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El PP reclama la destitución de Grezzi por su responsabilidad política en el fraude de 4 millones de EMT València

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VALÈNCIA, 2 Oct. – La portavoz del grupo ‘popular’ en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha pedido este miércoles la destitución del presidente de la Empresa Municipal de Transportes y concejal de Movilidad, Giusepe Grezzi, en sus competencias en este área, por su responsabilidad política «in vigilando» en el fraude de cuatro millones de euros en la empresa pública.

Asimismo, ha anunciado que se está valorando la impugnación del consejo de administración de la EMT, convocado para esta jornada, porque «de los diez puntos que contiene el orden del día, solo nos han facilitado información de dos de ellos», cuando es preceptivo que para que se celebre este órgano en una empresa pública «todos los consejeros tienen que tener toda la información de los puntos que se someten a aprobación».

Catalá ha considerado «poco responsable y hasta una burla» que el consejo de administración convocado por Grezzi «no esté centrado únicamente en el robo de cuatro millones de euros que ha sufrido la EMT y se vayan a tratar otros asuntos como la aprobación de contratos de alta dirección para el gerente, el director adjunto y la responsable de comunicación así como la contratación externa de un secretario asesor», ha informado el PP en el consistorio en un comunicado.

Según Catalá, en una empresa privada «ratificar a un gerente después de un fraude de cuatro millones sería impensable, ya que estaría cesado de inmediato, y no despedida una trabajadora que lleva 30 años en la empresa y a la que no le han dado oportunidad de defenderse».

«COMPRAR SILENCIO»
La portavoz ‘popular’ ha destacado que quiere no pensar que estos nombramientos «no son para comprar silencios». «No creo que sea eso, pero si no lo es, lo que tiene que hacer Grezzi es retirar del orden del día estos puntos y centrar el consejo únicamente en el fraude y en ver qué ha fallado», ha exigido.

La síndica del PP ha anunciado también la petición de un pleno extraordinario, solicitado por los 16 concejales de la oposición –ocho del PP, seis de Ciudadanos y dos de VOX–. En el orden del día, en primer lugar se pide la comparecencia de Ribó para que cuente e informe de lo sucedido en la EMT «y por qué ha sido tan fácil robar cuatro millones de la empresa pública». El PP justifica la puesta en marcha de esta iniciativa «por la gravedad de los hechos y la falta de información».

Además, entre las peticiones para el pleno extraordinario está también que se apruebe una comisión de investigación en el seno del Ayuntamiento y no dentro del consejo de administración de la empresa como pretenden Compromís y PSPV. «Esperamos que no quieran ocultarnos la verdad y por ello les pedimos que den explicaciones al pleno», ha señalado la portavoz del grupo municipal ‘popular’.

Una vez presentada la petición por registro, Ribó tendrá 15 días para la convocatoria de la sesión extraordinaria que deberá convocarse con 48 horas de antelación.

El objetivo de la comisión no permanente de investigación será el de determinar acciones «tendentes a recuperar el dinero presuntamente desviado y las posibles responsabilidades políticas que se hayan podido cometer en el seno de la EMT Valencia».

INFORME DE AUDITORÍA
Al mismo tiempo, piden para su aprobación por el pleno «una solicitud a la Intervención General Municipal de un informe de auditoría sobre la correcta aplicación de los protocolos y normativa aplicable en las órdenes de pago afectadas en la presunta estafa ocurrida durante el mes de septiembre de 2019 en la EMT Valencia».

Según el grupo municipal ‘popular’, en el último de los acuerdos se dice que el origen de esta presunta estafa «no radica en la actuación aislada de la Directora del Negociado de Administración de la EMT, sino en el fallo informático que ha posibilitado el hackeo del correo electrónico del presidente de la entidad y el sistema informático de la EMT».

Por ello, se propone «la solicitud de una auditoría de seguridad independiente sobre los sistemas informáticos del Ayuntamiento de València y de la EMT València para detectar las vulnerabilidades del sistema que ha permitido la presunta estafa ocurrida durante el mes de septiembre de 2019 y determinar si estas vulnerabilidades han afectado o pueden afectar, a otros departamentos municipales o entidades del Sector Público Local». Y por último, para evitar hechos como los ocurridos, se reclama la inclusión en el PIAE (Plataforma Integrada de Gestión Electrónica).

