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El Gobierno propondrá el cierre de todas las comunidades en el puente de San José y Semana Santa

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OFFICIAL PRESS/EFE

El Ministerio de Sanidad estudia cerrar perimetralmente todas las comunidades autónomas de cara a Semana Santa y al puente de San José.

El Ministerio de Sanidad propondrá este miércoles a las comunidades que se cierren todas perimetralmente en Semana Santa, salvo Baleares y Canarias, y en el puente de San José aquellas en las que sea festivo el día 19, así como relajar el toque de queda en ambas fechas a las 23 horas.

Así consta en el documento, al que ha tenido acceso Efe, en el que el departamento que dirige Carolina Darias plantea reducir las reuniones sociales a un máximo de 4 personas en espacios públicos cerrados y a 6 en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes.

Sanidad quiere que todas estas medidas sean declaradas como actuaciones coordinadas en salud pública de obligado cumplimiento para todas las autonomías durante el periodo comprendido entre el 17 y el 21 de marzo en aquellos territorios en los que sea festivo el día de San José, y desde el 26 de marzo al 9 de abril de 2021 en el resto.

El pasado jueves, la Comisión, que reúne a representantes del Ministerio y de todas las comunidades, acordó además del confinamiento, proponer un límite máximo de cuatro personas en las reuniones sociales, además de establecer el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas, entre otras medidas.

Esa propuesta de la Comisión llega mañana al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para debatirla y corroborarla, ya que cuenta previsiblemente con el visto bueno de la mayoría de las comunidades. Un acuerdo que será de obligado cumplimiento.

Fuentes próximas a la reunión han asegurado a Efe que el Consejo también estudiará si se adoptan actuaciones con motivo del puente de San José, que es festivo en varias comunidades, además de Madrid, como Valencia, País Vasco, Extremadura, Murcia, Navarra y Galicia.

La Comunidad de Madrid lleva días advirtiendo de su oposición a la restricción a la movilidad y este martes, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que «el cierre de regiones enteras ha de ser siempre la última opción a tomar después de haberlo intentado todo» y ha denunciado la «terrible persecución política» que, a su juicio, ha sufrido esta región por su gestión de la pandemia.

«Antes de cerrar que nos demuestren por qué, qué medidas se han puesto en marcha y, una vez que sea inevitable, pues tomar esa medida como se hizo, por ejemplo, en la primera ola», ha señalado Díaz Ayuso.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo ayer que va «a luchar» para que Madrid se sume al consenso.

Además, Darias aseguró que en el seno del Interterritorial hay «más consenso que ruido» y existe «conciencia colectiva entre todos los miembros de aprender de las experiencias vividas… y llegar al verano en las mejores condiciones».

Madrid, es, junto con las comunidades de Extremadura, Baleares y Canarias, las únicas que no están cerradas; de hecho, son cientos los madrileños que ya han reservado alojamientos rurales que forman parte de la asociación Turismo Norte Extremadura (Aturnex)para el Puente de San José.

Y Baleares sí que apoya la limitación de los desplazamientos entre comunidades en Semana Santa, pero, fuentes de la Conselleria de Sanidad han señalado a Efe que considera que en el archipiélago no es preciso decretar el cierre perimetral porque el acceso por aeropuertos y puertos permite un control sanitario eficiente de los visitantes.

Además, prosiguen las fuentes, si otras comunidades impiden la salida de sus ciudadanos sin causa justificada no sería necesario prohibir la entrada en las islas.

Desde el 4 de marzo, los pasajeros que quieran entrar en el archipiélago procedentes de comunidades con una incidencia acumulada a catorce días de 100 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes tienen que presentar una PCR negativa realizada en las 72 horas previas, además, esta comunidad se plantea aumentar la exigencia a partir de los 50 casos por 100.000.

Canarias la pasada semana tampoco pretendía cerrar en Semana Santa con sus actuales datos epidemiológicos y esperaba que, de producirse el cierre perimetral, se mantuvieran excepciones en algunas islas como permitir el acceso a turistas a hoteles y alojamientos.

Este martes, la consejera de Turismo del Gobierno canario, Yaiza Castilla, ha afirmado que tanto a ella como al presidente, Ángel Víctor Torres, les gustaría que las islas recibieran turismo peninsular en Semana Santa, si bien ha admitido que la prioridad es la salud y controlar la pandemia.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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