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#Gürtel Costa: «Podía haber dado un paso más y denunciarlo ante la justicia, pero no lo hice”

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MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) – El que fuera secretario general del PPCV con Francisco Camps hasta 2009, Ricardo Costa, ha defendido este miércoles en el Congreso su decisión de admitir ante la Audiencia Nacional la existencia de financiación ilegal en su partido y cree que «está bien» que un responsable político asuma su responsabilidad, pida perdón y se arrepienta.

Ante el tribunal que juzga la trama valenciana de Gürtel, Costa reconoció que facturas del PP se pagaron con dinero negro dado por empresarios, que desde la Generalitat valenciana se coordinaba la percepción de las aportaciones para ser entregadas a la gerencia del partido y que, según se le dijo, todo ello se hacía por orden del entonces presidente valenciano Francisco Camps.

En su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP, el ex número dos del PP valenciano se ha ratificado «plenamente» en ese testimonio, «desde la línea hasta la cruz». Y, además, ha asegurado sentirse arrepentido y ha pedido perdón por no haber parado esas prácticas ilegales cuando tenía competencia.

CAMPS LE REPROCHÓ CAMBIAR DE VERSIÓN
Esa confesión dejó en evidencia a su entonces superior Francisco Camps, que ante la misma comisión de investigación insistió en negar financiación ilegal y subrayó que debía ser Costa quien explicase su cambio de versión, ya que, según dijo, durante nueve años estuvo sosteniendo lo contrario.

Costa ha admitido que, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana empezó a investigar la trama Gürtel, tuvo la oportunidad de reconocer esas prácticas que años después ha confesado, pero no lo hizo porque su situación profesional y personal, era distinta. «Estaba en una situación no sabiendo decir que no», ha comentado en otro momento.

A partir de mayo de 2012, tras ser absuelto en la causa de los trajes de Camps, su situación ya era distinta, pues había dejado la cúpula del partido y había sido obligado a renunciar al escaño que venía ocupando durante dos décadas. «Mis circunstancias personales, profesionales y familiares no eran las óptimas», ha admitido.

Desde entonces, ha subrayado, se alejó de la esfera pública, ya no hizo más declaraciones sobre el tema, y durante los siguientes años abrió un proceso de reflexión marcado. Eso sí, asegura que no ha habido un cambio de versión porque en estos últimos años no ha dado ninguna otra, ni ha hablado con los medios de comunicación a la espera de declarar ante el tribunal.

LA FAMILIA LE ACONSEJÓ RECONOCER LOS HECHOS
«El cambio de actitud no es más que una reflexión personal de años ante una situación que obviamente ha tenido una dura carga personal –ha relatado–. La vida son circunstancias. He tenido una profunda conversación familiar en los últimos dos años que me han hecho ver las cosas y que me han hecho tomar estas decisiones, sabiendo claramente que iba a tener un coste personal muy elevado».

A su juicio, «está bien que un responsable público asuma responsabilidades, pida disculpas y se arrepienta», pero ha querido dejar claro que su actitud no pretende ser ejemplo para los demás. «No quiero dar lecciones a nadie –ha remarcado–. No vengo a dar ejemplo de nada, ya tengo bastante con aprender de mis errores, con humildad y arrepentimiento. No quiero ser el faro de una luz futura».

Ante los diputados, Costa también ha dicho desconocer a cambio de qué pagaban los empresarios las facturas del PP valenciano, ya que él nunca formó parte de la Generalitat, y ha relatado la vez que se negó a que se pagaran gastos del partido con dinero público, algo que la propia dirección nacional del PP también desaconsejó por ser una práctica prohibida.

Si se respetó o no esa decisión, lo deja en el aire. «Lo que sé es que el señor (Luis) Bárcenas le iba a trasladar al señor (Álvaro) Lapuerta la información para que se la comunicara a Camps –ha añadido–. Mi obligación es decirlo, y es verdad que podía haber dado un paso más y denunciarlo ante la justicia, pero no lo hice».

