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El caso Erial: ¿quién es quién de la A a la Z?
Publicado
hace 2 añosen
València, 7 abr (OFFICIAL PRESS-EFE).- El caso Erial, que desde este martes vuelve a sentar en el banquillo al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana y catorce procesados más, ofrece numerosas claves que pueden resumirse en este abecedario:
A.- Anticorrupción.-
La Fiscalía Anticorrupción investiga el conocido como caso Erial desde 2015, aunque Zaplana y sus más estrechos colaboradores no fueron detenidos hasta mediados de 2018.
B.- Belhot.-
Fernando Belhot es un abogado uruguayo que actuó como supuesto testaferro de Zaplana en el manejo de sus fondos e inversiones. Su testimonio, así como la entrega de más de seis millones de euros a la Justicia española, ha sido clave en la investigación.
C.- Cotino.-
Es el apellido de la saga familiar que controla el Grupo Sedesa y el de dos (inicialmente tres) de los acusados en el caso Erial: los hermanos Vicente y José Cotino, que se hicieron con uno de los principales lotes en la privatización de las ITV.
También es el apellido del expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino, ya fallecido, al que se responsabilizaba en esta causa de haber llevado más de 600.000 euros en efectivo a Luxemburgo para constituir las sociedades a través de las cuales se canalizaron supuestamente las comisiones ilícitas. La familia Cotino ganó 86,5 millones de euros al vender sus participaciones en los parques eólicos y las ITV.
D.- Disfey.-
Es el nombre de una de las sociedades uruguayas donde fueron transferidos los fondos de las firmas constituidas en Luxemburgo. Según Belhot, Zaplana le encargó que administrase esos fondos.
E.- Eólicos.-
La privatización de las ITV valencianas fue el germen del caso Erial, pero las supuestas mordidas no se limitaron a estas concesiones, sino que también se produjeron en los procesos de adjudicación de los conocidos como parques eólicos. Sedesa fue una de las firmas adjudicatarias y obtuvo beneficios millonarios años después con la venta de sus activos a Endesa.
F.- Fenix Investments.-
Nombre de la sociedad radicada en Luxemburgo en la que Sedesa (la empresa de los Cotino) ingresó supuestamente el soborno para las adjudicaciones de las ITV. Fue adquirida por Juan Francisco García, que la vendió por 2,3 millones de euros, y se acogió en 2012 a la amnistía fiscal para regularizar esos fondos.
G.- Glorio.-
Costera del Glorio es la sociedad a través de la cual, supuestamente, Zaplana adquiría bienes inmuebles para su disfrute, al igual que Gesdesarrollos Integrales o Medlevante, firmas en las que acumulaba bienes por cerca de 7,5 millones de euros.
H.- Helicóptero.-
El «método helicóptero» es al que aluden los investigadores para definir la operativa financiera dirigida a ocultar el dinero mediante transferencias internacionales entre bancos de hasta catorce países.
I.- ITV.-
Los investigadores creen que el germen de la macrocausa conocida como Erial está en el proceso de privatización de las ITV valencianas, promovido por el Gobierno valenciano que lideraba Eduardo Zaplana en 1997.
J.- Juicio.-
El juicio, que se ha suspendido en dos ocasiones, se celebra contra un total de quince personas. Se podría prolongar hasta el verano y prevé la comparecencia de más de un centenar de testigos.
K.- Kamarowsky.-
Alexis Kamarowsky fue uno de los administradores fiduciarios que, junto con Beatriz García Paesa -sobrina del espía Francisco Paesa- y Federigo Cannizaro, controlaban las sociedades constituidas en Luxemburgo en mayo de 2001 por Juan Cotino con un capital de 640.000 euros en efectivo, unos fondos que transportó desde España el ex director general de la Policía, siempre según el fiscal.
L.- Lezo.-
Las grabaciones realizadas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el marco del caso Lezo aumentaron las sospechas hacia Eduardo Zaplana y su supuesta relación con operaciones comerciales para blanquear capitales.
M.- Multas.-
Además de las penas de prisión e indemnizaciones, la Fiscalía Anticorrupción reclama a los 15 procesados el abono de multas (en el caso de los delitos de blanqueo de capitales) que van de los 800.000 a los 40 millones de euros, el importe máximo que se reclama al exministro y expresident.
N.- Nombres.-
Los acusados, para referirse a Eduardo Zaplana en las diferentes intervenciones telefónicas realizadas, utilizaban términos como «el jefe», «nuestro amigo», «el que tú ya sabes», «el socio» o «el otro», de tal forma que jamás apareciese su nombre en las conversaciones.
Con la Ñ.-
Núñez de Balboa.- Céntrica calle madrileña del barrio de Salamanca donde, según el fiscal, Zaplana adquirió un piso por 1,6 millones de euros con el producto de las comisiones delictivas.
O.- ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos).-
La justicia española ha logrado recuperar 6,7 millones de euros que los procesados tenían en cuentas en Suiza.
P.- Paesa.-
Beatriz García Paesa, sobrina del espía Rafael Paesa, es una abogada española afincada en Luxemburgo que, según el fiscal de este caso, recibió los 600.000 euros que Juan Cotino llevó a ese país para crear las sociedades a través de las que se canalizaron las supuestas mordidas y cuya propiedad, años después, pasarían a manos de los presuntos testaferros de Zaplana.
Con la Q.- Joaquín Barceló.-
Íntimo amigo de Eduardo Zaplana cuya mano se negó a estrechar el exministro en la primera sesión del juicio, la que se suspendió por enfermedad de su letrado. Es amigo de juventud de Zaplana y ha ocupado cargos en la administración valenciana y en Terra Mítica. Es también el administrador de varias empresas a través de las cuales, supuestamente, se repatriaban a España y disfrutaban los investigados de los fondos opacos depositados en cuentas en el extranjero.
R.- Retorno.-
Los métodos de «repatriación» de los fondos obtenidos mediante comisiones ilícitas ocupa la mayor parte del escrito de acusación de Anticorrupción, que describe una arquitectura financiera con ramificaciones en decenas de países y la colaboración de especialistas, algunos de los cuales han colaborado con la Justicia española para situar a Zaplana en el centro de esta trama.
S.- Saturnino Suanzes, alias «Nino».-
Está acusado de colaborar con Joaquín Barceló en operaciones (que resultaron infructuosas) destinadas a recuperar unos fondos que manejaban los colaboradores de Zaplana y que fueron bloqueados tras la intervención de la banca andorrana BPA en 2015.
T.- Tercero.-
Zaplana es el tercer presidente de la Comunitat Valenciana del PP investigado por supuestos casos de corrupción, tras Francisco Camps, que ha sido absuelto o exonerado hasta la fecha en todos los asuntos, y José Luis Olivas, condenado en enero de 2017 a un año y medio de prisión por falsificar una factura para justificar una supuesta mordida de medio millón de euros.
U.- Ubi Bene (Donde se está bien).-
Es el nombre de uno de los yates, de más de 22 metros de eslora, en los que veraneó Zaplana y cuyos alquileres han sido investigados por la Guardia Civil.
V.- Villarejo.-
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, procesado por el caso ‘Kitchen’ será llamado a declarar como testigo en este caso. En una comisión de investigación en el Congreso dijo que el caso Zaplana fue una operación del CNI.
W.- Wellington.- El lujoso hotel del barrio de Salamanca donde la Guardia Civil espió a Zaplana en sus encuentro con el testaferro uruguayo Fernando Belhot.
Con la X.- ‘Ex’.-
El principal acusado, Eduardo Zaplana, ha sido uno de los personajes políticos de mayor relevancia de las últimas décadas. Fue alcalde de Benidorm en 1991, president de la Generalitat en 1995 y ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno en 2004. Dejó la política activa en 2008.
Y.- Yonqui del dinero.-
Marcos Benavent, el exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado ‘yonqui del dinero’, ha jugado un papel esencial en la investigación a Zaplana, pues los conocidos como «papeles del sirio», que los investigadores definen como la hoja de ruta para el amaño de las adjudicaciones de las ITV, estaban en su poder y fueron intervenidos por la Guardia Civil en el despacho de su primer abogado. Tras colaborar durante años con la justicia, cambió de letrado y empezó a sostener que se vio presionado para incriminar a Zaplana.
Z.- Zapador.-
Nombre en clave que los agentes de la UCO adjudicaron a Zaplana mientras se le investigaba. El de su interlocutor en reuniones en Madrid, Fernando Belhot, era «Sol».
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Si utilizas Bizum, ojo a lo que llega en 2026: los cambios que va a implantar Hacienda
Publicado
hace 4 horasen
14 diciembre, 2025
Hacienda refuerza el control sobre Bizum a partir de 2026
El inicio de 2026 traerá importantes novedades fiscales que afectarán de lleno a los sistemas de pago digitales. Entre ellos, Bizum será uno de los principales protagonistas. A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará el control sobre esta plataforma y otros medios de pago electrónico con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
El cambio se enmarca en el Real Decreto 253/2025, que reconoce el creciente peso de los sistemas de pago digitales —más allá de las tarjetas bancarias tradicionales— y la necesidad de integrarlos de forma plena en los mecanismos de control tributario.
Por qué Hacienda pone el foco en Bizum y otros pagos móviles
Según ha explicado la Agencia Tributaria, el auge de los pagos a través del teléfono móvil, tarjetas virtuales y plataformas digitales ha generado nuevas formas de cobro difíciles de rastrear con la normativa anterior. Por ello, la reforma incorpora expresamente a las entidades de pago y de dinero electrónico como sujetos obligados a facilitar información fiscal, al mismo nivel que las entidades financieras tradicionales.
En este contexto, se redefine el modelo 170 para que incluya cualquier sistema de pago que opere mediante tarjetas físicas o virtuales, dinero electrónico o números de teléfono móvil, como es el caso de Bizum.
Qué cambia exactamente a partir de enero de 2026
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del umbral mínimo de 3.000 euros. Hasta ahora, las entidades solo estaban obligadas a informar a Hacienda de operaciones que superaran esa cantidad. Con la nueva normativa, cualquier importe será comunicado.
Además, la periodicidad de la información cambia de forma sustancial:
-
Se elimina el límite de 3.000 euros para informar de operaciones.
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La información sobre cobros y pagos pasa de ser anual a mensual.
-
Se refuerza el control sobre empresas y autónomos que utilicen Bizum u otros sistemas similares.
En la práctica, esto significa que cualquier cobro que una empresa o un autónomo realice a través de Bizum —aunque sea por un importe reducido— quedará reflejado en el informe mensual que la plataforma deberá remitir a la Agencia Tributaria.
A quién afectan estos cambios: empresas y autónomos
La reforma afecta directamente a profesionales, autónomos y empresas que utilicen Bizum como medio de cobro. La información que se trasladará a Hacienda incluirá, entre otros datos, la identificación completa del profesional, el número de teléfono o comercio asociado al sistema de cobro, el importe facturado mensualmente y la cuenta bancaria vinculada.
También se diferenciarán los cobros realizados mediante tarjeta y los asociados a pagos móviles, lo que permitirá a la Administración contar con una trazabilidad mucho más detallada de la actividad económica.
¿Qué pasa con los Bizum entre particulares?
Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los usuarios es si Hacienda controlará los Bizum entre amigos o familiares, como el pago de una cena, un regalo o gastos compartidos. La respuesta es clara: no.
La Agencia Tributaria ha precisado que solo se informará de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de carácter profesional o empresarial. Por tanto, los Bizum entre particulares quedan excluidos de esta obligación informativa y no se verán afectados por la nueva normativa.
Cambios adicionales en cuentas bancarias y tarjetas
La reforma no se limita únicamente a Bizum. También introduce novedades en la información relativa a cuentas bancarias y tarjetas. En el caso de las cuentas, se mantiene la obligación de comunicar los datos económicos en el último período mensual del ejercicio.
En cuanto a las tarjetas bancarias, se establece la obligación de informar anualmente sobre todas las operaciones realizadas, incluyendo abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y pagos en establecimientos. Solo quedarán excluidas aquellas tarjetas cuyo volumen anual de operaciones no supere los 25.000 euros, sumando cargos y abonos.
La información remitida a Hacienda incluirá datos como el número de contrato de emisión de la tarjeta, la identificación de los titulares, el tipo de tarjeta, el número total de operaciones, los importes acumulados y la cuenta bancaria asociada.
El objetivo de la reforma fiscal sobre Bizum
Con estas medidas, Hacienda busca disponer de información más precisa y actualizada para prevenir el fraude fiscal y mejorar la eficacia recaudatoria. La Agencia Tributaria ha señalado que ya está enviando comunicaciones informativas a los profesionales para que conozcan con antelación las nuevas obligaciones que entrarán en vigor en 2026.
El uso de Bizum seguirá siendo totalmente legal y válido, pero a partir del próximo año su utilización con fines profesionales estará sometida a un control fiscal mucho más exhaustivo.
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