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Condenado a una multa de 180 euros por poner un imán en el contador del agua y evitar que registre el consumo

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La sección primera de la Audiencia provincial de Alicante ha confirmado la condena a un hombre a una multa de 180 euros por un delito leve de defraudación de agua en Cocentaina. El hombre colocó un imán en su contador de agua y evitó así que la aguja contabilizara la cantidad consumida. La sentencia desestima el recurso que presentó el hombre.

Según los hechos probados, fueron los servicios municipales quienes el 7 abril de 2016 localizaron, cuando inspeccionaban los contadores de la red municipal, que uno ubicado en la calle Brezo tenía un artilugio –un imán– destinado a inmovilizar la aguja del contador.

Hasta el lugar acudió la Policía Local y al retirar el imán, la aguja volvió a girar. Un día después, se volvió a localizar ese imán y se denunció al hombre por lo que fue condenado en primera instancia a esa multa.

El hombre presentó un recurso por la diferente valoración de la prueba, por la calificación de los hechos y por la pena impuesta. Sin embargo, la dala relata que la sentencia de primera instancia detalla «con precisión» los indicios de prueba «suficiente» para enervar el principio de presunción de inocencia.

Además, señala que la autoría «está clara» dado que el contador corresponde a la vivienda donde vive el hombre y solo puede acceder al contador el propietario que cuenta con la llave para abrirlo. Y se remarca que no estaba «manipulado ni abierto» en el momento de la inspección; y recalca que a quien beneficia que no funcione bien el contador es al propio condenado, quien «por un motivo de lucro, instaló dicho mecanismo».

Finalmente, la sala indica que la calificación jurídica se «ajusta en su totalidad» a los hechos y que se resume en alterar «maliciosamente las indicaciones o aparato contadores». Y en cuanto a la pena, atiende a la discrecionalidad que la ley otorga y que la sala «asume y comparte».

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Juicio al ‘clan Pujol’: la Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita en la Audiencia Nacional

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La Audiencia Nacional inicia este lunes un juicio considerado histórico en España: el proceso penal contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos. La Fiscalía sostiene que la familia habría formado, durante décadas, una organización ilícita dedicada a obtener comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas y a ocultar posteriormente ese patrimonio en Andorra.

Antes de que comience la vista, el tribunal evaluará el estado de salud de Jordi Pujol, que recibió el alta hospitalaria el pasado viernes. Está previsto que el exmandatario declare por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, mientras su defensa pide el archivo de la causa alegando que no se encuentra en condiciones físicas ni cognitivas para afrontar el juicio.

El ‘Pujolismo’, ante los tribunales

Para muchos, el caso simboliza el fin de una etapa política conocida como el ‘Pujolismo’, marcada por más de dos décadas de liderazgo en Cataluña. Según la acusación pública, la familia Pujol Ferrusola habría amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares y al posterior blanqueo de capitales en entidades bancarias de Andorra.

La Fiscalía imputa al clan diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental, delitos fiscales y frustración en la ejecución. Las penas solicitadas superan los 100 años de cárcel. Para Jordi Pujol se piden 9 años de prisión, mientras que para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, su esposa Mercedes Gironés y su hermano Josep, las penas solicitadas alcanzan hasta 29 años.

El resto de hijos —Oleguer, Mireia, Oriol, Pere y Marta— se enfrentan a peticiones de hasta 8 años de cárcel.

Evaluación médica de Jordi Pujol

El tribunal ha convocado al expresident para una exploración médica por videoconferencia con el objetivo de determinar si procede el archivo de su causa por demencia sobrevenida, tal como solicita su defensa basándose en informes forenses emitidos por la Audiencia Nacional.

Tras esta evaluación, el juicio continuará con dos jornadas dedicadas a cuestiones previas, en las que las defensas intentarán invalidar la causa alegando prescripción y supuestas irregularidades derivadas de la llamada Operación Cataluña.

Un macrojuicio con más de 250 testigos

El juicio se prolongará hasta mayo, con un total de 41 sesiones y la declaración de 254 testigos. Entre martes y jueves está previsto que declaren 11 personas, incluyendo una hija de Jordi Pujol Ferrusola y el asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté.

Además del clan Pujol, se sentarán en el banquillo otros 11 empresarios acusados de pagar comisiones o colaborar en operaciones de blanqueo para ocultar fondos en el extranjero.

La amnistía fiscal y los fondos en Andorra

Buena parte de los hermanos Pujol Ferrusola regularizaron su patrimonio gracias a la amnistía fiscal de 2012, lo que impidió que se les acusara por fraude fiscal debido a la prescripción. No ocurre lo mismo con Jordi y Josep Pujol Ferrusola, a quienes se atribuyen defraudaciones que superarían los 7,7 millones de euros.

La investigación también reveló una cuenta en Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol habría reconocido la titularidad de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros) ingresados en el año 2000, una cantidad cuyo fraude presuntamente asociado fue cifrado en 885.651 euros, aunque prescrito.

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