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El abuso sexual infantil en la red y otras pandemias que deja el coronavirus

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La directora de Europol, Catherine De Bolle, posa durante una entrevista concedida a la Agencia Efe. EFE/Imane Rachido

La Haya, 16 feb (EFE/Imane Rachidi).- Los abusos sexuales infantiles y la distribución de material pedófilo en internet se ha disparado durante la pandemia, lo que se ha acentuado en más del 50 % en algunos países europeos debido a la mayor presencia en la red de los delincuentes, pero también de las víctimas, que interactúan, socializan y estudian más en el mundo digital. Es una de las otras pandemias sociales provocadas por la covid-19.

Los confinamientos han llevado a los niños a videollamar a sus abuelos y amigos, a interactuar más en las redes sociales, a jugar con amigos en plataformas conectadas a internet, y a hacer un uso educativo del mundo digital, lo que ha trasladado la mayor parte de su vida al mundo virtual, reconoce a Efe la directora de Europol, Catherine de Bolle.

“Es difícil dar cifras oficiales, pero ha aumentado el abuso sexual contra los niños en internet y la distribución de material de explotación sexual infantil. Vemos que creció en algunos países más de un 50% durante la pandemia”, añade sobre uno de los delitos que se han disparado en la red durante el último año.

Desde la agencia de coordinación policial europea, en La Haya, De Bolle enfatiza que “la prevención es sumamente importante” contra el abuso sexual infantil, por lo que insta a los países de la Unión Europea (UE) a lanzar campañas de concienciación, en los que la propia Europol asegura estar invirtiendo, ofreciendo en su página web medidas preventivas y propuestas educativas dirigidas a padres y personal que tiene a niños bajo sus cuidados.

“El mensaje de prevención es muy importante”, alerta, sobre lo que Europol considera una “grave amenaza para la seguridad de los niños”, protagonizada por “delincuentes sexuales” que han encontrado en la emergencia sanitaria actual una oportunidad tentadora de acceder a un grupo más amplio de potenciales víctimas.

En noviembre, una operación de la Gendarmería francesa llevó al arresto de 15 sospechosos acusados de explotación sexual de niños en internet: utilizaron las redes sociales para acercarse a menores de hasta 12 años, y los indujeron a compartir fotos y videos íntimos. La policía identificó a ocho víctimas potenciales e incautó 1.058 imágenes ilícitas.

Los niveles constantes de actividad en la web profunda durante la crisis de la covid-19 “reflejan el modelo empresarial organizado que ha evolucionado y con él el nivel de amenaza que representa para los niños”, según Europol, que denuncia la “revictimización de los niños a través de la distribución de imágenes y videos que los representan”.

VACUNAS Y PCR FALSAS

Europol monitorea desde el inicio de la pandemia el impacto de la emergencia sanitaria en el crimen, enviando informes de inteligencia a sus miembros para que sepan a nivel europeo “cuáles son las tendencias, cómo usan los criminales la pandemia y cómo abusan de la situación”, añade De Bolle.

“Los delincuentes usan el hecho de que la gente tiene miedo y quiere encontrar soluciones a cómo superar esta pandemia. (…) Están usando la red, y no solo la web oscura, para vender productos falsificados. Los estafadores ofrecen vacunas falsas, productos de calidad inferior, herramientas médicas o medicamentos falsos, y la gente los compra”, lamenta.

Grupos organizados regulares, que no estaban acostumbrados a actuar en el mundo digital, han empezado a usar el ciberespacio: “Buscan ciberespecialistas que les ayuden a desarrollar su negocio delictivo”.

Se han detectado certificados fraudulentos de supuestas pruebas negativas PCR del covid-19 que se venden a los viajeros para que puedan subirse a un avión o un tren, exigencia creciente entre numerosos países europeos para contener la propagación del coronavirus.

En diciembre pasado, la Policía Nacional de España detuvo a un estafador por vender presuntamente certificados PCR con falsos negativos en internet a cambio de 40 euros, y Países Bajos descubrió a una red que vendía declaraciones PCR por unos 60 euros a través de aplicaciones de mensajería.

Europol también alerta de la posible venta de vacunas falsas del covid-19 en internet, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) detectara fármacos falsos, con un número de lote y fechas de vencimiento diferentes a las de los productos reales.

MÁS VIOLENCIA Y COCAÍNA EN LA UE

Europol ha detectado “un asombroso” aumento del uso de todo tipo de violencia, en la que “en los casos más extremos, se mata” a la víctima. “Es una preocupación creciente porque (son grupos que) antes no usaban violencia, era algo que veíamos más en Sudamérica”, pero ahora crece también en la UE.

“La violencia llama la atención de la policía, la justicia, las autoridades. Los grupos del crimen organizado quieren fortalecer su reputación, intimidar a quien se niega a cooperar con ellos, a darles información”, detalla.

Esta violencia también ha aumentado en puntos de tránsito importantes, como los barrios que rodean los principales puertos europeos, “importantes para el tráfico de cocaína, un mercado muy lucrativo. Hay cada vez más grupos del crimen organizado que se centran en el mismo dominio y tratan de usar la misma infraestructura, lo que resulta en luchas por quedarse con el territorio”.

Europol ha reforzado su unidad dedicada al narcotráfico porque asegura estar “abrumada por el tráfico de cocaína en la UE”, un negocio que empezó a crecer antes de esta crisis y que exige “ir detrás del dinero, iniciar investigaciones financieras” para combatirlo.

Una tendencia que ha seguido creciendo durante la pandemia: “Cuando miramos a Países Bajos y Bélgica, por ejemplo, las cifras han sido muy altas en 2020, más que en 2019. El 60% de la producción de drogas en Colombia, por ejemplo, tiene como destino final la UE. Hace unos años, este no era el caso, ahora somos un continente muy lucrativo para la exportación de drogas”, subraya.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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