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El caso Erial: ¿quién es quién de la A a la Z?

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El expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València. EFE/Biel Aliño

València, 7 abr (OFFICIAL PRESS-EFE).- El caso Erial, que desde este martes vuelve a sentar en el banquillo al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana y catorce procesados más, ofrece numerosas claves que pueden resumirse en este abecedario:

A.- Anticorrupción.-

La Fiscalía Anticorrupción investiga el conocido como caso Erial desde 2015, aunque Zaplana y sus más estrechos colaboradores no fueron detenidos hasta mediados de 2018.

B.- Belhot.-

Fernando Belhot es un abogado uruguayo que actuó como supuesto testaferro de Zaplana en el manejo de sus fondos e inversiones. Su testimonio, así como la entrega de más de seis millones de euros a la Justicia española, ha sido clave en la investigación.

C.- Cotino.-

Es el apellido de la saga familiar que controla el Grupo Sedesa y el de dos (inicialmente tres) de los acusados en el caso Erial: los hermanos Vicente y José Cotino, que se hicieron con uno de los principales lotes en la privatización de las ITV.

También es el apellido del expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino, ya fallecido, al que se responsabilizaba en esta causa de haber llevado más de 600.000 euros en efectivo a Luxemburgo para constituir las sociedades a través de las cuales se canalizaron supuestamente las comisiones ilícitas. La familia Cotino ganó 86,5 millones de euros al vender sus participaciones en los parques eólicos y las ITV.

D.- Disfey.-

Es el nombre de una de las sociedades uruguayas donde fueron transferidos los fondos de las firmas constituidas en Luxemburgo. Según Belhot, Zaplana le encargó que administrase esos fondos.

E.- Eólicos.-

La privatización de las ITV valencianas fue el germen del caso Erial, pero las supuestas mordidas no se limitaron a estas concesiones, sino que también se produjeron en los procesos de adjudicación de los conocidos como parques eólicos. Sedesa fue una de las firmas adjudicatarias y obtuvo beneficios millonarios años después con la venta de sus activos a Endesa.

F.- Fenix Investments.-

Nombre de la sociedad radicada en Luxemburgo en la que Sedesa (la empresa de los Cotino) ingresó supuestamente el soborno para las adjudicaciones de las ITV. Fue adquirida por Juan Francisco García, que la vendió por 2,3 millones de euros, y se acogió en 2012 a la amnistía fiscal para regularizar esos fondos.

G.- Glorio.-

Costera del Glorio es la sociedad a través de la cual, supuestamente, Zaplana adquiría bienes inmuebles para su disfrute, al igual que Gesdesarrollos Integrales o Medlevante, firmas en las que acumulaba bienes por cerca de 7,5 millones de euros.

H.- Helicóptero.-

El «método helicóptero» es al que aluden los investigadores para definir la operativa financiera dirigida a ocultar el dinero mediante transferencias internacionales entre bancos de hasta catorce países.

I.- ITV.-

Los investigadores creen que el germen de la macrocausa conocida como Erial está en el proceso de privatización de las ITV valencianas, promovido por el Gobierno valenciano que lideraba Eduardo Zaplana en 1997.

J.- Juicio.-

El juicio, que se ha suspendido en dos ocasiones, se celebra contra un total de quince personas. Se podría prolongar hasta el verano y prevé la comparecencia de más de un centenar de testigos.

K.- Kamarowsky.-

Alexis Kamarowsky fue uno de los administradores fiduciarios que, junto con Beatriz García Paesa -sobrina del espía Francisco Paesa- y Federigo Cannizaro, controlaban las sociedades constituidas en Luxemburgo en mayo de 2001 por Juan Cotino con un capital de 640.000 euros en efectivo, unos fondos que transportó desde España el ex director general de la Policía, siempre según el fiscal.

L.- Lezo.-

Las grabaciones realizadas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el marco del caso Lezo aumentaron las sospechas hacia Eduardo Zaplana y su supuesta relación con operaciones comerciales para blanquear capitales.

M.- Multas.-

Además de las penas de prisión e indemnizaciones, la Fiscalía Anticorrupción reclama a los 15 procesados el abono de multas (en el caso de los delitos de blanqueo de capitales) que van de los 800.000 a los 40 millones de euros, el importe máximo que se reclama al exministro y expresident.

