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El Consell tramita de urgencia las actuaciones para paliar los daños del temporal de Semana Santa

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VALÈNCIA, 26 Abr. – El Gobierno valenciano ha acordado este viernes iniciar las actuaciones para paliar los daños producidos por las fuertes lluvias y el temporal costero registrados en la Comunitat Valenciana entre los pasados días 18 y 22 de abril, según ha informado la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Oltra ha recordado que los días 18, 19, 20, 21 y 22 de abril, la Comunitat Valenciana «se vio afectada por un episodio de fuertes lluvias, de una intensidad, extensión y alcance inusitados» que llegó a dejar una precipitación acumulada «que superó los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en muchas localidades».

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha señalado que el temporal costero también afectó «a miles de ciudadanos y ciudadanas en su capacidad de transporte o en su acceso a servicios básicos», además de ocasionar «importantes daños a infraestructuras y bienes públicos».

Mónica Oltra ha agregado que como consecuencia este episodio de lluvias y viento se han producido «cuantiosos gastos derivados de las actuaciones urgentes» que se tuvieron que poner en marcha por parte de las diferentes administraciones.

Tras ello, ha afirmado que el Gobierno valenciano ha decidido ante esta situación «comenzar las acciones para conseguir, lo antes posible, la vuelta a la normalidad de todas las zonas de la Comunitat Valenciana que se han visto afectadas».

Así, el acuerdo adoptado esta jornada en el pleno del Consell recoge el inicio, con carácter de urgencia, de un proceso en el que los municipios afectados, previa acreditación de haber padecido una situación extraordinaria mediante la aportación de un informe del fenómeno meteorológico, tanto en intensidad como en amplitud, pueden presentar las estimaciones de daños.

Los ayuntamientos de estas poblaciones dispondrán de un plazo de 45 días, contados desde el día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) para, con el apoyo de los servicios técnicos de la Generalitat y, en su caso, con el de los servicios técnicos de las diputaciones provinciales, presentar las estimaciones de daños en las infraestructuras y bienes públicos que se hayan visto afectados.

Asimismo, los consistorios de localidades afectadas podrán presentar informe de los gastos extraordinarios que, con carácter urgente, se hubieran de efectuar como consecuencia del temporal.

RELACIÓN DE LOS DAÑOS
Las estimaciones de daños deberán incluir una memoria valorada de dicha estimación, con la relación detallada de las infraestructuras afectadas y su localización, preferentemente cartográfica, así como declaración de que todos los daños se han producido como consecuencia del temporal descrito en este acuerdo y declaración de cualquier otra ayuda o subvención recibida o solicitada para la misma finalidad ante otros organismos públicos o privados.

Si no ha sido así, se deberá aportar declaración en la que se indique que no se ha solicitado ni se ha recibido otra ayuda. Asimismo, se tendrá que entregar un informe de la amplitud del fenómeno meteorológico en el término municipal, con indicación de la intensidad y el valor total de lluvia acumulada.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
El Gobierno valenciano ha detallado que una vez presentadas las solicitudes serán evaluadas por la Oficina Única Postemergencia, a la que corresponderá efectuar una estimación económica que se elevará a la Comisión Interdepartamental para su posterior aprobación por el Consell.

La ejecución de las medidas que correspondan podrá llevarse a cabo a través del procedimiento de inversión directa o por medio del procedimiento de subvención, ha agregado la administración autonómica, que ha precisado que las actuaciones de inversión directa podrán realizarse mediante el encargo a medios propios.

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El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y jubilarse

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

Los servicios jurídicos concluyen que el exministro no tiene derecho a la compensación por estar suspendido de funciones y percibir ya una pensión de jubilación

El Congreso de los Diputados ha rechazado conceder la indemnización por cese solicitada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos tras renunciar a su escaño y acogerse a la jubilación. Los servicios jurídicos de la Cámara consideran que no cumple los requisitos para percibir esta compensación, ya que se encontraba suspendido de sus funciones y, además, ya recibe una pensión de jubilación.

Ábalos ingresó en noviembre en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso Koldo. Dos meses después presentó su renuncia como diputado y, al día siguiente, anunció su retirada de la vida política, alegando que había quedado “sin derechos, deberes ni funciones” y que había agotado todas las vías para defenderse.

La compensación solicitada superaba los 57.000 euros

Tras dejar su escaño, el exministro solicitó al Congreso la indemnización por cese, una prestación económica destinada a los diputados que abandonan la Cámara y no cuentan con otros ingresos. En su caso, la cuantía podría haber superado los 57.000 euros, al haber sido diputado de forma ininterrumpida desde 2009.

Sin embargo, los letrados del Congreso han desestimado la petición. En su informe, recuerdan que la suspensión de un diputado implica la pérdida total de derechos, prerrogativas y beneficios asociados al cargo, y subrayan que ninguno de los parlamentarios suspendidos en situaciones similares ha percibido esta compensación.

“No es razonable entender que la renuncia al acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían”, concluye el documento jurídico elaborado por la Cámara.

Incompatibilidad con la pensión de jubilación

Además de la suspensión de funciones, el Congreso considera que la indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se ha acogido Ábalos. La normativa establece que esta prestación tiene como objetivo facilitar la transición a la vida laboral de los diputados que se quedan sin ingresos tras abandonar el cargo.

Según los servicios jurídicos, percibir simultáneamente una pensión de jubilación y la indemnización por cese sería contrario a la finalidad de la ayuda, que se interrumpe cuando el beneficiario obtiene otra fuente de ingresos, ya sea pública o privada.

Decisión definitiva de la Mesa del Congreso

La decisión será formalizada de manera definitiva este martes por la Mesa del Congreso, lo que dejará al exministro sin derecho a la compensación económica solicitada. Ábalos permanece en prisión preventiva a la espera de juicio por el caso Koldo.

En los próximos días, su escaño será ocupado por la siguiente candidata del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, poniendo fin a una trayectoria parlamentaria de casi 15 años en la Cámara Baja.

 

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