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Sucesos

Detienen en Alicante a un delincuente huido de la justicia de Bulgaria hace ocho años

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ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil ha detenido en la localidad alicantina de Jacarilla a un hombre búlgaro de 36 años, fugado de la justicia de su país durante ocho años y sobre el que recaía una orden europea de detención desde noviembre de 2016 por varios delitos contra el patrimonio en Bulgaria, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Desde que cometió el último delito en 2010, el arrestado había llevado una vida discreta, lejos de conflictos que llamaran la atención, hasta que tuvo que acudir a dependencias de la Guardia Civil como víctima de una estafa de seguro.

La investigación arrancó así por una serie de delitos de estafa de seguro de coches en la comarca alicantina de la Vega Baja, cuando los agentes se percataron de que faltaba un perjudicado por formalizar la correspondiente denuncia.

Cuando se pusieron en contacto con él, el sospechoso trató de evitar desplazarse al cuartel, diciendo que sería mejor que fuera su mujer porque ella también era perjudicada. Sin embargo, el testimonio del hombre era importante para la investigación, ya que tuvo un contacto directo con el presunto estafador.

Una vez acudió a las dependencias de la Guardia Civil, fue arrestado en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) de Bulgaria.

Este hombre, búlgaro de 36 años, estaba huido de la justicia de su país desde enero de 2010, cuando al parecer cometió el último de una serie de delitos contra el patrimonio. En 2011 se afincó en España y desde entonces ha vivido sin llamar la atención, hasta que fue víctima de esta estafa por valor de 300 euros.

Tras su detención, el fugitivo ha pasado a disposición de la Audiencia Nacional. Se enfrenta a una pena de 15 años de prisión en su país de origen.

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Sucesos

Condenado un menor por matar a su padre para defender a su madre durante una pelea

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Menor mata a su padre para defender a su madre

El Juzgado de Menores número 1 de Murcia ha dictado una sentencia firme contra un menor de 14 años, que ha sido condenado como autor de un delito de homicidio por apuñalar a su padre en defensa de su madre durante una fuerte discusión familiar en Totana, en junio de 2024.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), el menor asestó cinco puñaladas a su progenitor, una de ellas mortal, provocándole heridas graves en el hígado, diafragma y pulmón derecho. La víctima fue trasladada con urgencia al hospital, donde falleció posteriormente.

El joven reconoció los hechos en la vista oral celebrada en la Ciudad de la Justicia, aceptando las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal. Ante su confesión y la aceptación de todas las partes, el juez dictó sentencia ‘in voce’, imponiendo 24 meses de internamiento en régimen cerrado, sustituibles por una medida de libertad vigilada bajo estrictas condiciones.

⚖️ Medidas impuestas al menor:

La sentencia establece un control integral del menor, incluyendo:

  • Escolarización adaptada a su situación personal

  • Seguimiento psicológico continuo

  • Controles periódicos de consumo de sustancias

  • Asistencia obligatoria a programas de educación en valores

  • Participación en actividades deportivas y de integración social

  • Restricción de movimientos nocturnos

  • Prohibición de contacto con entornos delictivos

  • Supervisión constante del equipo educativo y sanitario

El menor deberá asistir a todas las citas programadas y mostrar una actitud de responsabilidad frente a las normas impuestas. El fallo es firme y no recurrible.

Las consecuencias de este caso, tanto jurídicas como sociales y psicológicas, son amplias y delicadas debido a la gravedad de los hechos, la edad del autor y el contexto de violencia familiar. Aquí te detallo las principales posibles consecuencias:


⚖️ 1. Consecuencias jurídicas para el menor

Aunque se trata de un menor de 14 años —la edad mínima de responsabilidad penal en España— ha sido condenado conforme a la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). Las consecuencias legales incluyen:

  • Libertad vigilada con estrictas condiciones durante 24 meses.

  • Restricción de derechos y movimientos: limitación de horarios, prohibición de contacto con ciertos entornos y obligación de asistencia a programas.

  • Registro de antecedentes (aunque de tipo reservado y con posible cancelación futura).

  • Supervisión judicial constante: si incumple las normas, podría pasar a régimen cerrado.

👉 En caso de reincidencia o incumplimiento, el juez podría revisar la medida y endurecerla, incluso decretar internamiento en un centro cerrado de menores.


🧠 2. Consecuencias psicológicas para el menor

El hecho de haber matado a su propio padre —aunque haya sido en un contexto de defensa de su madre— puede generar en el menor:

  • Trastornos emocionales como estrés postraumático, culpa o ansiedad.

  • Riesgo de estigmatización en su entorno escolar o social.

  • Necesidad de atención psicológica continuada para evitar conductas futuras de riesgo o retraimiento.

  • Impacto en su desarrollo emocional y relaciones futuras.


👪 3. Consecuencias familiares

  • Desestructuración familiar total: pérdida del padre y posible distanciamiento con otros familiares.

  • Carga emocional y legal para la madre: puede verse afectada por la culpa o presión social.

  • Implicaciones en custodia o tutela, si el menor no puede seguir viviendo con su madre.


📰 4. Consecuencias sociales y mediáticas

  • Estigmatización en el entorno: especialmente en un municipio pequeño como Totana.

  • Debate público sobre violencia familiar, defensa propia y justicia juvenil.

  • Revisión del sistema de protección a menores en contextos de violencia doméstica.


🛡️ 5. Implicaciones para el sistema judicial y de protección

Este caso puede tener repercusiones más amplias, como:

  • Mayor atención a los menores que viven en entornos de violencia familiar.

  • Revisión de políticas de intervención temprana y protocolos escolares.

  • Debate sobre la edad penal mínima y el tipo de medidas aplicadas en casos extremos.

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