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El ministro de Cultura se defiende y el Gobierno considera «totalmente solventes» sus explicaciones

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MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) – El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha asegurado tener «todas las obligaciones tributarias al corriente desde hace 10 años» y ha atribuido el problema con Hacienda a un cambio de criterio. Por ello, ha descartado dimitir por entender que su condena por fraude fiscal no le plantea «ninguna deuda moral, ni conflicto», aunque ha admitido que no informó al presidente del Gobierno sobre la sentencia antes de su nombramiento.

«Este asunto no es como ministro de Cultura, es cuando era Màxim Huerta hace unos cuantos años y de pronto cambio un criterio (Hacienda) y como ciudadano regularicé todo, pagué lo correspondiente y asunto cerrado», ha explicado Huerta en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha recordado que han sido «cientos de creadores, artistas y escritores» los que se han visto afectados por una situación similar a la suya.

El titular de Cultura ha asegurado haber hablado esta mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las informaciones relativas a su condena por fraude fiscal, ante las que le pidió transparencia. «Por supuesto he hablado con Pedro Sánchez y me ha dicho que nuestro objetivo es trabajar y ser transparentes, que es la queja que hemos tenido siempre; hace una semana estaba pidiendo transparencia a los miembros del PP y en tantos años en informativos siempre he pedido rapidez y transparencia y eso es lo que me he aplicado para mí esta misma mañana», ha indicado Huertas.

El ministro de Cultura ha admitido, no obstante, no haber informado a Sánchez previamente a su nombramiento de la condena por fraude fiscal. «No lo compartí porque fue una cuestión privada en la que yo asumí mis responsabilidades y lo explico con transparencia», ha explicado en declaraciones a la Ser.

«El presidente Sánchez sabe cómo me muevo y por eso ha querido que sea ministro de Cultura. Yo no tengo ningún asunto fiscal negativo, no tengo nada ni ninguna herencia negativa en este asunto», ha añadido en Onda Cero.

El titular de Cultura ha insistido en que el conflicto con Hacienda surge a raíz de un cambio en el criterio fiscal. «No soy inspector de Hacienda, actúas para que todo esté bien y luego hay un cambio de criterio y sigues con el que toca como persona física y ya está, porque esto no tiene mayor coleo ni recorrido».

Màxim Huerta fue condenado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión. El titular de Cultura fue condenado a pagar 243.000 euros incluyendo recargos e intereses por los tres ejercicios fiscales.

APOYADO POR EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ
El Gobierno considera «totalmente solventes» las explicaciones que ha aportado el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, sobre su condena por fraude fiscal a Hacienda, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

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Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

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¿Qué red social es más nociva para la salud mental?

Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años: la medida más estricta del mundo contra el uso digital infantil

Australia ha dado un paso decisivo en la regulación del entorno digital: el Gobierno federal ha anunciado una prohibición de acceso a redes sociales para todos los menores de 16 años, convirtiéndose en uno de los países con la normativa más estricta en protección digital infantil. La medida, que busca frenar los efectos nocivos del uso intensivo de plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat o Facebook, ha abierto un intenso debate internacional sobre privacidad, salud mental y derechos digitales.

Una decisión impulsada por la salud mental juvenil

El primer ministro australiano justificó la medida asegurando que “la evidencia es abrumadora: las redes sociales están dañando la salud mental de nuestros jóvenes”. Estudios del Ministerio de Sanidad del país alertaron de un aumento significativo en:

  • Trastornos de ansiedad y depresión en menores

  • Casos de ciberacoso

  • Adicción digital

  • Exposición a contenidos violentos o inapropiados

  • Problemas de autoestima derivados de la comparación constante

Para el Ejecutivo australiano, el acceso temprano a redes sociales constituye un riesgo que supera los beneficios.

**¿Cómo se implementará la prohibición?

Tecnología de verificación obligatoria**

A partir de la entrada en vigor de la ley, todas las plataformas de redes sociales deberán utilizar sistemas de verificación de edad mediante tecnologías autorizadas por el Gobierno. Estas herramientas podrían incluir:

  • Comprobación de documentos oficiales

  • Sistemas biométricos anonimizados

  • Verificación mediante intermediarios certificados

Las empresas que no cumplan con las nuevas reglas se enfrentarán a multas millonarias y posibles restricciones operativas dentro del país.

Excepciones y responsabilidades parentales

La medida prohíbe la creación de cuentas y el acceso habitual a menores de 16 años, pero el Gobierno está estudiando mecanismos para permitir:

  • Supervisión parental estricta

  • Contenidos educativos y de comunicación escolar

  • Canales técnicos especialmente diseñados para menores

Aun así, la regla general es clara: ningún menor de 16 años podrá tener presencia activa en redes sociales tradicionales.

Australia se coloca a la vanguardia de la regulación digital

La iniciativa supone un salto cualitativo respecto a normativas vigentes en otros países:

  • En EE.UU. algunos estados han limitado el uso nocturno o exigen permiso parental.

  • En la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales obliga a las plataformas a extremar la protección de los menores, pero no prohíbe su acceso.

  • Francia ha planteado la verificación obligatoria, pero sin prohibición total.

Australia, en cambio, adopta un modelo restrictivo, argumentando que la exposición a entornos digitales altamente adictivos no es compatible con el bienestar infantil.

Apoyo entre padres y especialistas, pero críticas por privacidad

Las asociaciones de padres y docentes han celebrado la medida como un “cambio necesario” ante la dificultad creciente de controlar el uso de dispositivos. También psicólogos y expertos en infancia respaldan la iniciativa como un freno a los riesgos psicológicos.

Sin embargo, organizaciones de derechos digitales han alertado sobre:

  • El riesgo de vigilancia excesiva

  • El impacto en la privacidad de menores

  • La posibilidad de exclusión tecnológica

  • La eficiencia real de las verificaciones de edad

Para estos grupos, la clave debería ser la educación digital, no la prohibición.

Un experimento global que marcará tendencia

Australia se convierte así en un laboratorio internacional de políticas digitales. Si la medida demuestra reducir problemas de salud mental y ciberacoso, otros países podrían adoptarla en los próximos años.

Entre tanto, el debate sigue abierto:
¿proteger a los menores o limitar su libertad digital?
El tiempo dirá si la prohibición es el comienzo de una nueva era de regulación global o una medida transitoria en busca de un equilibrio más adecuado.

 

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