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Valencia

La Diputación cede al Consell la propiedad del Palau de la Generalitat

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València, 25 abr (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, han firmado este martes un acuerdo por el cual la corporación provincial cede al gobierno valenciano la titularidad del Palau de la Generalitat, que es su sede desde 1983.

La Diputación cede al Consell la propiedad del Palau de la Generalitat

Así lo han escenificado ambos dirigentes con la firma del acuerdo por el que el edificio, que data del siglo XV y que, en sus orígenes y hasta 1983, acogió la sede de la Diputación de Valencia, que ha mantenido hasta hoy la propiedad del palacio.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recordado que la cesión coincide con el 25 de abril, aniversario de la Batalla de Almansa, y ha explicado que algunos de los salones centrales del Palau «se plantearon en la época foral para reunir Les Corts y nunca se pudieron reunir por el Decreto de nueva planta».

«Muertos, heridos, prisioneros… El 25 de abril es inevitable recordar aquellos tambores de guerra, el peor desastre de la sociedad, el desastre moral», ha considerado Puig, que ha aludido a «las instituciones forales perdidas, la lengua perdida, la muerte, pensaron algunos», del pueblo valenciano.

El jefe del Consell ha apostado por «recordar» esa efeméride pero «no con desesperanza sino para valorar todo lo que ha constado conseguir la democracia, el autogobierno».

 

Pug ha dicho acoger con «alegría» la propiedad del edificio, que ha considerado «un acto justicia para el patrimonio del conjunto de valencianos».

100 años desde que la Diputación se hizo propietaria del Palau

«Este año hará 100 años desde que la Diputación se hizo propietaria del Palau y la cesión de las llaves resitúa en la normalidad lo que es un símbolo de lealtad y cooperación», ha considerado.

Por último, ha reivindicado una «gobernanza basada en el respeto a la diversidad, sin sectarismos, sin dogmas, que es la base del hecho diferencial valenciano» y ha añadido que es «hora de mantener y cuidar la convivencia».

Por su parte, el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, ha considerado que este es un «final feliz y necesario» para el Palau porque permite «acabar el eterno proceso administrativo de hace 40 años».

Gaspar pide más colaboración

«Necesitamos más colaboración y necesitamos menos egoísmo», ha subrayado Gaspar, que ha instado a los representantes políticos a tener una actitud «responsable, de altura de miras, de conciencia histórica».

En un momento, ha dicho, en el que «el 10 % de los conflictos son fruto de una diferencia de opiniones y el 90 % de un tono de voz equivocado», ha llamado a recordar que «la banalidad, la dramatización y la mediocridad nunca han sido buenas aliadas del pueblo valenciano».

 

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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