municipales quienes el 7 abril de 2016 localizaron, cuando inspeccionaban los contadores de la red municipal, que uno ubicado en la calle Brezo tenía un artilugio –un imán– destinado a inmovilizar la aguja del contador.

Hasta el lugar acudió la Policía Local y al retirar el imán, la aguja volvió a girar. Un día después, se volvió a localizar ese imán y se denunció al hombre por lo que fue condenado en primera instancia a esa multa.

El hombre presentó un recurso por la diferente valoración de la prueba, por la calificación de los hechos y por la pena impuesta. Sin embargo, la dala relata que la sentencia de primera instancia detalla «con precisión» los indicios de prueba «suficiente» para enervar el principio de presunción de inocencia.

Además, señala que la autoría «está clara» dado que el contador corresponde a la vivienda donde vive el hombre y solo puede acceder al contador el propietario que cuenta con la llave para abrirlo. Y se remarca que no estaba «manipulado ni abierto» en el momento de la inspección; y recalca que a quien beneficia que no funcione bien el contador es al propio condenado, quien «por un motivo de lucro, instaló dicho mecanismo».

Finalmente, la sala indica que la calificación jurídica se «ajusta en su totalidad» a los hechos y que se resume en alterar «maliciosamente las indicaciones o aparato contadores». Y en cuanto a la pena, atiende a la discrecionalidad que la ley otorga y que la sala «asume y comparte».

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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