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Valencia

El drama de la hostelería: Piden ayudas «ya» porque el 88,9% de los locales «no llegará a marzo»

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EFE/Manuel Bruque

València, 13 ene (EFE).- La nueva Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería de la Comunidad Valenciana se ha concentrado este miércoles ante el Palau de la Generalitat para reclamar ayudas directas «urgentes» porque, según han asegurado, el 88,9 % de los establecimientos «no llegará al 31 de marzo» debido a las pérdidas económicas.

En la concentración, el presidente de esta nueva plataforma, Lalo Díez, ha asegurado que la facturación de la hostelería y el ocio tras la entrada en vigor del cierre de sus establecimientos a las 17 horas se ha desplomado un 80,3 % en comparación a los números de las mismas fechas del año pasado, según una encuesta realizada por la organización a más de 400 establecimientos.

Díez también ha anunciado que la próxima semana se reunirán con el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, al que ya han reclamado las bases de las nuevas ayudas anunciadas este martes por el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Ha destacado que, pese a valorar el plan de ayudas covid por el que se dedicarán 120 millones de euros a empresas y autónomos, esta cifra «no es suficiente», ya que «falta por ver a qué sectores se destinan esas ayudas», y ha pedido que esta actuación «sea compatible» con los diferentes auxilios que se puedan implementar desde los ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Desde la nueva organización empresarial se pretende «priorizar la negociación política» para reclamar un plan de ayudas económicas directas que «garantice la supervivencia de miles de bares, restaurantes, cafeterías, locales de ocio y, con ello, miles de puestos de trabajo».

«La hostelería y el ocio se mueren», ha asegurado Díez, quien afirma que los locales «ya no tienen capacidad de endeudarse más».

Por ello, ha urgido a que estas ayudas estén «cobradas» en febrero «porque, de lo contrario, no vamos a llegar», y ha recriminado el hecho de que los locales sigan pagando impuestos aunque no estén abiertos.

Así, ha reclamado «coherencia» por parte de las instituciones y ha lamentado que una persona con un establecimiento como un bar «debe cerrar a las 17 horas, pero puede ir a un casino y un bingo y, allí sí, cenar o tomar algo. No podemos entender ciertas medidas», ha criticado.

El presidente de la asociación ha manifestado que los establecimientos de hostelería y de ocio «dependen mucho del fin de semana» y ha lamentado que ahora mismo «son un solar» porque los comensales «no van a comer, sino a vivir una experiencia, pero tienen que salir antes de las 17 de la tarde».

Asimismo, ha recriminado el hecho de que sólo el 14,9 por ciento de los locales de ocio de la Comunitat están abiertos, puesto que «abrir para sólo cuatro horas es inviable». «No podemos más», ha concluido Díez.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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