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El Consejo General de Enfermería aconseja mascarillas FFP2 para lugares cerrados

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EFE/LUIS TEJIDO

Madrid, 29 ene (EFE).- El Consejo General de Enfermería considera que es «primordial» el uso de mascarillas tipo FFP2 en lugares cerrados, poco ventilados y concurridos para evitar contagios de coronavirus y ha insistido en su petición de que sean asequibles para todos los ciudadanos.

En un comunicado, aconseja estas mascarillas en lugares como en el transporte público y en especial donde haya más posibilidad de coincidir con personas contagiadas como en centros sanitarios, farmacias o residencias, entre otros, y destaca que su uso «es una medida capital» para evitar la expansión de la covid.

El Consejo, como ya reclamó cuando se aprobó la bajada del IVA de las mascarillas quirúrgicas, reitera su petición de reducir los impuestos y fijar un precio máximo de venta al público para estas mascarillas, siempre que sea certificada su eficacia.

Sostienen los enfermeros que las FFP2 son «un bien de primera necesidad» para los ciudadanos y por tanto «es imprescindible protegerles de cualquier movimiento especulativo, priorizando en todo momento la salud frente al oportunismo de unos pocos».

Y es que el Consejo afirma que desde hace meses algunos comercios especializados, como las oficinas de farmacias, están «especulando» con este material sanitario.

El presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya, mantiene que deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables y que «lo ideal» sería incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el Sistema Nacional de Salud con el mismo criterio de acceso en función de la renta y las circunstancias socioeconómicas de cada ciudadano.

El Consejo destaca también que la prolongación del uso de las mascarillas es uno de los errores más frecuentes que comete la población, lo que genera «un problema de salud pública».

Según el Consejo, una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas.

La opinión del Consejo es compartida por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), que destaca que fuera de espacios cerrados con poca ventilación, la mascarilla quirúrgica es suficiente para evitar la propagación del covid, siempre y cuando se use de manera adecuada.

LA SEMPSPH, que precisa que la mascarilla quirúrgica ofrece suficiente protección frente a contactos esporádicos con personas infectadas, insta a las autoridades sanitarias a garantizar el suministro tanto a los profesionales sanitarios como a otros con profesiones más expuestas, en caso de hacer obligatorio el uso de mascarillas FFP2.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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