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Los propietarios de vivienda podrán beneficiarse de una deducción fiscal de hasta 3.000 euros en 2026

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placas solares apagón eléctrico

El año fiscal 2026 comienza con buenas noticias para los propietarios de vivienda en España. Un Real Decreto-ley aprobado a finales de 2025 prorroga una serie de medidas económicas y sociales que incluyen importantes incentivos fiscales para quienes realicen obras de mejora de la eficiencia energética en sus inmuebles, permitiendo acceder a una deducción de hasta 3.000 euros en la declaración de la Renta.

La medida, respaldada por la Agencia Tributaria, busca impulsar la rehabilitación del parque inmobiliario y reducir el consumo energético de los hogares, en línea con los objetivos de sostenibilidad marcados a nivel europeo.

¿En qué consiste la deducción de 3.000 euros?

La deducción más relevante para los propietarios particulares es la que permite desgravar el 40% del importe invertido en obras de eficiencia energética, con una base máxima anual de 7.500 euros, lo que se traduce en un ahorro fiscal directo de hasta 3.000 euros por vivienda.

Esta deducción se aplica tanto a viviendas habituales como a inmuebles destinados al alquiler, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Requisitos para acceder a la deducción fiscal en 2026

Para beneficiarse de este incentivo, las obras realizadas deben cumplir criterios técnicos muy concretos, entre ellos:

  • Reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o

  • Mejorar la calificación energética del inmueble hasta las letras A o B

El cumplimiento de estos objetivos debe estar debidamente acreditado, ya que la Agencia Tributaria exige documentación técnica para validar la deducción.

El papel clave del certificado energético

Uno de los requisitos imprescindibles es disponer de dos Certificados de Eficiencia Energética:

  1. Un certificado previo al inicio de las obras

  2. Un certificado posterior que acredite la mejora obtenida

Este segundo documento deberá haberse emitido antes del 1 de enero de 2027 para que la inversión pueda imputarse correctamente al ejercicio fiscal de 2026. Sin estos certificados, no se reconoce el derecho a la deducción, independientemente del importe invertido.

Atención a la forma de pago: el efectivo no vale

Desde la Agencia Tributaria recuerdan un aspecto que suele generar problemas en muchas declaraciones: los pagos en efectivo no dan derecho a deducción.

Para que la inversión sea válida, los trabajos deben abonarse mediante:

  • Transferencia bancaria

  • Tarjeta de crédito o débito

  • Cheque nominativo

  • Ingreso en cuenta

Esta exigencia busca combatir la economía sumergida y garantizar la trazabilidad de las operaciones en el sector de las reformas.

Deducción del 60% para edificios residenciales

Además de la deducción individual del 40%, la normativa contempla otra deducción del 60% para actuaciones de rehabilitación energética en edificios residenciales completos, también con un límite máximo anual de 3.000 euros por contribuyente.

Esta modalidad está especialmente pensada para comunidades de propietarios que acometan mejoras integrales en fachadas, cubiertas o sistemas comunes de climatización.

Reformas más habituales para alcanzar el ahorro máximo

Las actuaciones que suelen permitir acceder a la deducción máxima incluyen:

  • Sustitución de ventanas por cerramientos de alta eficiencia

  • Mejora del aislamiento térmico en fachadas y cubiertas

  • Instalación de sistemas de aerotermia

  • Renovación de sistemas de calefacción y refrigeración

Además del ahorro fiscal, estas reformas reducen de forma notable el consumo energético y la factura de luz y gas.

Una medida fiscal con impacto social y ambiental

El Gobierno enmarca esta deducción dentro de una estrategia más amplia para reducir la dependencia energética de los hogares, mejorar el confort de las viviendas y avanzar hacia un modelo residencial más sostenible, apoyado en fondos europeos.

Para muchos propietarios, la deducción de hasta 3.000 euros en 2026 supone un incentivo clave para acometer reformas que, de otro modo, se aplazarían.

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