La catástrofe desencadenada por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, que dejó un lacerante saldo de más de 229 víctimas, no puede quedar impune. Más allá del dolor humano y de la reconstrucción material, está la responsabilidad política. Y en ese terreno, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, acumula mentiras, contradicciones y el profundo desgarro de quienes lo perdieron todo. Por dignidad, por ética y por justicia, Mazón debe dimitir.
Una gestión inexcusable
Cuando la alerta roja estaba activada, Mazón estaba ausente del lugar que le correspondía. Según los informes oficiales, llegó al comité de crisis (CECOPI) a las 20:28 horas, cuando ya se había emitido la alerta a la población minutos antes. No fue un “error de agenda”, sino un fallo estructural que costó vidas.
Mientras Valencia vivía una riada devastadora, el presidente se encontraba en una comida privada en lugar de supervisar la emergencia. Su entorno lo justificó como una reunión de trabajo, pero el contexto lo desmiente: fue ausencia, negligencia y falta de liderazgo.
La falta de movilización de efectivos tampoco puede justificarse. Los informes cruzados detectan irregularidades en el número de bomberos y medios activados. Cuando una emergencia reclama transparencia, los datos confusos o manipulados son una afrenta.
Mentiras, contradicciones y silencio
Mazón ha intentado derivar responsabilidades hacia la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar, en lugar de asumir el liderazgo que su cargo exige. Cuando el caos se instala, quien gobierna debe estar al frente, no buscando culpables.
Peor aún, ha ofrecido versiones cambiantes sobre su paradero, sus llamadas y las decisiones adoptadas aquel día. La investigación judicial avanza con pruebas que desmontan la versión oficial. Cuando un líder debe explicar dónde estaba durante una tragedia, el problema ya no es circunstancial: es estructural.
Las víctimas, traicionadas
No basta con lamentar lo sucedido cuando la dignidad exige acción. Las asociaciones de víctimas han expresado su malestar y exigido respeto ante la falta de explicaciones claras. “Estar con las víctimas también implica asumir responsabilidades”, repiten familiares que aún esperan una disculpa sincera.
No es solo la ausencia inicial. Es el desfile de versiones, el silencio, la falta de empatía y la reconstrucción lenta. Mientras las familias siguen llorando, el presidente intenta sostener su imagen pública como si nada hubiera ocurrido.
La única salida digna: la dimisión
Integridad política. Quien incumple los principios básicos de responsabilidad pierde la legitimidad para seguir al frente.
Justicia para las víctimas. Pedir perdón no basta cuando no se explica con claridad, cuando no se asumen errores ni se ofrecen soluciones. Las víctimas merecen que se depuren responsabilidades reales.
Confianza institucional. La credibilidad de la Generalitat se resquebraja cuando su presidente ofrece explicaciones tardías, contradictorias y evasivas. Eso no solo afecta a Mazón, afecta a toda la Comunitat Valenciana.
Renovación del liderazgo. El desastre del 29-O no puede cerrarse con un “sigo al mando”. Hace falta un relevo que reconstruya no solo los territorios inundados, sino también la confianza de los ciudadanos.
La responsabilidad compartida
Los silencios cómplices también pesan. Los partidos que sostienen a Mazón deben preguntarse si su apoyo es ético o meramente político. Cada día que pasa sin rendir cuentas es una herida más para las víctimas y una mancha más para las instituciones.
La dimisión no sería una derrota política, sino un acto de respeto hacia los que sufrieron, hacia los que murieron y hacia toda una sociedad que exige transparencia y verdad.
La tragedia del 29 de octubre no son solo cifras. Son vidas, familias, municipios arrasados y una sociedad herida. Carlos Mazón mantuvo su comida en El Ventorro cuando la provincia se inundaba, cambió versiones cuando se investigaba y continúa en el cargo pese al clamor ciudadano.
Por integridad, por dignidad, por justicia: Carlos Mazón debe dimitir. Y quienes lo sostienen, deberían preguntarse si su silencio también los convierte en responsables.
Varios agentes de la Policía Nacional tras el crimen - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
El conserje del edificio, único testigo en la primera sesión, describe con detalle la vida privada de Alfonso López Benito
Este lunes ha comenzado en la Ciudad de la Justicia de València el juicio por el crimen del canónigo emérito de la Catedral de València, Alfonso López Benito, asesinado en enero de 2024 en el piso que le había cedido el Arzobispado en la calle Avellanas, en pleno centro histórico de la ciudad.
