MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) – El Comité de Derechos y Garantías del PP ha decidido abrir un expediente informativo al senador valenciano Pedro Agramunt tras el informe de investigación encargado por el Consejo de Europa que apunta sospechas de que ha participado en actividades corruptas.
El citado comité, presidido por el también presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió este jueves y acordó abrir un expediente al senador, a la espera de las explicaciones que dé Agramunt ante el propio Consejo, que mantiene abierto el caso.
La decisión del PP llegó tras aprobar la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa una resolución en la que asume esa investigación –las conclusiones son «ahora indiscutibles», dice– e insta a Agramunt a dejar el cargo en esta institución, ya que no puede ser cesado.
Tras esta resolución, el responsable de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García Hernández, se limitó a informar de que Agramunt deberá dar explicaciones ante el Consejo dentro de esta investigación, porque el procedimiento interno así lo prevé, y ya anticipó que el partido quedaba a la espera del resultado.
Por la tarde, sin embargo, se reunió el Comité de Garantías y acordó un paso más, abrir expediente informativo a Agramunt a la vista de la resolución aprobada por la Asamblea. En cualquier caso, el PP «queda a la espera de la audiencia a la que se someterá» el senador, que tendrá lugar en mayo en París.
«FUERTES SOSPECHAS»
La investigación encargada por el Consejo que apunta a que varios miembros y ex miembros de este organismo infringieron el código de conducta para observadores internacionales en las elecciones parlamentarias de 2015 en Azerbaiyán. En el caso de Agramunt, esa investigación señala además que hay «fuertes sospechas» de que fue partícipe de «actividad de naturaleza corrupta».
La Asamblea reunida ayer aprobó la citada resolución por 123 votos a favor, nueve en contra y 10 abstenciones, entre ellas la del ‘popular’ Xavier García Albiol. En ella se reclama también a los grupos parlamentarios a los que pertenecen los políticos, así como a los parlamentos nacionales y a los propios gobiernos, que examinen este informe de investigación y que tomen las medidas necesarias porque son casos que «requieren plena atención».
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