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El ministro de Cultura se defiende y el Gobierno considera «totalmente solventes» sus explicaciones

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MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) – El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha asegurado tener «todas las obligaciones tributarias al corriente desde hace 10 años» y ha atribuido el problema con Hacienda a un cambio de criterio. Por ello, ha descartado dimitir por entender que su condena por fraude fiscal no le plantea «ninguna deuda moral, ni conflicto», aunque ha admitido que no informó al presidente del Gobierno sobre la sentencia antes de su nombramiento.

«Este asunto no es como ministro de Cultura, es cuando era Màxim Huerta hace unos cuantos años y de pronto cambio un criterio (Hacienda) y como ciudadano regularicé todo, pagué lo correspondiente y asunto cerrado», ha explicado Huerta en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha recordado que han sido «cientos de creadores, artistas y escritores» los que se han visto afectados por una situación similar a la suya.

El titular de Cultura ha asegurado haber hablado esta mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las informaciones relativas a su condena por fraude fiscal, ante las que le pidió transparencia. «Por supuesto he hablado con Pedro Sánchez y me ha dicho que nuestro objetivo es trabajar y ser transparentes, que es la queja que hemos tenido siempre; hace una semana estaba pidiendo transparencia a los miembros del PP y en tantos años en informativos siempre he pedido rapidez y transparencia y eso es lo que me he aplicado para mí esta misma mañana», ha indicado Huertas.

El ministro de Cultura ha admitido, no obstante, no haber informado a Sánchez previamente a su nombramiento de la condena por fraude fiscal. «No lo compartí porque fue una cuestión privada en la que yo asumí mis responsabilidades y lo explico con transparencia», ha explicado en declaraciones a la Ser.

«El presidente Sánchez sabe cómo me muevo y por eso ha querido que sea ministro de Cultura. Yo no tengo ningún asunto fiscal negativo, no tengo nada ni ninguna herencia negativa en este asunto», ha añadido en Onda Cero.

El titular de Cultura ha insistido en que el conflicto con Hacienda surge a raíz de un cambio en el criterio fiscal. «No soy inspector de Hacienda, actúas para que todo esté bien y luego hay un cambio de criterio y sigues con el que toca como persona física y ya está, porque esto no tiene mayor coleo ni recorrido».

Màxim Huerta fue condenado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión. El titular de Cultura fue condenado a pagar 243.000 euros incluyendo recargos e intereses por los tres ejercicios fiscales.

APOYADO POR EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ
El Gobierno considera «totalmente solventes» las explicaciones que ha aportado el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, sobre su condena por fraude fiscal a Hacienda, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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