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El Ayuntamiento de València se personará en la causa por la operación Azud para recuperar «hasta el último euro»

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VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) – El Ayuntamiento de València se personará como «afectado» en la causa judicial que se abra a partir de la operación Azud, en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, y que investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del consistorio durante el mandato del PP. De este modo, la administración local pretende que se devuelva «hasta el último euro que en su momento se sustrajo».

Así lo ha anunciado este miércoles el primer edil, Joan Ribó, que ha indicado que esta misma jornada ha pedido al Abogado de la Ciudad «que en el momento en el que sea procedente se persone» en este caso con el fin de que el «Ayuntamiento pueda conocer exactamente lo que está pasando» y reclamar una compensación económica en el caso de que se constate que las arcas municipales se han visto afectadas.

Ribó se ha pronunciado de este modo antes de recibir a representantes de las entidades que impulsan la campaña ‘València libre de paraísos fiscales’, al referirse, en declaraciones a los periodistas, a la operación ‘Azud’.

«He encargado al Abogado de la Ciudad que vaya preparando toda la documentación necesaria porque evidentemente el Ayuntamiento es afectado y, como el Ayuntamiento, todos los valencianos y las valencianas», ha señalado el responsable municipal. Ha apuntado que la personación podría hacerse efectiva «en el momento en el que se levante el secreto del sumario».

Joan Ribó ha explicado que ha adoptado esta decisión «por dos motivos», primero porque «pensamos que la gente que está robando, que estuvo robando al Ayuntamiento, estuvo robando a todos los valencianos y las valencianas» y, segundo, porque tienen que «pagar por sus delitos» y «devolver hasta el último euro que en su momento sustrajo».

«Pensamos que es un elemento fundamental», ha afirmado el alcalde, que ha reiterado la disposición del consistorio a colaborar con la justicia y a dar «todas las facilidades para investigar este tema que nunca debía haber ocurrido».

Ribó ha manifestado que para el actual equipo de gobierno de la ciudad –Compromís, PSPV y València en Comú– «la lucha por la transparencia, la lucha contra la corrupción y la lucha contra los paraísos fiscales es un tema muy importante».

«Se parece al caso Erial»

El primer edil ha comparado la operación Azud con la operación Erial, en la que se investiga al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

«El caso Azud cada vez se parece más al caso Erial. El caso Azud es un caso municipal y el caso Erial es un caso autonómico que corresponde a Zaplana y a su familia, a sus enriquecimientos personales. En el caso Azud estamos delante del enriquecimiento personal de la familia que estaba directamente vinculada a la anterior alcaldesa», ha planteado.

Joan Ribó ha considerado que este es «un caso grave» y que es «una pena tener otra vez que enfrentarnos a ese tema» que «nunca tenía que haber ocurrido». «Ya no parece ser solo un caso de financiación ilegal de un partido, parece ser un caso de financiación ilegal de familias y de personas», ha agregado.

La operación Azud, que trascendió este martes aunque la investigación arrancó hace dos años, se centra en las ‘mordidas’ con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València realizaron al bufete del abogado José María Corbín.

Preguntado por la investigación y por el tipo de contratos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estudia en el marco de la operación Azud, Joan Ribó ha comentado que los agentes estuvieron ayer por la tarde en la Central Operativa de Saneamiento de València, «revisando la UTE –Unión Temporal de Empresas–» que tiene adjudicado este servicio municipal» y consultando «documentación» al respecto.

«Ningún tipo de registro»

«No disponemos de más información. Imaginamos que el tema es más grande y que tendrá consecuencias porque los contratos de estas empresas son con el Ayuntamiento pero no disponemos de mayor información», ha afirmado el alcalde.

Asimismo, Ribó ha señalado que no se han llevado a cabo actuaciones de la UCO en otros lugares dependientes del consistorio y ha reiterado que no se han producido en la empresa municipal Aumsa. «De momento, en el Ayuntamiento no ha habido ningún tipo de registro ni solicitud de información», ha aseverado.

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Reducción de la jornada laboral: quién puede beneficiarse de ella y quién no

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La jornada laboral de 37,5 horas no será para todos: más de 6,3 millones de españoles quedarán excluidos

Autónomos y empleados públicos no se beneficiarán de la nueva reducción de jornada que llega al Congreso

La reducción de la jornada laboral en España entra en debate este miércoles 30 de abril en el Congreso de los Diputados. El Gobierno busca limitar legalmente la jornada semanal a un máximo de 37,5 horas sin reducción salarial, pero la medida no será universal: más de 6,3 millones de trabajadores quedarán excluidos, lo que ha generado inquietud entre los colectivos afectados.

Entre los principales excluidos de la jornada laboral reducida se encuentran los autónomos y los empleados públicos, dos pilares fundamentales del tejido económico y social del país. Además, la medida tampoco afectará a aquellos trabajadores con convenios colectivos que ya contemplan jornadas por debajo del nuevo límite propuesto.

¿Quiénes no podrán acogerse a la jornada de 37,5 horas?

1. Autónomos: sin jornada legal y sin protección

El colectivo de trabajadores autónomos, que supera los 3 millones de personas en España, no tendrá acceso a la reducción de jornada. Al operar por cuenta propia, su tiempo de trabajo no está regulado por ley. Aunque no se ven afectados directamente, muchos de ellos deberán reorganizar sus horarios y asumir el impacto de los cambios si emplean personal contratado que sí se beneficie de la nueva normativa.

Esto podría traducirse en un aumento de costes laborales o en una reestructuración interna de sus negocios para mantener la operatividad, sobre todo en el caso de pequeñas empresas o profesionales independientes.

2. Empleados públicos: regulados por normativas distintas

En el caso de los funcionarios y empleados públicos, su jornada está determinada por regulaciones propias. Muchos ya trabajan 35 horas semanales o menos, por lo que no se verán afectados por la reforma.

Sin embargo, esta exclusión ha provocado quejas dentro del sector público, donde algunos sindicatos pedían una homologación generalizada que equiparara las condiciones laborales de todos los trabajadores del país.

¿A quién beneficia la nueva reducción de jornada?

La nueva medida se aplicará a trabajadores por cuenta ajena del sector privado cuya jornada actual supere las 37,5 horas semanales. El objetivo es impulsar la conciliación familiar, mejorar la salud laboral y aumentar la productividad, en línea con modelos implantados en otros países europeos.

El impacto será más notable en sectores como el comercio, la hostelería, la industria o los servicios, donde aún predominan jornadas largas. La aplicación será progresiva y dependerá de negociaciones colectivas con patronales y sindicatos.

Una reforma laboral con grandes ausencias

Pese al avance que supone para muchos trabajadores, la nueva jornada laboral en España deja fuera a una parte importante del mercado laboral. Más de 6,3 millones de personas —entre autónomos y empleados públicos— no se beneficiarán directamente, lo que pone en evidencia la desigualdad estructural en el acceso a los derechos laborales en el país.

Esta exclusión plantea desafíos importantes: cómo adaptar la legislación para ser más inclusiva y cómo compensar a quienes, por la naturaleza de su trabajo, no pueden acceder a reformas que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador medio.

 

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