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Condenado a una multa de 180 euros por poner un imán en el contador del agua y evitar que registre el consumo

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La sección primera de la Audiencia provincial de Alicante ha confirmado la condena a un hombre a una multa de 180 euros por un delito leve de defraudación de agua en Cocentaina. El hombre colocó un imán en su contador de agua y evitó así que la aguja contabilizara la cantidad consumida. La sentencia desestima el recurso que presentó el hombre.

Según los hechos probados, fueron los servicios municipales quienes el 7 abril de 2016 localizaron, cuando inspeccionaban los contadores de la red municipal, que uno ubicado en la calle Brezo tenía un artilugio –un imán– destinado a inmovilizar la aguja del contador.

Hasta el lugar acudió la Policía Local y al retirar el imán, la aguja volvió a girar. Un día después, se volvió a localizar ese imán y se denunció al hombre por lo que fue condenado en primera instancia a esa multa.

El hombre presentó un recurso por la diferente valoración de la prueba, por la calificación de los hechos y por la pena impuesta. Sin embargo, la dala relata que la sentencia de primera instancia detalla «con precisión» los indicios de prueba «suficiente» para enervar el principio de presunción de inocencia.

Además, señala que la autoría «está clara» dado que el contador corresponde a la vivienda donde vive el hombre y solo puede acceder al contador el propietario que cuenta con la llave para abrirlo. Y se remarca que no estaba «manipulado ni abierto» en el momento de la inspección; y recalca que a quien beneficia que no funcione bien el contador es al propio condenado, quien «por un motivo de lucro, instaló dicho mecanismo».

Finalmente, la sala indica que la calificación jurídica se «ajusta en su totalidad» a los hechos y que se resume en alterar «maliciosamente las indicaciones o aparato contadores». Y en cuanto a la pena, atiende a la discrecionalidad que la ley otorga y que la sala «asume y comparte».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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