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El caso Erial: ¿quién es quién de la A a la Z?

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caso Erial
El expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València. EFE/Biel Aliño

València, 7 abr (OFFICIAL PRESS-EFE).- El caso Erial, que desde este martes vuelve a sentar en el banquillo al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana y catorce procesados más, ofrece numerosas claves que pueden resumirse en este abecedario:

A.- Anticorrupción.-

La Fiscalía Anticorrupción investiga el conocido como caso Erial desde 2015, aunque Zaplana y sus más estrechos colaboradores no fueron detenidos hasta mediados de 2018.

B.- Belhot.-

Fernando Belhot es un abogado uruguayo que actuó como supuesto testaferro de Zaplana en el manejo de sus fondos e inversiones. Su testimonio, así como la entrega de más de seis millones de euros a la Justicia española, ha sido clave en la investigación.

C.- Cotino.-

Es el apellido de la saga familiar que controla el Grupo Sedesa y el de dos (inicialmente tres) de los acusados en el caso Erial: los hermanos Vicente y José Cotino, que se hicieron con uno de los principales lotes en la privatización de las ITV.

También es el apellido del expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino, ya fallecido, al que se responsabilizaba en esta causa de haber llevado más de 600.000 euros en efectivo a Luxemburgo para constituir las sociedades a través de las cuales se canalizaron supuestamente las comisiones ilícitas. La familia Cotino ganó 86,5 millones de euros al vender sus participaciones en los parques eólicos y las ITV.

D.- Disfey.-

Es el nombre de una de las sociedades uruguayas donde fueron transferidos los fondos de las firmas constituidas en Luxemburgo. Según Belhot, Zaplana le encargó que administrase esos fondos.

E.- Eólicos.-

La privatización de las ITV valencianas fue el germen del caso Erial, pero las supuestas mordidas no se limitaron a estas concesiones, sino que también se produjeron en los procesos de adjudicación de los conocidos como parques eólicos. Sedesa fue una de las firmas adjudicatarias y obtuvo beneficios millonarios años después con la venta de sus activos a Endesa.

F.- Fenix Investments.-

Nombre de la sociedad radicada en Luxemburgo en la que Sedesa (la empresa de los Cotino) ingresó supuestamente el soborno para las adjudicaciones de las ITV. Fue adquirida por Juan Francisco García, que la vendió por 2,3 millones de euros, y se acogió en 2012 a la amnistía fiscal para regularizar esos fondos.

G.- Glorio.-

Costera del Glorio es la sociedad a través de la cual, supuestamente, Zaplana adquiría bienes inmuebles para su disfrute, al igual que Gesdesarrollos Integrales o Medlevante, firmas en las que acumulaba bienes por cerca de 7,5 millones de euros.

H.- Helicóptero.-

El «método helicóptero» es al que aluden los investigadores para definir la operativa financiera dirigida a ocultar el dinero mediante transferencias internacionales entre bancos de hasta catorce países.

I.- ITV.-

Los investigadores creen que el germen de la macrocausa conocida como Erial está en el proceso de privatización de las ITV valencianas, promovido por el Gobierno valenciano que lideraba Eduardo Zaplana en 1997.

J.- Juicio.-

El juicio, que se ha suspendido en dos ocasiones, se celebra contra un total de quince personas. Se podría prolongar hasta el verano y prevé la comparecencia de más de un centenar de testigos.

K.- Kamarowsky.-

Alexis Kamarowsky fue uno de los administradores fiduciarios que, junto con Beatriz García Paesa -sobrina del espía Francisco Paesa- y Federigo Cannizaro, controlaban las sociedades constituidas en Luxemburgo en mayo de 2001 por Juan Cotino con un capital de 640.000 euros en efectivo, unos fondos que transportó desde España el ex director general de la Policía, siempre según el fiscal.

L.- Lezo.-

Las grabaciones realizadas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el marco del caso Lezo aumentaron las sospechas hacia Eduardo Zaplana y su supuesta relación con operaciones comerciales para blanquear capitales.

M.- Multas.-

Además de las penas de prisión e indemnizaciones, la Fiscalía Anticorrupción reclama a los 15 procesados el abono de multas (en el caso de los delitos de blanqueo de capitales) que van de los 800.000 a los 40 millones de euros, el importe máximo que se reclama al exministro y expresident.

