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El exconseller Rafael Blasco sale de la cárcel de Picassent tras obtener el tercer grado

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VALÈNCIA, 1 Feb – El exconseller ‘popular’ Rafael Blasco, condenado por el fraude en las ayudas a la cooperación a seis años y medio de cárcel, ha salido este viernes de la prisión de Picassent (Valencia) después de haber conseguido la concesión del tercer grado.

El exdirigente del PP ha salido del centro penitenciario poco después de las nueve de la mañana solo portando una mochila y ha subido a un taxi que le esperaba en el parking, según ha registrado la televisión pública valenciana À Punt.

Blasco ha accedido al régimen de semilibertad tras haber cumplido tres años y siete meses de la condena y tener, por tanto, los requisitos para ello.

Así lo propuso la Junta de Tratamiento de la prisión de Picassent donde cumple condena y lo ha concedido la secretaria general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), de acuerdo con las mismas fuentes. En este caso, Blasco cumplió la mitad de su condena en septiembre de 2018.

El resto del tiempo que le queda hasta liquidarla –termina en diciembre de 2021– lo cumplirá en el Centro de Inserción Social (CIS) que determine IIPP.

CAUSAS PENDIENTES
El exconseller tiene otro juicio pendiente, el resto de piezas de Cooperación, junto a otras 23 personas más, acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un Hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo. La vista está señalada a partir del 15 de abril.

En total, Blasco lleva en prisión tres años y siete meses, después el que el Supremo le condenara en junio de 2015 a seis años y medio de cárcel por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua. Esta condena suponía un año y medio menos que la impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El alto tribunal valenciano le había denegado el pasado mes de junio el tercer grado que había solicitado Blasco al tener en cuenta el informe de IIPP que apreciaba un riesgo «medio-alto» de reincidencia y por la naturaleza de los bienes a los que afectó, ayudas al Tercer Mundo, que hacía que los hechos fueran «especialmente reprobables».

Además, la sala alegaba la «alarma social» que produjo el caso, pendiente de enjuiciar otras piezas, y que no había hecho el «más mínimo intento» de paliar las «graves consecuencias económicas» a la administración pública. Precisamente, a mediados de este mes se supo que el Tribunal de Cuentas había embargado 59.000 euros de tres condenados en el Caso Cooperación, entre ellos Blasco, y transfirió esa cantidad a la Generalitat dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.

En el mes de marzo de 2018, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya había rechazado una queja del exconseller por negarle permisos, por parte de la Junta de Tratamiento de la prisión, ya en diciembre de 2017.

Información: EuropaPress

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El Congreso rechaza prolongar el cierre de la Central Nuclear de Cofrentes: en juego 180.000 empleos y 450 millones de euros

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centrales nucleares prealerta de emergencia

El Pleno del Congreso ha rechazado la propuesta para prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Cofrentes, manteniendo así 2030 como fecha definitiva de su cierre. La decisión ha generado preocupación en el ámbito empresarial y político valenciano, dado el fuerte impacto económico y laboral que supondrá el apagado de la planta.


Un cierre con consecuencias económicas y laborales

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Valencia, el cierre de Cofrentes podría afectar a hasta 180.000 empleos, entre directos e indirectos, y repercutir en la actividad de más de 12.000 empresas de la Comunitat Valenciana.
Además, se calcula que el cese anticipado de la central implicará la pérdida de alrededor de 450 millones de euros en inversión prevista para los próximos años, así como una reducción significativa en la actividad económica de las comarcas del interior de Valencia.


Debate político sobre la energía nuclear

La propuesta de prolongar la actividad de Cofrentes fue impulsada por el Partido Popular, que defendía la necesidad de garantizar el suministro eléctrico y proteger el tejido industrial valenciano. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Gobierno y sus socios parlamentarios, mientras que Junts optó por abstenerse, lo que resultó determinante para mantener el cierre en 2030.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la medida responde al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece una transición ordenada hacia las energías renovables y el abandono progresivo de la energía nuclear en España.


Un futuro incierto para la zona y la industria valenciana

El cierre de Cofrentes plantea retos para la economía valenciana, especialmente en el sector industrial, que podría enfrentar mayores costes energéticos y una pérdida de competitividad. A su vez, el desmantelamiento de la central requerirá una planificación detallada para garantizar la seguridad, la gestión de residuos y la reubicación laboral de los trabajadores.

Mientras tanto, las administraciones locales y regionales piden que se implementen planes de reindustrialización y transición justa que permitan mantener el empleo y aprovechar el potencial energético de la Comunitat Valenciana con nuevas inversiones en energías renovables e innovación tecnológica.


El debate sobre Cofrentes sigue abierto: mientras unos defienden el cierre como un paso necesario hacia un modelo energético sostenible, otros alertan del impacto socioeconómico que supondrá para miles de familias y empresas valencianas.

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