La Asociación Marina Premium defiende la continuidad de la actividad hasta resolución judicial
València, 15 de mayo de 2025.
Los cuatro restaurantes ubicados en La Marina de València cuyas concesiones no han sido renovadas por el Ayuntamiento han asegurado que seguirán abiertos, tras reconocer el propio consistorio que cualquier actuación sobre los contratos debe abordarse por la vía civil.
Según ha informado la Asociación Marina Premium, el Ayuntamiento ha admitido un error en la tramitación del expediente de desalojo del restaurante Vlue Arribar, lo que —según la entidad— impide legalmente ordenar un cierre inmediato. En consecuencia, el conflicto se remite a la jurisdicción civil, tal y como figura en la resolución del recurso tratado en la Junta de Gobierno Local del 9 de mayo.
“El Ayuntamiento no puede actuar de forma unilateral”, señalan los abogados
Desde la defensa legal de los establecimientos, se advierte de que mientras no exista sentencia civil que declare la extinción del contrato y su ejecución, no puede imponerse el desalojo de forma arbitraria. Según el letrado de la asociación, el cierre fijado inicialmente para el 31 de mayo “queda sin efecto” hasta que lo determine un juzgado de lo civil.
Asimismo, critica que el Ayuntamiento insista en acordar de manera unilateral “un cierre ilícito sin posibilidad de alegaciones y mediante fuerza pública”, lo que califica como una situación de indefensión que vulnera la legalidad vigente.
Impacto económico y acusaciones de agravio
El presidente de la asociación, Ángel Brández, ha explicado que no cuestionan la reversión de los locales a la Autoridad Portuaria de València (APV), pero sí rechazan el cierre anticipado por parte del Ayuntamiento. A su juicio, la decisión afectaría negativamente a la economía local:
“Cerrar estos locales supondría perder más de 150.000 euros en rentas de alquiler que podrían destinarse a proyectos municipales. Además, se destruirían empleos y negocio”.
Brández también alertó del riesgo de vandalismo durante los meses de verano si los locales quedan cerrados, lo que obligaría al consistorio a establecer vigilancia policial las 24 horas.
En su defensa, Marina Premium rechaza las acusaciones del Ayuntamiento que, según afirma, les vincula con la promoción del botellón, la inseguridad y el turismo low cost. La asociación defiende que su oferta gastronómica “supera la media local” y aporta valor a la imagen turística de La Marina.
El Ayuntamiento responde: “Se trata de un tema menor administrativo”
Por su parte, el Ayuntamiento de València ha restado importancia al asunto, calificando el error administrativo como “un tema menor”. A través de un comunicado a Europa Press, asegura que ejercerá las acciones civiles correspondientes, ya que en la renovación del contrato original se especificaban las fechas de cese de actividad y la devolución de los inmuebles.
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