N.- Nombres.-

Los acusados, para referirse a Eduardo Zaplana en las diferentes intervenciones telefónicas realizadas, utilizaban términos como «el jefe», «nuestro amigo», «el que tú ya sabes», «el socio» o «el otro», de tal forma que jamás apareciese su nombre en las conversaciones.

Con la Ñ.-

Núñez de Balboa.- Céntrica calle madrileña del barrio de Salamanca donde, según el fiscal, Zaplana adquirió un piso por 1,6 millones de euros con el producto de las comisiones delictivas.

O.- ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos).-

La justicia española ha logrado recuperar 6,7 millones de euros que los procesados tenían en cuentas en Suiza.

P.- Paesa.-

Beatriz García Paesa, sobrina del espía Rafael Paesa, es una abogada española afincada en Luxemburgo que, según el fiscal de este caso, recibió los 600.000 euros que Juan Cotino llevó a ese país para crear las sociedades a través de las que se canalizaron las supuestas mordidas y cuya propiedad, años después, pasarían a manos de los presuntos testaferros de Zaplana.

Con la Q.- Joaquín Barceló.-

Íntimo amigo de Eduardo Zaplana cuya mano se negó a estrechar el exministro en la primera sesión del juicio, la que se suspendió por enfermedad de su letrado. Es amigo de juventud de Zaplana y ha ocupado cargos en la administración valenciana y en Terra Mítica. Es también el administrador de varias empresas a través de las cuales, supuestamente, se repatriaban a España y disfrutaban los investigados de los fondos opacos depositados en cuentas en el extranjero.

R.- Retorno.-

Los métodos de «repatriación» de los fondos obtenidos mediante comisiones ilícitas ocupa la mayor parte del escrito de acusación de Anticorrupción, que describe una arquitectura financiera con ramificaciones en decenas de países y la colaboración de especialistas, algunos de los cuales han colaborado con la Justicia española para situar a Zaplana en el centro de esta trama.

S.- Saturnino Suanzes, alias «Nino».-

Está acusado de colaborar con Joaquín Barceló en operaciones (que resultaron infructuosas) destinadas a recuperar unos fondos que manejaban los colaboradores de Zaplana y que fueron bloqueados tras la intervención de la banca andorrana BPA en 2015.

T.- Tercero.-

Zaplana es el tercer presidente de la Comunitat Valenciana del PP investigado por supuestos casos de corrupción, tras Francisco Camps, que ha sido absuelto o exonerado hasta la fecha en todos los asuntos, y José Luis Olivas, condenado en enero de 2017 a un año y medio de prisión por falsificar una factura para justificar una supuesta mordida de medio millón de euros.

U.- Ubi Bene (Donde se está bien).-

Es el nombre de uno de los yates, de más de 22 metros de eslora, en los que veraneó Zaplana y cuyos alquileres han sido investigados por la Guardia Civil.

V.- Villarejo.-

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, procesado por el caso ‘Kitchen’ será llamado a declarar como testigo en este caso. En una comisión de investigación en el Congreso dijo que el caso Zaplana fue una operación del CNI.

W.- Wellington.- El lujoso hotel del barrio de Salamanca donde la Guardia Civil espió a Zaplana en sus encuentro con el testaferro uruguayo Fernando Belhot.

Con la X.- ‘Ex’.-

El principal acusado, Eduardo Zaplana, ha sido uno de los personajes políticos de mayor relevancia de las últimas décadas. Fue alcalde de Benidorm en 1991, president de la Generalitat en 1995 y ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno en 2004. Dejó la política activa en 2008.

Y.- Yonqui del dinero.-

Marcos Benavent, el exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado ‘yonqui del dinero’, ha jugado un papel esencial en la investigación a Zaplana, pues los conocidos como «papeles del sirio», que los investigadores definen como la hoja de ruta para el amaño de las adjudicaciones de las ITV, estaban en su poder y fueron intervenidos por la Guardia Civil en el despacho de su primer abogado. Tras colaborar durante años con la justicia, cambió de letrado y empezó a sostener que se vio presionado para incriminar a Zaplana.

Z.- Zapador.-

Nombre en clave que los agentes de la UCO adjudicaron a Zaplana mientras se le investigaba. El de su interlocutor en reuniones en Madrid, Fernando Belhot, era «Sol».

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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