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El Ayuntamiento de València cierra 5 áreas del tanatorio municipal por seguridad

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El Ayuntamiento de Valencia ha exigido a la empresa que gestiona el tanatorio y el crematorio municipales una solución inmediata a los problemas detectados en la última inspección municipal. “No solo velamos por el cumplimiento de todas las condiciones del contrato con la empresa concesionaria de la gestión de estos espacios sino que, además, exigimos una respuesta urgente a todas las incidencias relacionadas con la seguridad de las personas usuarias de estas instalaciones”, ha afirmado la concejala delegada de Cementerios, Pilar Soriano.

La regidora ha explicado que el Ayuntamiento se ha puesto contacto con la empresa concesionaria y ya se han tomado decisiones urgentes, como cerrar al público el aparcamiento. “Sabemos que puede generar molestias para las personas que acuden a estas instalaciones pero la seguridad de todas ellas es la prioridad máxima para el gobierno municipal”, ha afirmado Soriano, quien ha destacado que todas las incidencias calificadas como graves o muy graves en el informe de la empresa que ha realizado la inspección “deben abordarse de forma inmediata” por parte de la empresa concesionaria.

Algunas instalaciones deben dejar de prestar servicio con carácter inmediato, según ha exigido el Ayuntamiento a la empresa concesionaria, como el aparcamiento subterráneo de uso público, que ya está fuera de servicio, la sala de tanatopraxia, el almacén en zona sin uso y los almacenes de floristería en la zona exterior y en parte del restaurante, dado que en las condiciones actuales no se justifica el cumplimiento de la normativa asociada a la actividad ejercida. “Entendemos que medidas tan drásticas son necesarias por los riesgos que comportaría en caso de incendio la combinación de elementos de protección en mal estado”, ha resaltado Soriano.

Por otra parte, entre las incidencias que requieren una solución urgente está la puesta marcha de los sistemas de detección de incendios y de detección de monóxido en el aparcamiento, así como la adecuación de las emergencias en todo el edificio y la reparación de puertas en las cajas de escaleras. Además, el Ayuntamiento también ha exigido que se dote inmediatamente de un sistema de ventilación y superpresión a las cajas de escalera, la adecuación de estructuras para que tengan la resistencia al fuego necesaria, la adecuación a la normativa vigente de los cables y las conexiones eléctricas y de alumbrado en zonas de acceso público con riesgo de contacto eléctrico, la apertura de la puerta de salida del almacén de la cafetería durante las horas de servicio, la reparación del cierre de cubierta y la instalación de líneas de vida homologadas permanentes para los trabajos de mantenimiento, así como la sustitución del sistema de control para permitir que funcionen las instalaciones.

La inspección también ha permitido detectar todo un conjunto de incidencias que se recomienda resolver con brevedad, como la oxidación de armaduras en los forjados, la reparación del suelo del vestíbulo interior de las salas de vela, la adecuación de las salas de tanatopraxia y espacios vinculados, la construcción de vestíbulos de independencia en el aparcamiento de vehículos funerarios, la validación de la compartimentación de las cajas de escaleras, el vestuario del personal de cafetería, la adecuación del sistema de alumbrado del aparcamiento y de los locales de taller y almacén a sus usos, la reparación de los sistemas de climatización, la adaptación de la temperatura en las salas de exposición de las velas, la adaptación de los lavabos del crematorio, la modificación de la red de evacuación de aguas para evitar inundaciones, las mejoras en la impermeabilización de muros del sótano, las reparaciones de impermeabilización de cubierta y el desmontaje o la adecuación de la toma de riego de los aljibes.

En el informo de la inspección también se enumeran algunas incidencias que pueden ser relevantes a medio plazo, como la necesidad de mantenimiento preventivo de los chapados en zonas húmedas o sanitarias, el sellado de carpinterías en la zona de oficinas o las reparaciones y la limpieza de fachadas. También hay de otros, poco relevantes, más relativas a cuestiones estéticas relativas al envejecimiento o el uso normal de las instalaciones.

En enero de 2013 la Junta de Gobierno Local acordó autorizar a la cesión de la explotación a la empresa actual por parte del anterior empresa adjudicataria, con la consecuente asunción de todos los derechos y obligaciones derivados de la adjudicación inicial.

Algunas de las incidencias detectadas se derivan de la construcción del edificio; otras, del tiempo transcurrido y el uso normal que se hace; otros, por cuestiones de diseño y por problemas de mantenimiento. “El Ayuntamiento confía en la celeridad de la respuesta de la empresa concesionaria, dado que algunas de las incidencias detectadas, las más urgentes, se corresponden a fallos totales de gestión por falta de renovación o actualización de equipos”, ha explicado la concejala. El informe concluye que la inversión realizada en conjunto no se corresponde con la establecida en el plan de negocio presentado a su día en la licitación. El plan de negocio planteaba la sustitución de instalaciones cada 18 años, que se cumplirán en 2018. La inversión prevista en el Estudio Económico de la licitación era de 320 millones de pesetas.

A partir de las estimaciones indicadas, y considerando la simultaneidad de actividades en todo el complejo, se considera que el plazo total en el que podrían corregirse las deficiencias mencionadas es de casi 24 semanas.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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