València, 2 ago (EFE).- El desalojo de 8 viviendas en riesgo de derrumbe en el barrio de la Cruz Cubierta de València previsto para este lunes ha quedado paralizado durante diez días tras negociar los afectados y la Policía y después de la evaluación efectuada por los bomberos y un trabajador social.

Fuentes del sindicato de barrio Construyendo Malilla han informado a EFE de que las viviendas en riesgo de derrumbe de la calle Manuel Arnau «están en riesgo pero no en riesgo inminente» y por eso se ha dado un plazo de diez días en el que buscar una solución habitacional a las 33 personas agrupadas en 12 núcleos familiares que viven en ellas.

Este martes se reunirán representantes del Ayuntamiento de València y de la Conselleria de Vivienda para buscar soluciones a esta emergencia, una cita a la que no han sido invitados ni el sindicato ni los afectados «y nos gustaría que nos invitaran», han asegurado las fuentes.

Si no se encuentra una alternativa, en diez días se procederá al desalojo de estos vecinos y Construyendo Malilla ya avisa de que convocarán una movilización «para pararlo».

Esta mañana, a las 8.00 horas, dos patrullas de la policía -una Nacional y la otra Local- han llegado a la calle Manuel Arnau para proceder al desalojo de las viviendas ordenadas por el ayuntamiento.

Unos 50 vecinos, según las mismas fuentes, se han concentrado delante de los inmuebles de la calle Manuel Arnau 9 y 11, cuyas puertas se encuentran apuntaladas con maderas para impedir la actuación policial.

Ante los efectivos policiales, los vecinos han coreado frases como «despierta vecina, desahucian en tu puerta».

La plataforma Construyendo Malilla ha informado de que las alternativas ofrecidas hasta el momento por el ayuntamiento no se consideran «válidas» porque no suponen una «alternativa habitacional real» para los afectados, residentes en las viviendas de la calle Manuel Arnau 9 y 11.

Según los vecinos, el Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales, ha ofrecido pagar la fianza y los 3 primeros meses de un alquiler, pero esta propuesta «no es una alternativa válida porque la precaria situación de estas familias no les permite tener ingresos fijos (la mayoría no tienen nómina) y nadie les va a firmar ningún contrato de alquiler, y menos con solo 3 días para buscarlo».

Según el movimiento vecinal, «en cuanto se acabaran las ayudas de Servicios Sociales, la mayoría de estas familias no podrían seguir pagando los alquileres y serían desahuciadas».

Un portavoz de la plataforma ha indicado también que «el 9 % del proyecto del Parque Central pertenece a la empresa propietaria de gran parte de esos edificios» que se quieren desalojar, por lo que considera que existe «un interés económico» que parece que «a ciertas partes del Ayuntamiento les interesa más que la vida de las personas que se supone que tienen que proteger».