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Sucesos

El 80% de los juicios celebrados en 2017 con jurado popular concluyó con un veredicto de culpabilidad

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VALÈNCIA, Sep 2018. (EUROPA PRESS) – El 80 por ciento de los juicios celebrados mediante el procedimiento del jurado en la Audiencia Provincial de Valencia durante el año 2017 acabó con un veredicto de culpabilidad, mientras que en los procesos vistos en los 9 primeros meses de 2018 ese porcentaje se eleva al 100 por cien, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En total, la Audiencia ha celebrado en estos dos años (2017 y 2018 hasta el mes de septiembre) 28 juicios por este procedimiento por el que, entre otros, se juzgan delitos de homicidio, asesinato, cohecho, allanamiento de morada o malversación de caudales públicos.

De las 20 vistas correspondientes al año pasado, en 16 de ellas los ciudadanos legos en Derecho que integran el tribunal popular declararon culpable al acusado mientras que en las cuatro restantes el juicio concluyó con veredicto de no culpabilidad.

En los primeros nueve meses de este año, la Audiencia de Valencia ha celebrado ocho juicios por este procedimiento y tiene 12 vistas pendientes de celebrar. En todos los juicios celebrados, el jurado encontró al acusado culpable de los hechos que se le imputaban.

SORTEO PARA ELEGIR CANDIDATOS A JURADO
Estos datos han sido hechos públicos este jueves por el presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de Rosa, quien ha presidido el sorteo bienal para elegir a los 3.000 integrantes de la bolsa de candidatos a jurado para los juicios que se celebren en los dos próximos años en la Audiencia Provincial (2019-2020).

Al acto han asistido también el delegado provincial del Instituto Nacional de Estadística, Javier Muñoz, y la letrada de la Administración de Justicia de la Oficina del Jurado, Gloria Herráez.

En el caso de Valencia, han sido elegidos 3.000 ciudadanos seleccionados por muestreo aleatorio del total del censo de la provincia de Valencia de mayores de 18 años, que asciende a 1.894.215 personas, según datos facilitados por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.

Una vez celebrado el sorteo, se enviará una comunicación a los elegidos para que tengan conocimiento de su inclusión en la lista de jurados y puedan alegar en caso de que les afecte alguna de las situaciones de incompatibilidad, incapacidad o excusa que recoge el artículo 8 de la Ley del Jurado.

Posteriormente, serán los jueces decanos de los partidos judiciales a los que pertenezcan los municipios de los ciudadanos elegidos quienes resuelvan las reclamaciones que se presenten. Después, se dará cuenta a la Oficina del Censo, que depurará la lista inicial.

Una vez comunicada la lista definitiva a la presidencia de la Audiencia, a la presidencia del Tribunal Superior y a la Sala de lo Penal del Supremo, los ciudadanos incluidos en la misma podrán ser convocados para formar parte de cualquier juicio con tribunal popular que se celebre en los años 2019 y en el 2020.

Este procedimiento de sorteo para la elaboración de listas de forma aleatoria está regulado en el artículo 13 de la Ley del Jurado. El sorteo se efectúa con un ordenador, utilizando una combinación matemática que garantiza la aleatoriedad. El programa facilita la lista a través de combinaciones numéricas y no se visualizan nombres ni ningún otro dato que permita la identificación de los ciudadanos elegidos, han indicado desde el TSJCV.

CAUSAS PARA NO PARTICIPAR Y RETRIBUCIÓN
La ley que regula este procedimiento dispone que la función de jurado tiene la consideración de cumplimiento de un «deber inexcusable de carácter público y personal», a los efectos del ordenamiento laboral y funcionarial.

Los candidatos pueden alegar causas de «incompatibilidades, prohibición o excusa» para no formar parte del jurado. Si finalmente el candidato formara parte del jurado, la ley contempla una retribución diaria de 67 euros.

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Sucesos

Absuelven al periodista José González por supuesta violencia de género, tras una falsa denuncia

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El Juzgado archiva la causa contra el periodista valenciano, que perdió su trabajo en el Ayuntamiento de Torrent por un altercado denunciado y no ratificado.


Un episodio polémico que acabó en su cese

Hace cinco días, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, firmó el cese de su jefe de prensa, José González, tras un altercado en la vivienda de su expareja.

Según la denuncia, González acudió de noche al domicilio y llamó insistentemente al timbre, lo que derivó en un intercambio subido de tono. La mujer acudió a la comisaría de la Policía Nacional en Torrent a presentar denuncia, pero posteriormente decidió no rubricarla. Aun así, González prestó declaración sobre lo ocurrido.

Tras conocerse los hechos, Folgado decretó su destitución, sin precisar si se trataba de una medida temporal o definitiva.

En declaraciones a Levante-EMV, González defendió su comportamiento:

“Respeto la figura de la mujer y, por supuesto, la de mis parejas y la de sus hijos. El incidente no dejó de ser un desacuerdo, sin insultos ni maltrato”.

Moción de reprobación en el pleno municipal

Paralelamente, el concejal no adscrito Guillermo Alonso del Real registró una moción para reprobar institucionalmente a González en el próximo pleno municipal.

El edil argumentó que la conducta del periodista era “incompatible con los principios de neutralidad, ejemplaridad y respeto que deben regir la comunicación institucional”. Subrayó que la comunicación municipal debe representar a todos los vecinos de Torrent y no convertirse en “un instrumento personal o partidista”.

Absolución en los tribunales

Con fecha 4 de septiembre de 2025, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de l’Horta Sud dictó un auto de sobreseimiento y archivo de la denuncia contra José González, al concluir que no existe ningún indicio de violencia física ni amenazas verbales.

La resolución judicial desmonta la acusación y confirma que no hubo delito de violencia de género.

Daño reputacional y pérdida de empleo

Pese a su absolución, González ya ha sufrido graves consecuencias profesionales y personales: la pérdida de su cargo en el Ayuntamiento de Torrent, un daño a su imagen pública y la difusión de informaciones mediáticas que vulneraron su presunción de inocencia.

Con más de 15 años de trayectoria impecable en comunicación institucional y periodismo fallero, el periodista se pregunta ahora quién reparará el daño económico y reputacional ocasionado por una denuncia que no prosperó.

Declaraciones del periodista

Tras conocerse el archivo de la causa, González manifestó:

“Nunca hubiera imaginado esta situación. Siempre he mantenido una relación de respeto y cordialidad hacia mi ex pareja y mis hijos, y así seguirá siendo”.

 

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