En los fundamentos de la petición de pleno se recuerda que el pasado viernes se convocó una sesión extraordinaria y urgente de Consejo de Administración de la EMT Valencia en la que se informó del despido disciplinario cursado ese mismo día contra la directora del Negociado de Administración que tenía una trayectoria profesional de más de 30 años en la empresa.

Los responsables de EMT Valencia informaron de la comisión de una presunta estafa por importe superior a los cuatro millones de euros mediante ocho disposiciones de fondos de una cuenta corriente en Caixabank entre los días 3 y 20 de septiembre, con destino a una cuenta del Banco de China en Hong Kong, a favor de dos compañías extranjeras «desconocidas para EMT Valencia».

Los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional desde el pasado día 24 de septiembre de 2019, sin que se hayan judicializado.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Casa 47: Requisitos para acceder a los alquileres sociales asequibles en 2026

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viviendas de alquiler asequible de València

El Gobierno de España lanzará a partir de 2026 Casa 47, una nueva empresa pública de vivienda que ofrecerá alquileres sociales asequibles dirigidos principalmente a la clase media trabajadora. Este proyecto busca paliar la crisis de la vivienda en España, caracterizada por la falta de alquileres a precios razonables y la presión del mercado inmobiliario.

¿Quiénes podrán acceder a Casa 47?

Los requisitos para acceder a un alquiler de Casa 47 se adaptarán a cada comunidad autónoma, aunque ya se conocen los criterios generales:

  • Rango de ingresos: Los solicitantes deberán tener rentas comprendidas entre 16.800 y 63.000 euros anuales, equivalentes a 2 y 7,5 veces el IPREM.

  • Clase media trabajadora: Este rango de ingresos cubrirá aproximadamente al 60 % de la población, dejando fuera a quienes perciben menos (que podrán optar a vivienda social tradicional) y a quienes superan el límite máximo.

  • Límite de esfuerzo económico: Ningún inquilino podrá destinar más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler, garantizando que la vivienda no comprometa otras necesidades básicas.

Precios y duración de los contratos

Los alquileres de Casa 47 se calcularán en función de la renta media de cada zona, no del coste de construcción. Según las primeras estimaciones:

  • En Madrid, los alquileres podrían reducirse un 38 % respecto al mercado, con precios en torno a 680–690 euros mensuales.

  • En Málaga, la rebaja podría alcanzar el 50 %.

  • En municipios menos tensionados, como Olivenza (Badajoz), los alquileres podrían situarse en torno a 400 euros mensuales.

Los contratos serán de larga duración, con posibilidad de extenderse hasta 75 años, adaptándose a las necesidades de los inquilinos y ofreciendo estabilidad frente a la especulación inmobiliaria.

Portal online y gestión integral de viviendas

En 2026 se habilitará un portal digital de Casa 47, donde los ciudadanos podrán consultar las promociones disponibles, requisitos específicos y formalizar solicitudes. Esta plataforma busca simplificar la gestión y reducir la burocracia.

Además, Casa 47 gestionará todo el ciclo de vida de las viviendas, desde la adquisición de suelos, construcción y urbanismo, hasta la entrega de llaves y administración de los contratos de alquiler.

Inspiración en modelos internacionales

El modelo de Casa 47 se inspira en experiencias europeas de vivienda pública:

  • Austria: Viena tiene más del 60 % de sus habitantes en pisos gestionados por el Estado o cooperativas, con contratos indefinidos y precios ajustados a la renta.

  • Francia: El sistema HLM ofrece vivienda social con criterios de ingresos similares a los de Casa 47 y contratos de larga duración.

  • Países Bajos: El 30 % del parque residencial es gestionado por corporaciones de vivienda pública con precios regulados.

Según datos de la BBC, mientras que en ciudades como Madrid los residentes destinan hasta un 60 % de su salario al alquiler, en Viena solo se dedica el 20 %, lo que evidencia la necesidad de iniciativas como Casa 47 en España.

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