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El ministro de Cultura se defiende y el Gobierno considera «totalmente solventes» sus explicaciones

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MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) – El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha asegurado tener «todas las obligaciones tributarias al corriente desde hace 10 años» y ha atribuido el problema con Hacienda a un cambio de criterio. Por ello, ha descartado dimitir por entender que su condena por fraude fiscal no le plantea «ninguna deuda moral, ni conflicto», aunque ha admitido que no informó al presidente del Gobierno sobre la sentencia antes de su nombramiento.

«Este asunto no es como ministro de Cultura, es cuando era Màxim Huerta hace unos cuantos años y de pronto cambio un criterio (Hacienda) y como ciudadano regularicé todo, pagué lo correspondiente y asunto cerrado», ha explicado Huerta en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha recordado que han sido «cientos de creadores, artistas y escritores» los que se han visto afectados por una situación similar a la suya.

El titular de Cultura ha asegurado haber hablado esta mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las informaciones relativas a su condena por fraude fiscal, ante las que le pidió transparencia. «Por supuesto he hablado con Pedro Sánchez y me ha dicho que nuestro objetivo es trabajar y ser transparentes, que es la queja que hemos tenido siempre; hace una semana estaba pidiendo transparencia a los miembros del PP y en tantos años en informativos siempre he pedido rapidez y transparencia y eso es lo que me he aplicado para mí esta misma mañana», ha indicado Huertas.

El ministro de Cultura ha admitido, no obstante, no haber informado a Sánchez previamente a su nombramiento de la condena por fraude fiscal. «No lo compartí porque fue una cuestión privada en la que yo asumí mis responsabilidades y lo explico con transparencia», ha explicado en declaraciones a la Ser.

«El presidente Sánchez sabe cómo me muevo y por eso ha querido que sea ministro de Cultura. Yo no tengo ningún asunto fiscal negativo, no tengo nada ni ninguna herencia negativa en este asunto», ha añadido en Onda Cero.

El titular de Cultura ha insistido en que el conflicto con Hacienda surge a raíz de un cambio en el criterio fiscal. «No soy inspector de Hacienda, actúas para que todo esté bien y luego hay un cambio de criterio y sigues con el que toca como persona física y ya está, porque esto no tiene mayor coleo ni recorrido».

Màxim Huerta fue condenado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión. El titular de Cultura fue condenado a pagar 243.000 euros incluyendo recargos e intereses por los tres ejercicios fiscales.

APOYADO POR EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ
El Gobierno considera «totalmente solventes» las explicaciones que ha aportado el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, sobre su condena por fraude fiscal a Hacienda, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

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Juicio al ‘clan Pujol’: la Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita en la Audiencia Nacional

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La Audiencia Nacional inicia este lunes un juicio considerado histórico en España: el proceso penal contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos. La Fiscalía sostiene que la familia habría formado, durante décadas, una organización ilícita dedicada a obtener comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas y a ocultar posteriormente ese patrimonio en Andorra.

Antes de que comience la vista, el tribunal evaluará el estado de salud de Jordi Pujol, que recibió el alta hospitalaria el pasado viernes. Está previsto que el exmandatario declare por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, mientras su defensa pide el archivo de la causa alegando que no se encuentra en condiciones físicas ni cognitivas para afrontar el juicio.

El ‘Pujolismo’, ante los tribunales

Para muchos, el caso simboliza el fin de una etapa política conocida como el ‘Pujolismo’, marcada por más de dos décadas de liderazgo en Cataluña. Según la acusación pública, la familia Pujol Ferrusola habría amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares y al posterior blanqueo de capitales en entidades bancarias de Andorra.

La Fiscalía imputa al clan diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental, delitos fiscales y frustración en la ejecución. Las penas solicitadas superan los 100 años de cárcel. Para Jordi Pujol se piden 9 años de prisión, mientras que para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, su esposa Mercedes Gironés y su hermano Josep, las penas solicitadas alcanzan hasta 29 años.

El resto de hijos —Oleguer, Mireia, Oriol, Pere y Marta— se enfrentan a peticiones de hasta 8 años de cárcel.

Evaluación médica de Jordi Pujol

El tribunal ha convocado al expresident para una exploración médica por videoconferencia con el objetivo de determinar si procede el archivo de su causa por demencia sobrevenida, tal como solicita su defensa basándose en informes forenses emitidos por la Audiencia Nacional.

Tras esta evaluación, el juicio continuará con dos jornadas dedicadas a cuestiones previas, en las que las defensas intentarán invalidar la causa alegando prescripción y supuestas irregularidades derivadas de la llamada Operación Cataluña.

Un macrojuicio con más de 250 testigos

El juicio se prolongará hasta mayo, con un total de 41 sesiones y la declaración de 254 testigos. Entre martes y jueves está previsto que declaren 11 personas, incluyendo una hija de Jordi Pujol Ferrusola y el asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté.

Además del clan Pujol, se sentarán en el banquillo otros 11 empresarios acusados de pagar comisiones o colaborar en operaciones de blanqueo para ocultar fondos en el extranjero.

La amnistía fiscal y los fondos en Andorra

Buena parte de los hermanos Pujol Ferrusola regularizaron su patrimonio gracias a la amnistía fiscal de 2012, lo que impidió que se les acusara por fraude fiscal debido a la prescripción. No ocurre lo mismo con Jordi y Josep Pujol Ferrusola, a quienes se atribuyen defraudaciones que superarían los 7,7 millones de euros.

La investigación también reveló una cuenta en Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol habría reconocido la titularidad de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros) ingresados en el año 2000, una cantidad cuyo fraude presuntamente asociado fue cifrado en 885.651 euros, aunque prescrito.

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