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#Gürtel Costa: «Podía haber dado un paso más y denunciarlo ante la justicia, pero no lo hice”

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MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) – El que fuera secretario general del PPCV con Francisco Camps hasta 2009, Ricardo Costa, ha defendido este miércoles en el Congreso su decisión de admitir ante la Audiencia Nacional la existencia de financiación ilegal en su partido y cree que «está bien» que un responsable político asuma su responsabilidad, pida perdón y se arrepienta.

Ante el tribunal que juzga la trama valenciana de Gürtel, Costa reconoció que facturas del PP se pagaron con dinero negro dado por empresarios, que desde la Generalitat valenciana se coordinaba la percepción de las aportaciones para ser entregadas a la gerencia del partido y que, según se le dijo, todo ello se hacía por orden del entonces presidente valenciano Francisco Camps.

En su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP, el ex número dos del PP valenciano se ha ratificado «plenamente» en ese testimonio, «desde la línea hasta la cruz». Y, además, ha asegurado sentirse arrepentido y ha pedido perdón por no haber parado esas prácticas ilegales cuando tenía competencia.

CAMPS LE REPROCHÓ CAMBIAR DE VERSIÓN
Esa confesión dejó en evidencia a su entonces superior Francisco Camps, que ante la misma comisión de investigación insistió en negar financiación ilegal y subrayó que debía ser Costa quien explicase su cambio de versión, ya que, según dijo, durante nueve años estuvo sosteniendo lo contrario.

Costa ha admitido que, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana empezó a investigar la trama Gürtel, tuvo la oportunidad de reconocer esas prácticas que años después ha confesado, pero no lo hizo porque su situación profesional y personal, era distinta. «Estaba en una situación no sabiendo decir que no», ha comentado en otro momento.

A partir de mayo de 2012, tras ser absuelto en la causa de los trajes de Camps, su situación ya era distinta, pues había dejado la cúpula del partido y había sido obligado a renunciar al escaño que venía ocupando durante dos décadas. «Mis circunstancias personales, profesionales y familiares no eran las óptimas», ha admitido.

Desde entonces, ha subrayado, se alejó de la esfera pública, ya no hizo más declaraciones sobre el tema, y durante los siguientes años abrió un proceso de reflexión marcado. Eso sí, asegura que no ha habido un cambio de versión porque en estos últimos años no ha dado ninguna otra, ni ha hablado con los medios de comunicación a la espera de declarar ante el tribunal.

LA FAMILIA LE ACONSEJÓ RECONOCER LOS HECHOS
«El cambio de actitud no es más que una reflexión personal de años ante una situación que obviamente ha tenido una dura carga personal –ha relatado–. La vida son circunstancias. He tenido una profunda conversación familiar en los últimos dos años que me han hecho ver las cosas y que me han hecho tomar estas decisiones, sabiendo claramente que iba a tener un coste personal muy elevado».

A su juicio, «está bien que un responsable público asuma responsabilidades, pida disculpas y se arrepienta», pero ha querido dejar claro que su actitud no pretende ser ejemplo para los demás. «No quiero dar lecciones a nadie –ha remarcado–. No vengo a dar ejemplo de nada, ya tengo bastante con aprender de mis errores, con humildad y arrepentimiento. No quiero ser el faro de una luz futura».

Ante los diputados, Costa también ha dicho desconocer a cambio de qué pagaban los empresarios las facturas del PP valenciano, ya que él nunca formó parte de la Generalitat, y ha relatado la vez que se negó a que se pagaran gastos del partido con dinero público, algo que la propia dirección nacional del PP también desaconsejó por ser una práctica prohibida.

Si se respetó o no esa decisión, lo deja en el aire. «Lo que sé es que el señor (Luis) Bárcenas le iba a trasladar al señor (Álvaro) Lapuerta la información para que se la comunicara a Camps –ha añadido–. Mi obligación es decirlo, y es verdad que podía haber dado un paso más y denunciarlo ante la justicia, pero no lo hice».

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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