El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la Ley de Amnistía y el regreso a España de los dirigentes del ‘procés’ como parte de su estrategia para recuperar la convivencia en Cataluña. Sus declaraciones llegan el mismo día en que el Tribunal Constitucional ha avalado la aplicación de la amnistía al delito de malversación, una decisión que abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont.
Sánchez ya había defendido públicamente que la amnistía había contribuido a mejorar la situación política en Cataluña y había presentado la medida como una herramienta para superar el conflicto territorial iniciado tras el referéndum ilegal de 2017.
En una entrevista concedida el pasado mes de septiembre, el presidente sostuvo que la Ley de Amnistía cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y aseguró que sus efectos políticos se estaban traduciendo, a su juicio, en una mayor convivencia y entendimiento entre las distintas fuerzas políticas catalanas.
Sánchez: «Estamos resolviendo una crisis de convivencia»
El presidente ha defendido en distintas ocasiones que la amnistía forma parte de una estrategia destinada a normalizar la situación política en Cataluña.
En una intervención anterior, Sánchez aseguró que su objetivo era alcanzar «el reencuentro total entre catalanes y entre catalanes y el conjunto de la sociedad española», y calificó la amnistía de «valiente, reparadora y constitucional».
La posición del Gobierno es que la medida permite cerrar las consecuencias judiciales derivadas del proceso independentista y favorecer la normalización política.
El escenario ha cambiado este martes después de que el Tribunal Constitucional haya ordenado al Tribunal Supremo aplicar la amnistía a la malversación cometida por dirigentes del ‘procés’. La resolución afecta, entre otros, a Carles Puigdemont y supone un paso decisivo para su posible regreso a España.
Puigdemont puede regresar a España sin la orden nacional de detención
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha levantado este martes la orden nacional de detención contra Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, después de conocerse la decisión del Constitucional.
La medida permite que Puigdemont pueda regresar a España sin riesgo de ser detenido por esa orden mientras se completa el procedimiento para aplicar la amnistía. Llarena ha precisado que su decisión no supone todavía la ejecución definitiva de la sentencia del Constitucional, que deberá aplicarse una vez se reciba formalmente el fallo.
La decisión llega además en plena precampaña de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre de 2026.
Elecciones generales el 29 de noviembre
El BOE ha publicado este martes el real decreto de disolución del Congreso y el Senado y de convocatoria de elecciones generales.
Los españoles están llamados a las urnas el domingo 29 de noviembre. La campaña electoral comenzará oficialmente el 13 de noviembre y finalizará el 27 de noviembre. Las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre.
La convocatoria electoral se produce después de que el Congreso rechazara los decretos de vivienda del Gobierno, un revés que llevó a Sánchez a anunciar el adelanto electoral.
La amnistía y sus efectos sobre el regreso de Puigdemont se incorporan así al debate político de una campaña electoral marcada también por la vivienda, después de que Junts retirara su apoyo parlamentario al Ejecutivo y la falta de acuerdos haya terminado precipitando el adelanto de las elecciones.
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