En el banquillo de los acusados se sienta Miguel Tomás V. N., un hombre sin hogar, único detenido y procesado por estos hechos. El caso será juzgado por un jurado popular compuesto por nueve titulares y dos suplentes, ya constituido tras una compleja selección marcada por numerosas excusas de los candidatos.
La Fiscalía sostiene que el acusado tuvo una “participación directa y decisiva”
Tras la constitución del jurado, el fiscal Antonio Gastaldi ha explicado su tesis acusatoria, manteniendo que el procesado estuvo en la vivienda el día de los hechos, facilitó la entrada al autor material del crimen y se aprovechó económicamente de la víctima. Aunque la Fiscalía ha rebajado su calificación inicial —de autor material a cooperador o cómplice—, insiste en que su implicación fue “directa, eficaz y decisiva”.
Por su parte, la defensa, ejercida por el letrado Jorge Carbó, ha reclamado el respeto a la presunción de inocencia y ha denunciado una investigación policial “incompleta y sesgada”. Según Carbó, se señaló a un culpable desde el inicio y después se intentó ajustar la investigación a esa hipótesis, sin hallar pruebas concluyentes de la presencia del acusado en la vivienda.
El portero, único testigo: “Era muy frecuente que subieran chicos necesitados”
La primera sesión del juicio ha contado con un único testigo: el conserje del edificio de la calle Avellanas, quien ha ofrecido un relato minucioso de las costumbres sexuales del canónigo y del ambiente que rodeaba la vivienda.
Según su testimonio, Alfonso López Benito vivía solo desde finales de 2017, aunque ocasionalmente convivía con un hombre rumano que ejercía labores de protección frente a los jóvenes que acudían al piso. “Había etapas en las que subían muchos chicos, casi siempre personas muy necesitadas, con adicciones y en una situación muy vulnerable”, ha señalado.
El portero ha explicado que, en una etapa posterior, el sacerdote intentaba que los encuentros se produjeran fuera de su horario laboral para evitar conflictos con los vecinos, que estaban “hartos” de la situación.
“Le prometió 60 euros por sexo oral, pero solo le pagó 40”
Uno de los momentos más impactantes de la declaración ha sido el relato de un joven que bajó del piso llorando y visiblemente afectado. Según el testigo, el chico le confesó que el canónigo le había ofrecido 60 euros a cambio de una felación, pero que finalmente solo le pagó 40.
“Me dijo que aceptó por pura necesidad y que se sintió humillado”, ha recordado el conserje, quien también ha relatado amenazas y episodios de tensión protagonizados por algunos de los hombres que acudían a la vivienda.
El día del crimen: mensajes enviados desde el móvil del canónigo ya fallecido
El conserje también ha reconstruido el día en que se descubrió el cadáver, el 23 de enero de 2024. Esa mañana recibió un mensaje desde el teléfono del canónigo que no le resultó extraño, ya que mantenían cierta confianza. Sin embargo, horas después, un amigo íntimo del sacerdote acudió preocupado al edificio al no lograr contactar con él.
Ambos subieron al piso y, tras abrir con la llave, encontraron a Alfonso López Benito muerto en la cama, con signos evidentes de violencia. Poco después, el portero recibió un segundo mensaje desde el mismo teléfono: “Miguel, está todo bien”. “Fue aterrador: acababa de ver a una persona muerta y me estaba escribiendo”, ha declarado.
Un carácter difícil y una vida cada vez más aislada
El testigo ha descrito al canónigo como una persona de carácter complicado, con escasa relación con el Arzobispado y frecuentes críticas hacia la jerarquía eclesiástica. “Tenía un carácter jodido”, ha afirmado, recordando también conflictos con vecinos durante la pandemia por su negativa a usar mascarilla.
A pesar de mantener una relación cordial con él, el conserje ha reconocido que le producía “asco” la situación que vivía el sacerdote y que se prolongó durante años sin que nadie pusiera freno.
El juicio continuará hasta el 3 de febrero
Tras esta primera sesión, el magistrado ha dado por concluida la jornada y ha citado al jurado para continuar este martes. El acusado, que se ha mostrado tranquilo durante la vista, ha sido trasladado a la prisión de Picassent, desde donde será conducido diariamente mientras dure este juicio, uno de los más mediáticos y controvertidos de los últimos años en València.
Alfonso López Benito-AVAN / A. Sáiz
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