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El festival Marenostrum, sin ubicación a dos días de su celebración

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La Generalitat Valenciana, a través del departamento de Medio Ambiente, ha emitido un informe negativo a la celebración del festival de música electrónica Marenostrum en el entorno de la Sala Canal, en Pinedo (Valencia), previsto para el próximo fin de semana.

Fuentes de la Conselleria han confirmado a Europa Press que se ha dictaminado un informe negativo al desarrollo del evento, al que se prevé una asistencia de 6.000 personas. A partir de ahí, se elaborará una resolución vinculante, por la que se rechaza dar la autorización pertinente.

La Subdelegación de Gobierno ya se había mostrado contraria a la celebración del festival basándose en las objeciones apuntadas por la Guardia Civil, según ha adelantado este miércoles ‘Valencia Plaza’ y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la documentación.

De acuerdo a los datos recabados por la Benemérita, no se recomendaba la celebración del festival en ese emplazamiento porque la infraestructura no se considera adecuada para la cantidad de público. Además, el acceso se haría desde una única vía, de manera que, en el caso de desalojo, podría suponer algún tipo de problema.

A esto se suma el peligro que entraña que el estacionamiento esté previsto en el parking de la antigua discoteca Spook, lo que obliga a los asistentes a cruzar la carretera, y que el enclave se sitúa dentro del parque natural de La Albufera y en verano, con el riesgo habitual de incendio.

Asimismo, hacen notar que el posible dispositivo de seguridad tendría que prepararse con más tiempo y no 48 horas antes del evento.

No obstante, desde la Delegación de Gobierno se muestra «plena disposición» a llevar adelante el operativo con el personal necesario si finalmente la Generalitat decidiera dar luz verde al certamen. Por su parte, la administración autonómica también ha rechazado el planteamiento de la organización.

La edición de 2019 del Marenostrum se anuncia para los próximos días 12 y 13 de julio con más de una decena de artistas. No es la primera vez que el festival tiene dificultades con su ubicación. Por ejemplo, en 2016 se canceló su celebración en la Playa dels Peixets de Alboraya y, posteriormente, La Marina de València también rechazó acogerlo.

 

Fuente: Europa Press

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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