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El Consejo Interterritorial de Salud debate hoy el adelanto del toque de queda

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa. EFE/Marta Pérez/Archivo

20 ene (EFE).- El Consejo Interterritorial de Salud se reúne este miércoles para analizar, entre otros asuntos, la petición de varias autonomías de adelantar la hora del toque de queda, tras una jornada en la que se han notificado 34.291 nuevos positivos de covid, con un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 714,21 casos por 100.000 habitantes

Después de que Castilla y León decidiese unilateralmente adelantar de las diez de la noche a las ocho de la tarde la prohibición de que los ciudadanos salgan a la calle, salvo por motivos justificados, el debate se ha centrado en los últimos días en si es necesario cambiar el Decreto del Estado de Alarma para tomar esa medida.

El Gobierno, que recurrió ante el Supremo la decisión de Castilla Y León, ha dicho que el Consejo Interterritorial es el lugar donde se debatirá este asunto y se tomarán las decisiones oportunas, bajo la premisa de que «tiene que haber cierta homogeneidad» y «siempre hay que cumplir con la legalidad vigente», en palabras de la portavoz María Jesús Montero.

No obstante el Ejecutivo considera que las autonomías aún tienen margen para aplicar más medidas sobre la restricción de movilidad en la lucha contra el coronavirus, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo el martes que el actual estado de alarma es «suficiente» para «combatir el incremento de casos».

En su opinión hay que esperar los días necesarios para que las restricciones tengan su efecto antes de tomar una decisión sobre el adelanto del toque de queda.

Pero una docena de autonomías quieren poder hacerlo y ya han adelantado que insistirán en que se articule la forma.

Tanto comunidades presididas por el PSOE -como Baleares, Castilla-La Mancha y Valencia- como lideradas por el PP -como Andalucía y Murcia-, demandarán el adelanto.

La clave radica en si es preciso modificar el Decreto del Estado de Alarma y con cuántos apoyos parlamentarios contaría el Gobierno de Pedro Sánchez para hacerlo si finalmente se toma la decisión.

Ayer martes el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, no aclaró si su partido respaldaría o no una modificación del Decreto, porque no conoce el plan de Sánchez, al que exige comparecer en el Congreso.

Todas esas declaraciones tuvieron lugar en la jornada en la que Sanidad notificó 34.291 nuevos positivos de covid desde el lunes, que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2.370.742 y suponen un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 714,21 casos por cada 100.000 habitantes, 25 más que el lunes.

Sanidad también informó ayer martes de que el número de vacunas contra la covid-19 administradas se acerca ya al millón, con 966.097 unidades, de las cuales 957.314 son del laboratorio Pfizer-Biontech y 8.783 de Moderna, con un porcentaje del 84,5% de inyecciones aplicadas sobre el 1.143.300 recibidas.

Además, se han inyectado las dos dosis de la vacuna de Pfizer necesarias para la inmunidad a un total de 9.341 personas, cifra que cuadruplica las 2.315 contabilizadas ayer lunes y que supone casi el 1% (0,97%) de la totalidad de las administradas.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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