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Los divorcios aumentan en España y la Comunitat Valenciana lidera la tasa de rupturas

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En 2024 se confirmó una tendencia ascendente en divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales en España. La Comunitat Valenciana destaca como una de las regiones con mayor índice de desuniones por habitante, suma más demandas y registra hábitos cada vez más generalizados en la presentación de estas rupturas.


Datos nacionales de divorcios y separaciones en 2024

  • En todo el país hubo aproximadamente 95.650 demandas de disolución matrimonial, lo que incluye divorcios, separaciones y nulidades. Esto representa un aumento del 3,6 % frente a 2023.

  • De esas demandas, unos 55.146 fueron divorcios consensuados, registrando el mayor crecimiento interanual, mientras los divorcios no consensuados también subieron, pero en menor medida.

  • Separaciones matrimoniales disminuyeron ligeramente, tanto las consensuadas como las no consensuadas.

  • La tasa media nacional de disoluciones matrimoniales fue de unos 199 por cada 100.000 habitantes.


Comunitat Valenciana: tasas y cifras destacadas

  • La Comunitat Valenciana registró 11.581 demandas de disolución matrimonial durante 2024, lo que la posiciona como la segunda región con mayor tasa de rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes (221,9), detrás únicamente de Canarias.

  • De esas 11.581 demandas, 6.723 correspondieron a divorcios de mutuo acuerdo, que fueron los únicos con incremento respecto al año anterior. Por su parte, los divorcios contenciosos ascendieron a 4.423.

  • Separaciones y nulidades también forman parte del total, aunque los divorcios son la mayoría del incremento general de las disoluciones.


¿El efecto septiembre y tras el verano?

Aunque no todos los estudios distinguen con exactitud cuántas rupturas se presentan justo en septiembre, algunos patrones observados sugieren lo siguiente:

  1. Acumulación de tensiones: Las vacaciones implican más convivencia, menos escapatorias laborales, mayor exposición a problemas personales que en el día a día se posterga.

  2. Reactivación administrativa: En septiembre hay mayor apertura de juzgados, asesorías legales y capacidad para iniciar trámites que se retrasaron en julio y agosto.

  3. Reinicio de rutina: Vuelta al trabajo, al colegio, a responsabilidades domésticas que pueden reavivar conflictos latentes.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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