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EE.UU. dice que la población vacunada puede ir sin mascarilla en exteriores

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Washington, 27 abr (EFE).- Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) concluyeron este martes que la población del país que esté completamente vacunada puede ir sin mascarilla en espacios exteriores en muchos casos, excepto cuando haya grandes multitudes.

«Hay muchas situaciones en las que la gente completamente vacunada no necesita llevar mascarilla, particularmente si están al aire libre», dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una rueda de prensa de la Casa Blanca.

El cambio en las directrices de los CDC, que no son obligatorias sino meras recomendaciones, llega en un momento en el que el 37 % de la población adulta del país está completamente vacunada y casi el 54 % ha recibido al menos una dosis.

La nueva recomendación se refiere a aquellos estadounidenses que ya han recibido todas las dosis necesarias de las vacunas contra la covid-19 y han esperado el tiempo suficiente para que hagan efecto, es decir, dos semanas después del último pinchazo.

A partir de entonces, los estadounidenses pueden prescindir de la mascarilla cuando estén caminando, corriendo o montando en bicicleta al aire libre, tanto si están solos como si van acompañados de las personas con las que convivan.

Los CDC no llegaron a recomendar que las personas vacunadas que estén caminando o haciendo ejercicio al aire libre con personas no convivientes se quiten también la mascarilla, sino que solo se refirieron a quienes viven juntos.

No obstante, la población completamente vacunada sí que puede dejar de llevar tapabocas si acude a pequeñas reuniones al aire libre o cenas en terrazas de restaurantes con amigos o familiares, tanto si estos han recibido todas las dosis como si no.

Donde sí se aconseja mantener puesta la mascarilla es en actos al aire libre en los que haya grandes multitudes, como conciertos, desfiles o partidos de deportes como el béisbol, indicaron los CDC.

Los estadounidenses completamente vacunados sí que deben seguir llevando tapabocas en espacios cerrados, como restaurantes y bares, museos, cines, peluquerías, gimnasios o iglesias; además de en el transporte público o en reuniones en interiores con gente que pueda no estar vacunada.

Sin embargo, ese tipo de reuniones en interiores, que siguen siendo peligrosas para personas no vacunadas, se consideran ya «seguras» para aquellos que ya hayan recibido sus dosis, siempre que lleven mascarilla, según los CDC.

Este cambio se debe en parte a la velocidad que ha tomado la campaña de vacunación en Estados Unidos, y también a los «crecientes datos que apuntan a que la mayoría de los contagios se están produciendo en interiores», explicó Walensky.

«Menos del 10 % de los contagios documentados en muchos estudios han ocurrido al aire libre», añadió la responsable de los CDC.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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