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El Consejo Interterritorial de Salud debate hoy el adelanto del toque de queda

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa. EFE/Marta Pérez/Archivo

20 ene (EFE).- El Consejo Interterritorial de Salud se reúne este miércoles para analizar, entre otros asuntos, la petición de varias autonomías de adelantar la hora del toque de queda, tras una jornada en la que se han notificado 34.291 nuevos positivos de covid, con un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 714,21 casos por 100.000 habitantes

Después de que Castilla y León decidiese unilateralmente adelantar de las diez de la noche a las ocho de la tarde la prohibición de que los ciudadanos salgan a la calle, salvo por motivos justificados, el debate se ha centrado en los últimos días en si es necesario cambiar el Decreto del Estado de Alarma para tomar esa medida.

El Gobierno, que recurrió ante el Supremo la decisión de Castilla Y León, ha dicho que el Consejo Interterritorial es el lugar donde se debatirá este asunto y se tomarán las decisiones oportunas, bajo la premisa de que «tiene que haber cierta homogeneidad» y «siempre hay que cumplir con la legalidad vigente», en palabras de la portavoz María Jesús Montero.

No obstante el Ejecutivo considera que las autonomías aún tienen margen para aplicar más medidas sobre la restricción de movilidad en la lucha contra el coronavirus, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo el martes que el actual estado de alarma es «suficiente» para «combatir el incremento de casos».

En su opinión hay que esperar los días necesarios para que las restricciones tengan su efecto antes de tomar una decisión sobre el adelanto del toque de queda.

Pero una docena de autonomías quieren poder hacerlo y ya han adelantado que insistirán en que se articule la forma.

Tanto comunidades presididas por el PSOE -como Baleares, Castilla-La Mancha y Valencia- como lideradas por el PP -como Andalucía y Murcia-, demandarán el adelanto.

La clave radica en si es preciso modificar el Decreto del Estado de Alarma y con cuántos apoyos parlamentarios contaría el Gobierno de Pedro Sánchez para hacerlo si finalmente se toma la decisión.

Ayer martes el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, no aclaró si su partido respaldaría o no una modificación del Decreto, porque no conoce el plan de Sánchez, al que exige comparecer en el Congreso.

Todas esas declaraciones tuvieron lugar en la jornada en la que Sanidad notificó 34.291 nuevos positivos de covid desde el lunes, que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2.370.742 y suponen un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 714,21 casos por cada 100.000 habitantes, 25 más que el lunes.

Sanidad también informó ayer martes de que el número de vacunas contra la covid-19 administradas se acerca ya al millón, con 966.097 unidades, de las cuales 957.314 son del laboratorio Pfizer-Biontech y 8.783 de Moderna, con un porcentaje del 84,5% de inyecciones aplicadas sobre el 1.143.300 recibidas.

Además, se han inyectado las dos dosis de la vacuna de Pfizer necesarias para la inmunidad a un total de 9.341 personas, cifra que cuadruplica las 2.315 contabilizadas ayer lunes y que supone casi el 1% (0,97%) de la totalidad de las administradas.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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