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El juez acuerda cesar la ozonoterapia al paciente de La Plana el 1 septiembre

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Castelló, 27 ago (EFE).- El magistrado del Juzgado de lo Concencioso-Administrativo número 1 de Castellón ha levantado la medida cautelarísima que permitía a un paciente con covid ingresado en el Hospital de La Plana de Vila-real recibir un tratamiento externo con ozono, aunque será a partir del 1 de septiembre cuando ya no estará autorizada la aplicación de esta terapia.

Así consta en el auto al que ha tenido acceso EFE, un escrito en el que suspende la medida que autorizó el pasado 13 de agosto la aplicación al paciente, que estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario castellonense, de un tratamiento de ozonoterapia que ha estado prestándose por personal externo al centro.

Una terapia no autorizada en la sanidad pública y que no cuenta con la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para su aplicación en humanos, según han insistido en las últimas semanas los responsables sanitarios, el personal del Departamento de Salud de La Plana así como diferentes colegios profesionales médicos.

El auto recuerda que el 13 de agosto, a petición de la familia del hombre ingresado, se autorizó esta terapia «por encontrarse su vida en peligro grave y no haber surtido efecto positivo los tratamientos dispensados hasta la fecha en la UCI del Hospital de La Plana, sin que en ningún caso pueda derivarse responsabilidad alguna al Hospital por las posibles consecuencias adversas que pudieran derivarse de la administración de dicho tratamiento, que corresponderá en su caso, tanto al médico propuesto, como a la familia del paciente, manteniendo así el sentido de la resolución dictada».

La Abogacía de la Generalitat presentó un recurso pidiendo esta medida cautelar y se dio un plazo a las partes para presentar sus alegaciones, que se han estudiado y han dado como resultado la suspensión.

También recuerda el auto que el 25 de agosto la familia del paciente presentó un escrito en el que comunicaba que «tenía intención de trasladar al paciente a otro centro», aunque a fecha de hoy «no consta el traslado».

El auto explica que las circunstancias actuales «no son las que concurrían el 13 de agosto» y, por ello, atendiendo a los fundamentos jurídicos, «la solicitud del particular debe ceder ante la negativa razonada de los médicos que atienden al paciente, negativa basada en que el tratamiento demandado no está previsto en las guías y protocolos médicos aplicables en los hospitales públicos españoles».

Así como que «ni el uso específico del producto, en este caso, está autorizado por la Agencia Española del Medicamento, ni las Administraciones competentes certifican que su uso específico en el caso que nos ocupa reviste las garantías necesarias, ni certifican la superación de las pruebas o ensayos clínicos necesarios conforme a normativa».

Estas circunstancias, explica el magistrado, «lo que pretenden, precisamente, es salvaguardar la salud de éste y los demás pacientes, revistiendo al sistema público de salud de las necesarias garantías para su funcionamiento».

«Lo contrario equivaldría a sostener que la normativa de nuestro ordenamiento jurídico relativa a los trámites, ensayos, pruebas y autorizaciones relativas a productos o tratamientos de uso sanitario carecen de utilidad y pueden obviarse por la simple elección de un particular, cuando lo cierto es que toda esa normativa lo que trata es de proteger la vida y la salud de las personas, garantizando que los productos, sustancias o tratamientos que emplea la sanidad pública hayan demostrado, dentro de una exigencia lógica, su eficacia y beneficio para los fines de la medicina», añade el auto.

El escrito sostiene que se ha producido y acreditado un «cambio sustancial» de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para la adopción de la medida cautelar, lo que permite modificarla y, en este caso, levantarla pues «ya no se cumplen los requisitos previstos para su adopción».

No obstante, el magistrado apela a la prudencia, para evitar «eventuales cambios súbitos en el tratamiento médico» y posibilitar que la familia, si lo considera oportuno, proceda al traslado del paciente a otro centro, y acuerda diferir el cese de la terapia al 1 de septiembre.

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RTVE amenaza con retirar a España de Eurovisión si Israel participa en la próxima edición

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España Eurovisión 2026
La cantante Melody tras proclamarse ganadora de la gala final del Benidorm Fest 2025. EFE/Morell.

España eleva la presión contra Israel en Eurovisión

Casi dos años después de los atentados de Hamás y del recrudecimiento de la ofensiva israelí sobre Gaza, el Gobierno español ha endurecido su discurso contra Israel y ha puesto sobre la mesa una medida sin precedentes: la retirada de España de Eurovisión 2026 si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permite la participación del país hebreo.

Eurovisión, uno de los eventos culturales más seguidos del mundo con una audiencia cercana a los 200 millones de personas en cada edición, vuelve así a convertirse en un terreno de disputa política y diplomática.

El Gobierno español exige la expulsión de Israel

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, declaró este lunes en una entrevista en RNE: «Hay que lograr que Israel no participe en Eurovisión». El titular de Cultura fue más allá al advertir que España podría retirarse del festival si no se consigue la exclusión.

«No toleramos ya, como españoles, que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que probablemente es la mayor atrocidad que se ha visto en este mundo en el siglo XXI», criticó.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reiteró que España no debería compartir escenario «mientras se perpetúa» la ofensiva sobre Gaza.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, adoptó un tono más moderado, pero también subrayó que «algo habrá que hacer» para impedir que Israel participe en la próxima edición. López recordó que la organización del festival expulsó a Rusia tras invadir Ucrania en 2022, lo que sienta un precedente.

RTVE oficializa la amenaza de retirada

Aunque en un primer momento RTVE se limitó a responder con un «nada que decir», la corporación pública acabó confirmando la noticia en su programa de La 1 Directo al grano.

El presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá este martes al Consejo de Administración la retirada de España de Eurovisión si Israel mantiene su presencia. «Seríamos el quinto país en acordarlo», explicó el presentador Gonzalo Miró.

Otros países europeos ya se han pronunciado

Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia han condicionado su participación en Eurovisión a la presencia de Israel. Sin embargo, la posición de España podría ser decisiva, ya que forma parte del llamado big five, los cinco países que más peso tienen dentro de la UER por su aportación económica.

La presión española, unida a la de otros países, podría marcar un antes y un después en la relación entre el festival y la política internacional.

Antecedentes: RTVE ya pidió un debate interno a la UER

En abril, RTVE ya había enviado una carta a la UER para abrir un «debate interno» sobre la participación de Israel. La corporación española alegó las «preocupaciones de la sociedad civil» respecto a la ofensiva sobre Gaza.

La UER respondió que «todos los miembros son elegibles para competir», aunque reconoció estar al tanto de las «preocupaciones profundamente arraigadas» en torno al conflicto en Oriente Próximo.

El papel polémico de Israel en Eurovisión

Israel participó en la última edición con la cantante Yuval Raphael, superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Su actuación le valió un polémico segundo puesto, con un fuerte apoyo del televoto (297 puntos) frente al escaso respaldo del jurado (60 puntos).

Este resultado provocó malestar en RTVE, que reclamó reformas en el sistema de votación y una auditoría externa para evitar posibles «interferencias».

Choque entre RTVE y la UER

Durante la segunda semifinal, los comentaristas de RTVE, Tony Aguilar y Julia Varela, denunciaron en directo el elevado número de víctimas en Gaza y pidieron la paz. La UER criticó la postura y llegó a amenazar con sanciones a la cadena española.

Lejos de retractarse, RTVE reafirmó su posición con un mensaje en redes sociales: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».

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