València, 30 may (EFE).- Un tribunal popular juzga desde este lunes a un hombre y a una mujer de 27 y 25 años acusados de dos delitos de asesinato cometidos sobre sus dos hijos, menores de edad, el 14 de marzo de 2019, en la casa en la que vivía la familia en la localidad valenciana de Godella.

La Fiscalía sostiene que el procesado inculcó a la mujer la creencia de que la única forma de proteger a sus dos hijos, niño de 3 años y medio y una bebé de apenas cinco meses, era someterlos a un «baño purificador» y terminar con sus vidas para que, posteriormente, pudieran «revivir».

La acusación pública mantiene asimismo que los padres se pusieron de acuerdo para bañar a los niños en la piscina de la vivienda ocupada en la que vivían, y posteriormente causarles la muerte golpeándoles en la cabeza.

Los hechos se produjeron el 14 de marzo de 2019, cuando primero se dio por desaparecidos a los menores y después fueron hallados muertos y enterrados cerca de la vivienda; el hallazgo se produjo nueve horas después de que la madre, que fue hallada desnuda y oculta en un bidón, confesase su ubicación.

Los cuerpos fueron enterrados en dos fosas, una a unos 75 metros de la vivienda que ocupaba la familia de forma ilegal, y el otro a unos 150 metros, en el suelo.

En los días posteriores a este suceso, la madre fue objeto de varios análisis médicos para tratar de determinar si sufre alguna enfermedad mental, y finalmente al menos dos informes psiquiátricos, que ya obran en la causa, han determinado que sufre esquizofrenia paranoide, motivo por el cual está intensamente medicada.

En el informe remitido al juzgado por el grupo de Homicidios de la Guardia Civil se constata el hallazgo de sangre del hijo mayor en el bordillo de la piscina de la vivienda en la que residían y también en la chaqueta que vestía la madre cuando ambos fueron asesinados, presumiblemente a golpes con un objeto contundente.

Los especialistas de la Guardia Civil no descartan que fuese en el borde de la piscina donde el niño recibió los golpes que acabaron con su vida.

Por el contrario, los agentes no han podido hallar restos de sangre de los menores en las prendas encontradas dentro de un barreño de agua en el interior de la vivienda, aunque en su informe detallan una «leve» reacción al ser tratadas con productos químicos a tal efecto.

El informe no menciona el hallazgo de sangre de los menores en las ropas del padre, que también se encuentra en prisión preventiva por este caso.

El fiscal cree que en el momento de cometer el crimen la madre «padecía una esquizofrenia de tipo paranoide, que se encontraba en fase de brote agudo, y que anulaba las bases psicobiológicas de su imputabilidad (inteligencia y voluntad)».

Los hechos descritos son, a juicio del Ministerio Público, constitutivos de dos delitos de asesinato, de los que son autores materiales los padres de los menores, con la agravante de parentesco pero, en el caso de la madre, con la eximente completa de anomalía psíquica.

Por ello, únicamente pide pena de prisión (de 50 años, 25 por cada delito) para el padre, mientras que para la madre reclama el internamiento en un centro especializado por el mismo periodo, con un máximo de cumplimiento de 40 años en ambos casos, en virtud de lo contemplado en el artículo 76.1 del Código Penal.

El padre, que tiene doble nacionalidad belga y mexicana (sin antecedentes penales), y la madre, española (con antecedentes no computables a efectos de reincidencia), eran pareja de hecho desde finales de 2011.

Siempre según el escrito de calificación del fiscal, ambos vivieron en diversos ligares de Europa y España y entre febrero y marzo de 2017 se instalaron en una casa de campo de Godella, que «arreglaron hasta hacerla habitable» pero «sin consentimiento de su titular».

Fruto de la relación de los acusados nacieron dos hijos, el primero en noviembre de 2015 y la segunda en septiembre de 2018.

El fiscal cree que ambos «tenían y compartían creencias místico-religiosas, que habían aprendido e interiorizado» y que concretamente creían en la regresión, en la purificación de las almas mediante los baños de agua y en el renacimiento de las almas tras la muerte.

Durante los meses iniciales de 2019 esas creencias se vieron incrementadas por dos acontecimientos: el ser denunciados por la ocupación ilegal de la vivienda que ocupaban y el hecho de que la madre de María, viendo la actitud y conducta de los acusados, estuviese pendiente de ellos «por el temor de que algo pudiese sucederle a sus nietos».

«Los acusados, impulsados por sus creencias, tomaron la determinación, que Gabriel inculcó a María, de que la única forma de proteger a sus hijos del asedio del que eran objeto era, previo baño purificador de sus almas, terminar con sus vidas y enviarlos al más allá para que posteriormente pudieran revivir», detalla el fiscal en su escrito de acusación.

A esta tesis se opone directamente la defensa del padre, que insiste en la necesidad de determinar «quién fue el autor material de los hechos» y cuestiona la capacidad de Gabriel para «convencerla de que mate a sus hijos».

Asimismo, insiste en que el informe psiquiátrico forense de la madre es claro: «Dice que lo que hizo tiene una causa directa en los delirios, voces y paranoias que sufría, en nada más, de modo que no se explica la participación de ninguna otra persona en el asesinato de los menores».

«Dudamos que sea posible ponerse de acuerdo con un esquizofrénico en pleno brote porque carece de inteligencia y voluntad», sostiene la defensa, que añade que fue la madre quien señaló a la Guardia Civil dónde se habían producido los enterramientos, porque «el padre no lo sabía, estaba dormido cuando se cometieron los asesinatos».