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Los vacunados con Moderna, los que más efectos secundarios han reportado, seguidos por AstraZeneca, Pfizer y Janssen

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efectos secundarios vacunas

València, 15 jun (EFE).- La Comunitat Valenciana ha registrado 42.776 rechazos a administrarse la vacunas frente a la covid, un 1,25 % sobre el total de dosis inoculadas (3,4 millones), y los acontecimientos adversos notificados tras su aplicación han disminuido a la mitad en los dos últimos meses, hasta el 0,25 %.

Según fuentes de la Conselleria de Sanidad, durante el mes de abril la tasa de notificación de efectos adversos de las vacunas a la Consellería se situaba en 0,57 % y el porcentaje ha disminuido en la actualidad hasta el 0,25 %.

El 78 % de los acontecimientos adversos ha sido comunicado a través del Sistema de Información Vacunal (SIV) y un 22 % se ha notificado a través de la página web www.notificaram.es del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H).

Según el tipo de vacuna frente al coronavirus, la tasa de acontecimientos adversos varía y la vacuna Cominarty (Pfizer-BioNTech) presenta actualmente una tasa de notificación de acontecimientos adversos del 0,2 %.

La vacuna Vaxzevria (AstraZeneca) registra una tasa de notificación del 0,38 %, la vacuna Moderna tiene una tasa de 0,47 % y la vacuna de Janssen 0,05 % casos de notificaciones de acontecimientos adversos.

Las principales reacciones adversas que se han notificado son dolor en la zona de inyección, fiebre, cefalea, mareos, náuseas o diarrea, según las fuentes, que indican que todas estas reacciones vienen reflejadas en el prospecto de las vacunas.

Las fuentes señalan que durante el proceso de vacunación hay estipulado un tiempo de 15 minutos de observación tras el pinchazo de la vacuna, de manera que el paciente debe esperar ese tiempo prudencial por si se produce alguna de las reacciones adversas.

RECHAZO DE LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

Respecto del total de vacunas administradas en la Comunitat Valenciana, 3,4 millones de dosis, se han registrado 42.776 rechazos, es decir, un 1,25 % sobre el total de dosis administradas.

De esos rechazos, más de 1.200 se debe a tener contraindicada la vacuna por alergia a alguno de sus componentes (0,04 % sobre los más de 3 millones de dosis administradas).

Más de 39.000 se debe a personas que han rechazado la vacuna (un 1,16 % sobre el total) y los 2.000 restantes se debe a que han pasado la covid-19 y no se recomendaba la vacuna en ese momento.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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