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#Gürtel Costa: «Podía haber dado un paso más y denunciarlo ante la justicia, pero no lo hice”

Publicado

hace 8 años

en

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) – El que fuera secretario general del PPCV con Francisco Camps hasta 2009, Ricardo Costa, ha defendido este miércoles en el Congreso su decisión de admitir ante la Audiencia Nacional la existencia de financiación ilegal en su partido y cree que «está bien» que un responsable político asuma su responsabilidad, pida perdón y se arrepienta.

Ante el tribunal que juzga la trama valenciana de Gürtel, Costa reconoció que facturas del PP se pagaron con dinero negro dado por empresarios, que desde la Generalitat valenciana se coordinaba la percepción de las aportaciones para ser entregadas a la gerencia del partido y que, según se le dijo, todo ello se hacía por orden del entonces presidente valenciano Francisco Camps.

En su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP, el ex número dos del PP valenciano se ha ratificado «plenamente» en ese testimonio, «desde la línea hasta la cruz». Y, además, ha asegurado sentirse arrepentido y ha pedido perdón por no haber parado esas prácticas ilegales cuando tenía competencia.

CAMPS LE REPROCHÓ CAMBIAR DE VERSIÓN
Esa confesión dejó en evidencia a su entonces superior Francisco Camps, que ante la misma comisión de investigación insistió en negar financiación ilegal y subrayó que debía ser Costa quien explicase su cambio de versión, ya que, según dijo, durante nueve años estuvo sosteniendo lo contrario.

Costa ha admitido que, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana empezó a investigar la trama Gürtel, tuvo la oportunidad de reconocer esas prácticas que años después ha confesado, pero no lo hizo porque su situación profesional y personal, era distinta. «Estaba en una situación no sabiendo decir que no», ha comentado en otro momento.

A partir de mayo de 2012, tras ser absuelto en la causa de los trajes de Camps, su situación ya era distinta, pues había dejado la cúpula del partido y había sido obligado a renunciar al escaño que venía ocupando durante dos décadas. «Mis circunstancias personales, profesionales y familiares no eran las óptimas», ha admitido.

Desde entonces, ha subrayado, se alejó de la esfera pública, ya no hizo más declaraciones sobre el tema, y durante los siguientes años abrió un proceso de reflexión marcado. Eso sí, asegura que no ha habido un cambio de versión porque en estos últimos años no ha dado ninguna otra, ni ha hablado con los medios de comunicación a la espera de declarar ante el tribunal.

LA FAMILIA LE ACONSEJÓ RECONOCER LOS HECHOS
«El cambio de actitud no es más que una reflexión personal de años ante una situación que obviamente ha tenido una dura carga personal –ha relatado–. La vida son circunstancias. He tenido una profunda conversación familiar en los últimos dos años que me han hecho ver las cosas y que me han hecho tomar estas decisiones, sabiendo claramente que iba a tener un coste personal muy elevado».

A su juicio, «está bien que un responsable público asuma responsabilidades, pida disculpas y se arrepienta», pero ha querido dejar claro que su actitud no pretende ser ejemplo para los demás. «No quiero dar lecciones a nadie –ha remarcado–. No vengo a dar ejemplo de nada, ya tengo bastante con aprender de mis errores, con humildad y arrepentimiento. No quiero ser el faro de una luz futura».

Ante los diputados, Costa también ha dicho desconocer a cambio de qué pagaban los empresarios las facturas del PP valenciano, ya que él nunca formó parte de la Generalitat, y ha relatado la vez que se negó a que se pagaran gastos del partido con dinero público, algo que la propia dirección nacional del PP también desaconsejó por ser una práctica prohibida.

Si se respetó o no esa decisión, lo deja en el aire. «Lo que sé es que el señor (Luis) Bárcenas le iba a trasladar al señor (Álvaro) Lapuerta la información para que se la comunicara a Camps –ha añadido–. Mi obligación es decirlo, y es verdad que podía haber dado un paso más y denunciarlo ante la justicia, pero no lo hice».

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El juez de la AN deja en libertad con cautelares a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

Publicado

hace 15 horas

en

13 diciembre, 2025

De

Leire Díez
La exconcejal y exmilitante socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) – El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha acordado este sábado dejar en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juez les ha impuesto como medidas cautelares retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Medidas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción

Son las medidas que ha solicitado la fiscal de Anticorrupción Elisa Lamelas y, al no haber ninguna otra parte de momento en la causa, el juez no podía acordar prisión para ninguno de ellos, que han salido por su propio pie de la AN sobre las 13.42 horas.

Llegada a la Audiencia Nacional y declaraciones

Los tres detenidos han llegado en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado. El magistrado, por su parte, ha comenzado a tomarles declaración a las 10.00 horas.

Las fuentes consultadas señalan que Díez se ha negado a declarar porque no conoce el motivo de su detención ni los hechos que se le atribuyen.

Fernández, por su parte, ha respondido a preguntas del juez, de la Fiscalía y de su propia defensa. Fuentes jurídicas señalan que se le investiga por presuntos amaños en la adjudicación de contratos entre 2021 y 2022, un extremo que ha negado en su declaración, en la que también se le ha preguntado por Servinabar, la empresa de la que serían socios el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su amigo Alonso.

Este último, Alonso, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Investigación bajo secreto de sumario

Los tres fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.

La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Registros y requerimientos de información

El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que –según las pesquisas de la UCO– está vinculada a Cerdán.

Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.

También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados «con total colaboración», agregando que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».

Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes del caso consultadas por Europa Press elevan los investigados en estas pesquisas a más de una docena.

Díez trabajó para empresas de la SEPI

La exmilitante del PSOE también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Arturo Zamarriego considera que la exconcejal socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».

Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez que mantuvo dos reuniones con Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores. E hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 entró en Enusa, donde estuvo hasta 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria a Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas compañías dependientes de la SEPI.

Servinabar pagó a Fernández

Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el ‘caso Aznalcóllar’, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto este año.

Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ sobre la información tributaria de Servinabar.

En esos documentos se detalla que Fernández recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.

La segunda imputación de Alonso

Alonso, administrador único de Servinabar, está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del ‘caso Koldo’ relativa a la presunta trama de amaños de obra pública.

Cuando tuvo que declarar el pasado 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el empresario negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó a Cerdán de dicha empresa y reconoció que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.

Alonso defendió que él siempre ha sido socio único de Servinabar, quitando validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

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