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El abuso sexual infantil en la red y otras pandemias que deja el coronavirus

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La directora de Europol, Catherine De Bolle, posa durante una entrevista concedida a la Agencia Efe. EFE/Imane Rachido

La Haya, 16 feb (EFE/Imane Rachidi).- Los abusos sexuales infantiles y la distribución de material pedófilo en internet se ha disparado durante la pandemia, lo que se ha acentuado en más del 50 % en algunos países europeos debido a la mayor presencia en la red de los delincuentes, pero también de las víctimas, que interactúan, socializan y estudian más en el mundo digital. Es una de las otras pandemias sociales provocadas por la covid-19.

Los confinamientos han llevado a los niños a videollamar a sus abuelos y amigos, a interactuar más en las redes sociales, a jugar con amigos en plataformas conectadas a internet, y a hacer un uso educativo del mundo digital, lo que ha trasladado la mayor parte de su vida al mundo virtual, reconoce a Efe la directora de Europol, Catherine de Bolle.

“Es difícil dar cifras oficiales, pero ha aumentado el abuso sexual contra los niños en internet y la distribución de material de explotación sexual infantil. Vemos que creció en algunos países más de un 50% durante la pandemia”, añade sobre uno de los delitos que se han disparado en la red durante el último año.

Desde la agencia de coordinación policial europea, en La Haya, De Bolle enfatiza que “la prevención es sumamente importante” contra el abuso sexual infantil, por lo que insta a los países de la Unión Europea (UE) a lanzar campañas de concienciación, en los que la propia Europol asegura estar invirtiendo, ofreciendo en su página web medidas preventivas y propuestas educativas dirigidas a padres y personal que tiene a niños bajo sus cuidados.

“El mensaje de prevención es muy importante”, alerta, sobre lo que Europol considera una “grave amenaza para la seguridad de los niños”, protagonizada por “delincuentes sexuales” que han encontrado en la emergencia sanitaria actual una oportunidad tentadora de acceder a un grupo más amplio de potenciales víctimas.

En noviembre, una operación de la Gendarmería francesa llevó al arresto de 15 sospechosos acusados de explotación sexual de niños en internet: utilizaron las redes sociales para acercarse a menores de hasta 12 años, y los indujeron a compartir fotos y videos íntimos. La policía identificó a ocho víctimas potenciales e incautó 1.058 imágenes ilícitas.

Los niveles constantes de actividad en la web profunda durante la crisis de la covid-19 “reflejan el modelo empresarial organizado que ha evolucionado y con él el nivel de amenaza que representa para los niños”, según Europol, que denuncia la “revictimización de los niños a través de la distribución de imágenes y videos que los representan”.

VACUNAS Y PCR FALSAS

Europol monitorea desde el inicio de la pandemia el impacto de la emergencia sanitaria en el crimen, enviando informes de inteligencia a sus miembros para que sepan a nivel europeo “cuáles son las tendencias, cómo usan los criminales la pandemia y cómo abusan de la situación”, añade De Bolle.

“Los delincuentes usan el hecho de que la gente tiene miedo y quiere encontrar soluciones a cómo superar esta pandemia. (…) Están usando la red, y no solo la web oscura, para vender productos falsificados. Los estafadores ofrecen vacunas falsas, productos de calidad inferior, herramientas médicas o medicamentos falsos, y la gente los compra”, lamenta.

Grupos organizados regulares, que no estaban acostumbrados a actuar en el mundo digital, han empezado a usar el ciberespacio: “Buscan ciberespecialistas que les ayuden a desarrollar su negocio delictivo”.

Se han detectado certificados fraudulentos de supuestas pruebas negativas PCR del covid-19 que se venden a los viajeros para que puedan subirse a un avión o un tren, exigencia creciente entre numerosos países europeos para contener la propagación del coronavirus.

En diciembre pasado, la Policía Nacional de España detuvo a un estafador por vender presuntamente certificados PCR con falsos negativos en internet a cambio de 40 euros, y Países Bajos descubrió a una red que vendía declaraciones PCR por unos 60 euros a través de aplicaciones de mensajería.

Europol también alerta de la posible venta de vacunas falsas del covid-19 en internet, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) detectara fármacos falsos, con un número de lote y fechas de vencimiento diferentes a las de los productos reales.

MÁS VIOLENCIA Y COCAÍNA EN LA UE

Europol ha detectado “un asombroso” aumento del uso de todo tipo de violencia, en la que “en los casos más extremos, se mata” a la víctima. “Es una preocupación creciente porque (son grupos que) antes no usaban violencia, era algo que veíamos más en Sudamérica”, pero ahora crece también en la UE.

“La violencia llama la atención de la policía, la justicia, las autoridades. Los grupos del crimen organizado quieren fortalecer su reputación, intimidar a quien se niega a cooperar con ellos, a darles información”, detalla.

Esta violencia también ha aumentado en puntos de tránsito importantes, como los barrios que rodean los principales puertos europeos, “importantes para el tráfico de cocaína, un mercado muy lucrativo. Hay cada vez más grupos del crimen organizado que se centran en el mismo dominio y tratan de usar la misma infraestructura, lo que resulta en luchas por quedarse con el territorio”.

Europol ha reforzado su unidad dedicada al narcotráfico porque asegura estar “abrumada por el tráfico de cocaína en la UE”, un negocio que empezó a crecer antes de esta crisis y que exige “ir detrás del dinero, iniciar investigaciones financieras” para combatirlo.

Una tendencia que ha seguido creciendo durante la pandemia: “Cuando miramos a Países Bajos y Bélgica, por ejemplo, las cifras han sido muy altas en 2020, más que en 2019. El 60% de la producción de drogas en Colombia, por ejemplo, tiene como destino final la UE. Hace unos años, este no era el caso, ahora somos un continente muy lucrativo para la exportación de drogas”, subraya.

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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