N.- Nombres.-

Los acusados, para referirse a Eduardo Zaplana en las diferentes intervenciones telefónicas realizadas, utilizaban términos como «el jefe», «nuestro amigo», «el que tú ya sabes», «el socio» o «el otro», de tal forma que jamás apareciese su nombre en las conversaciones.

Con la Ñ.-

Núñez de Balboa.- Céntrica calle madrileña del barrio de Salamanca donde, según el fiscal, Zaplana adquirió un piso por 1,6 millones de euros con el producto de las comisiones delictivas.

O.- ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos).-

La justicia española ha logrado recuperar 6,7 millones de euros que los procesados tenían en cuentas en Suiza.

P.- Paesa.-

Beatriz García Paesa, sobrina del espía Rafael Paesa, es una abogada española afincada en Luxemburgo que, según el fiscal de este caso, recibió los 600.000 euros que Juan Cotino llevó a ese país para crear las sociedades a través de las que se canalizaron las supuestas mordidas y cuya propiedad, años después, pasarían a manos de los presuntos testaferros de Zaplana.

Con la Q.- Joaquín Barceló.-

Íntimo amigo de Eduardo Zaplana cuya mano se negó a estrechar el exministro en la primera sesión del juicio, la que se suspendió por enfermedad de su letrado. Es amigo de juventud de Zaplana y ha ocupado cargos en la administración valenciana y en Terra Mítica. Es también el administrador de varias empresas a través de las cuales, supuestamente, se repatriaban a España y disfrutaban los investigados de los fondos opacos depositados en cuentas en el extranjero.

R.- Retorno.-

Los métodos de «repatriación» de los fondos obtenidos mediante comisiones ilícitas ocupa la mayor parte del escrito de acusación de Anticorrupción, que describe una arquitectura financiera con ramificaciones en decenas de países y la colaboración de especialistas, algunos de los cuales han colaborado con la Justicia española para situar a Zaplana en el centro de esta trama.

S.- Saturnino Suanzes, alias «Nino».-

Está acusado de colaborar con Joaquín Barceló en operaciones (que resultaron infructuosas) destinadas a recuperar unos fondos que manejaban los colaboradores de Zaplana y que fueron bloqueados tras la intervención de la banca andorrana BPA en 2015.

T.- Tercero.-

Zaplana es el tercer presidente de la Comunitat Valenciana del PP investigado por supuestos casos de corrupción, tras Francisco Camps, que ha sido absuelto o exonerado hasta la fecha en todos los asuntos, y José Luis Olivas, condenado en enero de 2017 a un año y medio de prisión por falsificar una factura para justificar una supuesta mordida de medio millón de euros.

U.- Ubi Bene (Donde se está bien).-

Es el nombre de uno de los yates, de más de 22 metros de eslora, en los que veraneó Zaplana y cuyos alquileres han sido investigados por la Guardia Civil.

V.- Villarejo.-

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, procesado por el caso ‘Kitchen’ será llamado a declarar como testigo en este caso. En una comisión de investigación en el Congreso dijo que el caso Zaplana fue una operación del CNI.

W.- Wellington.- El lujoso hotel del barrio de Salamanca donde la Guardia Civil espió a Zaplana en sus encuentro con el testaferro uruguayo Fernando Belhot.

Con la X.- ‘Ex’.-

El principal acusado, Eduardo Zaplana, ha sido uno de los personajes políticos de mayor relevancia de las últimas décadas. Fue alcalde de Benidorm en 1991, president de la Generalitat en 1995 y ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno en 2004. Dejó la política activa en 2008.

Y.- Yonqui del dinero.-

Marcos Benavent, el exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado ‘yonqui del dinero’, ha jugado un papel esencial en la investigación a Zaplana, pues los conocidos como «papeles del sirio», que los investigadores definen como la hoja de ruta para el amaño de las adjudicaciones de las ITV, estaban en su poder y fueron intervenidos por la Guardia Civil en el despacho de su primer abogado. Tras colaborar durante años con la justicia, cambió de letrado y empezó a sostener que se vio presionado para incriminar a Zaplana.

Z.- Zapador.-

Nombre en clave que los agentes de la UCO adjudicaron a Zaplana mientras se le investigaba. El de su interlocutor en reuniones en Madrid, Fernando Belhot, era «Sol».

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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