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El Consejo General de Enfermería aconseja mascarillas FFP2 para lugares cerrados

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EFE/LUIS TEJIDO

Madrid, 29 ene (EFE).- El Consejo General de Enfermería considera que es «primordial» el uso de mascarillas tipo FFP2 en lugares cerrados, poco ventilados y concurridos para evitar contagios de coronavirus y ha insistido en su petición de que sean asequibles para todos los ciudadanos.

En un comunicado, aconseja estas mascarillas en lugares como en el transporte público y en especial donde haya más posibilidad de coincidir con personas contagiadas como en centros sanitarios, farmacias o residencias, entre otros, y destaca que su uso «es una medida capital» para evitar la expansión de la covid.

El Consejo, como ya reclamó cuando se aprobó la bajada del IVA de las mascarillas quirúrgicas, reitera su petición de reducir los impuestos y fijar un precio máximo de venta al público para estas mascarillas, siempre que sea certificada su eficacia.

Sostienen los enfermeros que las FFP2 son «un bien de primera necesidad» para los ciudadanos y por tanto «es imprescindible protegerles de cualquier movimiento especulativo, priorizando en todo momento la salud frente al oportunismo de unos pocos».

Y es que el Consejo afirma que desde hace meses algunos comercios especializados, como las oficinas de farmacias, están «especulando» con este material sanitario.

El presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya, mantiene que deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables y que «lo ideal» sería incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el Sistema Nacional de Salud con el mismo criterio de acceso en función de la renta y las circunstancias socioeconómicas de cada ciudadano.

El Consejo destaca también que la prolongación del uso de las mascarillas es uno de los errores más frecuentes que comete la población, lo que genera «un problema de salud pública».

Según el Consejo, una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas.

La opinión del Consejo es compartida por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), que destaca que fuera de espacios cerrados con poca ventilación, la mascarilla quirúrgica es suficiente para evitar la propagación del covid, siempre y cuando se use de manera adecuada.

LA SEMPSPH, que precisa que la mascarilla quirúrgica ofrece suficiente protección frente a contactos esporádicos con personas infectadas, insta a las autoridades sanitarias a garantizar el suministro tanto a los profesionales sanitarios como a otros con profesiones más expuestas, en caso de hacer obligatorio el uso de mascarillas FFP2.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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