Síguenos

PORTADA OFFICIAL PRESS

ESTUDIO| El 80% de agresores sexuales son conocidos por sus víctimas

Publicado

en

València, 16 feb (EFE).- El 80 por ciento de los agresores sexuales son conocidos por sus víctimas y no presentan antecedentes penales, según concluye un estudio de ámbito nacional en el que participa la Universitat de València (UV).

La investigación del grupo para el estudio de las Violencia Sexuales (SEXVIOL), formado por investigadoras de cuatro universidades públicas españolas, ha analizado 178 sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid entre los años 2016 y 2018, según informa este miércoles la UV.

Los fallos judiciales revelan que en el 80 % de los casos existe algún vínculo personal entre víctima y victimario, y que se trata de parejas o exparejas en el 17,4 % de los casos.

Así lo destacan las investigadoras Esmeralda Ballesteros Doncel, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid, y Empar Aguado, profesora del Departamento de Sociología de la UV, ambas integrantes del grupo SEXVIOL.

Se trata del estudio «Violencia Sexual en España, informe de su incidencia mediante el análisis de fuentes estadísticas y jurídicas», cuyos resultados preliminares se derivan de la I Jornada Científica sobre Investigación e Intervención sobre violencia sexual en España, de diciembre de 2021.

Tales agresiones se producen en viviendas en el 60,1 % de los casos y no suelen implicar el uso de armas (13’5 %) o el empleo de violencia física extrema (menos del 10 %).

«Puede reivindicarse que la violencia sexual es violencia de género en tanto que el 95,5 % de las víctimas de las agresiones sexuales eran mujeres, mientras que el 99,4 % de los victimarios, hombres», afirma Empar Aguado.

Empar Aguado, profesora del Departamento de Sociología de la UV e integrante del grupo SEXVIOL, en una fotografía facilitada por la UV

Asimismo, no puede asociarse tal violencia a perfiles asociales o patológicos: un 70,2 % de los victimarios no contaba con antecedentes penales de ninguna clase y solo un 1,7 % de los procesados tenía registrada alguna agresión sexual en el pasado.

Además, las autoras del trabajo, en el que también participan la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Jaén, apuestan por invertir en políticas públicas que potencien servicios de acompañamiento, asesoría jurídica y atención especializada a las víctimas de la agresión.

Asimismo, Empar Aguado y Tania García consideran esencial educar a la ciudadanía en prevención de la violencia de género, ya que «nadie está libre de sufrir violencia sexual y nadie es prescindible en el trabajo para su erradicación».

El grupo SEXVIOL surgió a raíz del caso de los Sanfermines de Pamplona en 2016 con el fin de abordar mediante una perspectiva científica la realidad de las violencias sexuales en España.

En 2017, inició una investigación centrada en conocer estadísticamente el número de agresiones sexuales y analizó sus rasgos característicos a partir de sentencias judiciales.

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

PORTADA OFFICIAL PRESS

La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

Publicado

en

Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo