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El ministro de Cultura se defiende y el Gobierno considera «totalmente solventes» sus explicaciones

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MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) – El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha asegurado tener «todas las obligaciones tributarias al corriente desde hace 10 años» y ha atribuido el problema con Hacienda a un cambio de criterio. Por ello, ha descartado dimitir por entender que su condena por fraude fiscal no le plantea «ninguna deuda moral, ni conflicto», aunque ha admitido que no informó al presidente del Gobierno sobre la sentencia antes de su nombramiento.

«Este asunto no es como ministro de Cultura, es cuando era Màxim Huerta hace unos cuantos años y de pronto cambio un criterio (Hacienda) y como ciudadano regularicé todo, pagué lo correspondiente y asunto cerrado», ha explicado Huerta en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha recordado que han sido «cientos de creadores, artistas y escritores» los que se han visto afectados por una situación similar a la suya.

El titular de Cultura ha asegurado haber hablado esta mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las informaciones relativas a su condena por fraude fiscal, ante las que le pidió transparencia. «Por supuesto he hablado con Pedro Sánchez y me ha dicho que nuestro objetivo es trabajar y ser transparentes, que es la queja que hemos tenido siempre; hace una semana estaba pidiendo transparencia a los miembros del PP y en tantos años en informativos siempre he pedido rapidez y transparencia y eso es lo que me he aplicado para mí esta misma mañana», ha indicado Huertas.

El ministro de Cultura ha admitido, no obstante, no haber informado a Sánchez previamente a su nombramiento de la condena por fraude fiscal. «No lo compartí porque fue una cuestión privada en la que yo asumí mis responsabilidades y lo explico con transparencia», ha explicado en declaraciones a la Ser.

«El presidente Sánchez sabe cómo me muevo y por eso ha querido que sea ministro de Cultura. Yo no tengo ningún asunto fiscal negativo, no tengo nada ni ninguna herencia negativa en este asunto», ha añadido en Onda Cero.

El titular de Cultura ha insistido en que el conflicto con Hacienda surge a raíz de un cambio en el criterio fiscal. «No soy inspector de Hacienda, actúas para que todo esté bien y luego hay un cambio de criterio y sigues con el que toca como persona física y ya está, porque esto no tiene mayor coleo ni recorrido».

Màxim Huerta fue condenado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión. El titular de Cultura fue condenado a pagar 243.000 euros incluyendo recargos e intereses por los tres ejercicios fiscales.

APOYADO POR EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ
El Gobierno considera «totalmente solventes» las explicaciones que ha aportado el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, sobre su condena por fraude fiscal a Hacienda, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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